Fin a una desigualdad de Estado: las trabajadoras del hogar y cuidados tendrán derecho a paro

“El colectivo de trabajadoras del hogar y cuidados es el único sin derecho a paro, podemos ser despedidas sin causa justificada y estamos excluidas de la ley de prevención de riesgos laborales”, decía el escrito, al inicio del primer confinamiento en pandemia, que la Red Estatal de Trabajadoras del Hogar trasladó al Gobierno. Ellas seguían cuidando, formaban parte de uno de los colectivos denominados esenciales.

El pasado junio, tras años y años amparando esta discriminación, España ratificó el convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que obliga fundamentalmente a la equiparación de los derechos laborales y de seguridad social de las trabajadoras del hogar y del cuidado al resto de trabajadores/as.

Este martes, el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar el reconocimiento del subsidio al desempleo, hasta ahora inexistente para el colectivo. «Una injusticia absolutamente inaceptable», lo definió el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, días atrás, durante el acto en la Moncloa con el que inauguró el curso político.

El caso de las empleadas de hogar y cuidados es un ejemplo paradigmático de cómo la desigualdad estructural entre hombres y mujeres ha sido promovida –o, al menos, no corregida pese a las reivindicaciones– desde el propio Estado. La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, señaló en unas declaraciones recogidas por Europa Press que la medida situará a España «a la vanguardia» y destacó el «enorme calado feminista» de este reconocimiento.