Política | Sociedad
La Agencia Española de Medicamentos recurre a la Justicia para ocultar los acuerdos del Gobierno con las vacunas contra la COVID-19
El organismo público ha recurrido la resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) que daba la razón a Maldita.es y le instaba a hacer públicos los acuerdos del Gobierno español con otros países para revender o donar vacunas.
Este artículo se publicó originalmente en Maldita.es. Puedes leerlo aquí.
La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha recurrido la resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) que daba la razón a Maldita.es y le instaba a hacer públicos los acuerdos del Gobierno español con otros países para revender o donar vacunas contra la COVID-19. El Gobierno recurre así ante la Justicia para no cumplir la resolución del CTBG y que la información pueda seguir oculta.
El pasado mes de abril el Consejo de Transparencia resolvió que la AEMPS debía entregar, tras una reclamación de Maldita.es, las copias de los acuerdos o convenios firmados con terceros países para donarles o revenderles vacunas contra el coronavirus. En enero de 2021 el Gobierno firmó un acuerdo con Andorra para revenderle 30.000 dosis de la vacuna de BioNTech/Pfizer. En el Boletín Oficial del Estado (BOE) se publicó un extracto del convenio, pero no el acuerdo completo. De hecho, en ese extracto ni siquiera consta el precio por el que España vendió las vacunas.
Maldita.es solicitó una copia completa de ese convenio y de cualquier otro acuerdo con otros países para revenderles o donarles vacunas contra la COVID-19. También les pedíamos información sobre el precio que se va a pagar a España por esas vacunas. A día de hoy no es público cuanto ha pagado Andorra , aunque el Ministerio de Sanidad aseguró en nota de prensa que las dosis se iban a vender “al mismo precio que las adquirió España”.
La AEMPS, que depende del Ministerio de Sanidad, denegó el acceso a la solicitud de información de Maldita.es alegando que “puede vulnerar la obligación de secreto requerido en los procesos de toma de decisión y afectar al superior interés de protección de las relaciones exteriores”. La agencia sí desveló que hasta ese momento de las dosis revendidas a otros países, sólo había entregado 13.650 a Andorra. La respuesta de la AEMPS, además, llegó cuatro meses después de la solicitud de transparencia, a pesar de que la ley indica que el plazo para contestar no puede superar el mes.
El Consejo de Transparencia resolvió que el Gobierno debía hacer pública la información
Maldita.es, entendiendo que este tipo de información no debe estar oculta y que el interés público en un caso como este debe primar por encima de las relaciones exteriores, reclamó ante el Consejo de Transparencia. El CTBG este mes de abril nos dio la razón al considerar que el Gobierno no había proporcionado “una justificación razonable y suficiente” de la necesidad de aplicar los límites alegados por la Administración para denegar la información.
Por ello, el Consejo de Transparencia entiende que “no es razonable pensar que su revelación pudiera suponer un perjuicio para la garantía de la confidencialidad o secreto requerido en procesos de toma de decisiones” y que, tal y como indicaba Maldita.es, “la confidencialidad en la toma de decisiones no se puede ver vulnerada por acceder a un acuerdo/convenio ya firmado”.
Sobre el límite de las relaciones con terceros países, el Consejo entiende que tampoco es de aplicación: “Hay que señalar que [la AEMPS] no concreta en qué perjudicaría futuras negociaciones ni qué desconfianza generaría a la hora de formalizar futuros acuerdos de este tipo, que serían hipotéticos y si siquiera tienen por qué darse”. Por todo ello, el CTBG instaba a la agencia a entregar a Maldita.es la información que había solicitado.
La Justicia deberá decidir si la resolución del Consejo de Transparencia sigue vigente
Tras la resolución del Consejo de Transparencia, la AEMPS ha interpuesto un recurso ante el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Madrid. La agencia, defendida por la Abogacía del Estado, no está de acuerdo con la resolución del CTBG y busca que la información siga sin ser pública. Ahora, será la Justicia, tras escuchar a las distintas partes, la que tenga que pronunciarse y estimar o desestimar este recurso.
Darias también habló de acuerdos de reventa con las Islas Fiji y Paraguay y de donación con Argentina y Honduras
El convenio con Andorra es el que se ha publicado en el BOE. Según explicó Sanidad “se encuadra dentro de la imposibilidad de pequeños países como Andorra de firmar un contrato con algunas compañías farmacéuticas dado el pequeño número de dosis que necesitan”. “Italia se hizo cargo de San Marino y Ciudad del Vaticano; Francia se hizo cargo de Mónaco; y España y Francia de Andorra”, detalla la nota de prensa.
Pero la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha hablado públicamente de más acuerdos con otros países. Más allá de las donaciones que ha ido anunciando el Gobierno a través de mecanismos como el fondo Covax, el Gobierno ha hablado también de convenios para reventa o donación de vacunas con países como Fiji, Paraguay, Argentina u Honduras. Esos acuerdos o convenios con terceros países tampoco son públicos. Ni siquiera se sabe a ciencia cierta cuántos, de qué tipo y con qué países se han suscrito.
Darias habló el pasado 31 de agosto de 2021 en la Comisión de Sanidad del Congreso [min. 58:55]. La ministra explicó que “el Gobierno está trabajando también no sólo en la donación a través de Covax, sino también en las donaciones bilaterales o cesión. Cuando digo cesión: es venta”. “Así hemos iniciado este proceso con más de 100.000 dosis para ser cedidas, esto es vendidas, o donadas a otros países. En torno a 1 millón en estas negociaciones de donación o cesión bilateral. 100.000 se han cedido a las Islas Fiji, también hemos donado 400.000 dosis a Argentina, al margen de Covax, y también otra operación de donación a Honduras y de cesión a Paraguay”.
El Gobierno de Paraguay anunció la compra a España de 140.000 dosis de AstraZeneca
España no ha hecho públicos estos acuerdos con terceros países. En el caso de Paraguay, el Gobierno de este país informó que había “comprado a España 140.000 dosis de la vacuna de AstraZeneca”. Lo anunció el 23 de agosto y aseguró que llegarían al día siguiente. “Este tratamiento de socio prioritario recibido está en consonancia con el principio de acceso universal a las vacunas que ambos países promueven en el ámbito multilateral y refuerza aún más el vínculo entre ambas naciones”, detallaban en una nota el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social de Paraguay.
En las mismas fechas, el 22 de agosto, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, anunciaba en su perfil de Twitter la llegada de 400.000 dosis de AstraZeneca desde España. El presidente argentino, además, agradecía esas dosis a su homónimo español, el presidente Pedro Sánchez.
En el caso de las Islas Fiji, su Gobierno anunció en Twitter el 5 de agosto la llegada de 100.000 dosis de AstraZeneca “obtenidas en cooperación con España”. La cifra coincide con la que daba Darias, pero el Ejecutivo de Fiji aseguraba en su tweet que estaban financiadas por el Gobierno de Nueva Zelanda.
Hablando de la judicatura. El mismo juez que ha dado crédito a las acusaciones de la ultraderecha contra ti, es el que condenó a altas penas de prisión a los seis de Zaragoza. ¿Hasta qué punto está la judicatura politizada?
Hasta grados insospechados por la mayoría de la población. La judicatura no hizo la transición, ni las comisarías, ni en muchas estructuras de poder se ha hecho la transición. De un día para otro el Tribunal de Orden Público se convierte en la Audiencia Nacional y todos sus jueces en democráticos. La familia Lasala es un ejemplo de eso en Zaragoza. El padre, juez durante la dictadura franquista. El abuelo partícipe del golpe de estado por la rama carlista. Y los dos hijos, jueces. Es la típica familia de apellidos que siempre han estado en el poder, en un grado o en otro. Creo que hay una enorme connivencia entre la ultraderecha y determinados jueces que en sus sentencias procesan la misma ideología. La familia Lasala es una familia a la que siempre le caen determinados casos de la izquierda política. No solo es mi caso, está el caso de los seis de Zaragoza, el caso de Brahim Gali [presidente de la República Árabe Saharaui Democrática y secretario general del Frente Polisario]. Es evidente que la justicia no hizo la transición en este país….
https://arainfo.org/entrevista-alberto-cubero-pce-aragon/
Es el capitalismo, estúpido!!!!
ALBERTO CUBERO, «Hace falta ilusión y esperanza, es una necesidad la construcción, desde la base, de una izquierda verdaderamente alternativa y rupturista»
«En este ciclo político la izquierda ha tenido una hipótesis, gobernar en coalición con el PSOE como objetivo último. El tiempo nos ha enseñado que era errónea o, al menos, insuficiente»
«Estos últimos cuatro años nos han enseñado lo que preveíamos que iba a ser un gobierno de derechas con el apoyo de la ultraderecha. En el 2023 tenemos que evitar que esto se repita»
«No creo que haya muchas diferencias entre PSOE y PP. La gestión del Gobierno de Aragón está siendo catastrófica: entregar toda la capacidad económica al expolio de las grandes empresas»
«Hay una estrategia clara de eliminar a determinados cargos públicos de la izquierda por la vía judicial»
https://arainfo.org/entrevista-alberto-cubero-pce-aragon/