Los peligros del Tribunal Supremo de Estados Unidos

El país al que Europa está confiando en buena medida su supervivencia energética, aquel con el que está reforzando sus alianzas frente al imperialismo ruso y ampliando su capacidad militar bajo el paraguas de la OTAN, se encuentra, internamente, en uno de los peores momentos de su historia. No es exagerado afirmar que Estados Unidos presenta un riesgo serio de aniquilar los pocos elementos democráticos que aún sobreviven tras el catastrófico mandato de Trump.

Después de cuatro años que sirvieron para minar las aspiraciones del país como líder mundial, mientras crecía la desigualdad económica en parte por la reforma fiscal que aprobó el expresidente, subía la venta de armas y la ultraderecha se colocaba como principal amenaza por encima del terrorismo internacional; tras la intentona golpista que supuso el asalto al Capitolio y el fracaso del impeachment, se podría añadir a la lista de peligros inminentes un Tribunal Supremo escorado a la derecha, cuyas decisiones recientes dan cuenta no solo de la pérdida de derechos fundamentales que se está produciendo a pasos agigantados, sino también de una tendencia que va a perpetuarse en el tiempo. 

En unas cuantas semanas, el máximo órgano judicial ha derogado el derecho al aborto a nivel federal, ha mermado la separación entre la Iglesia y el Estado al permitir financiar colegios religiosos con dinero público, y ha expandido aún más el derecho a portar armas, a pesar de que las masacres por violencia armada no paran de sucederse.

Solo en el último fin de semana festivo, que conmemoraba el Día de la Independencia, han muerto más de 220 personas en varios tiroteos, poco después de un evento trágico que sacudió a la opinión pública: la matanza de 19 niños en una escuela de Uvalde, Texas. A eso debe sumársele la amenaza global que supone la sentencia que restringe la capacidad del Gobierno norteamericano para regular las emisiones de gases de efecto invernadero, lo cual mina los pocos esfuerzos de Biden en la lucha contra la crisis climática, y da luz verde a que el segundo país más contaminante del mundo y el primero en huella histórica medioambiental continúe con las mismas prácticas que dificultarán cualquier aproximación a lo establecido en el Acuerdo de París. 

El foco de los sectores progresistas está ahora puesto en un caso que podría lacerar aún más el precario derecho al voto en Estados Unidos: el Tribunal Supremo ha aceptado pronunciarse en octubre, justo antes de las elecciones de media legislatura, sobre una polémica electoral en Carolina del Norte. Lo que está en juego es la eliminación de distintos mecanismos legales que sirven para controlar el poder de las cámaras estatales a la hora de disponer las condiciones para el ejercicio del sufragio, como el trazado de los mapas electorales o el conteo de votos.

Si se fallara a favor de dicha eliminación, las legislaturas de los Estados –incluyendo las 30 que ahora cuentan con mayoría republicana– podrían aprobar sistemas de voto favorables a un partido u otro, sin la intervención de las cortes supremas territoriales o los gobernadores. Hablando en plata, este fallo conduciría, mediante ardides legalistas cuestionables, a una segura victoria republicana, tanto en noviembre como en las presidenciales de 2024.

Antecedentes

La legitimidad del Tribunal Supremo ya ha sido interrogada en numerosas ocasiones. Las elecciones del año 2000 se celebraron envueltas en controversia por el resultado de Florida, que George W. Bush ganó por un puñado de papeletas después de que el partido republicano animara al grupo Brooks brothers a manifestarse para detener el recuento de votos, lo cual lograron. Finalmente, el órgano judicial determinó que no era necesario revisar los números, a pesar de que numerosos analistas apuntaron a una posible victoria del candidato demócrata, Al Gore, de haberse comprobado las cifras.

Ya siendo presidente, Bush pudo nominar a dos de los jueces que ahora han tumbado el aborto: John Roberts y Samuel Alito. En el año 2013, este tribunal recortó muchas de las provisiones de la Ley del Derecho al Voto de 1965, razón por la que ahora los Estados pueden limitar el sufragio mediante la exigencia de requisitos burocráticos o el cierre estratégico de centros electorales, perjudicando principalmente a las minorías.

Por otra parte, de los tres candidatos nombrados por Trump, dos fueron duramente criticados cuando tomaron posesión: Brett Kavanaugh, debido a su presunta implicación en un caso de abuso sexual, y Amy Coney Barret, de quien se alertó sobre su fanatismo religioso. El tercero, Neil Gorsuch, llegó al cargo después de que el líder del Senado entonces, Mitch McConnell, impidiese a Obama elegir a un magistrado tras la muerte de Antonin Scalia.

Esta serie de sucesos ha dado lugar a que cinco de los nueve miembros actuales del Supremo hayan sido puestos por presidentes que ocuparon la Casa Blanca sin el voto popular, los mismos jueces que en estos momentos no dudan en aprobar medidas que la mayoría de la población repudia: según varios estudios, dos tercios de Estados Unidos está a favor de Roe v. Wade, la sentencia de 1973 que garantizaba el derecho a la interrupción del embarazo.

Un futuro incierto

El deterioro democrático de Estados Unidos es vox populi. Pocos dudan de que la andadura reaccionaria del Tribunal Supremo seguirá su curso, y es factible el recorte de garantías constitucionales como el matrimonio homosexual o el acceso a los anticonceptivos, amén del ya degradado derecho al sufragio. Además, Biden es un presidente muy débil, cuya exigua mayoría en el Senado se ve menoscabada desde su propio partido: Kyrsten Sinema y Joe Manchin, demócratas por Arizona y Virginia Occidental respectivamente, a menudo votan en contra de las propuestas que anuncia el mandatario.

Ante esto, Biden ha pedido al electorado que le otorgue los apoyos que precisaría para codificar derechos perdidos como el aborto en forma de ley, algo bastante improbable cuando sus cifras de popularidad están rozando mínimos históricos debido a la inflación y, específicamente, al precio del combustible. Entre las medidas que podría adoptar se encuentran ampliar el número de jueces del Supremo o limitar sus cargos, ahora vitalicios, a varios años; sin embargo, la carencia de apoyos se suma a su conocida reticencia a alterar el funcionamiento de la institución, sea porque Biden siempre ha buscado llegar a acuerdos con el partido contrario, o por el miedo a que esa iniciativa siente las bases de una futura modificación por parte de los republicanos.

Mientras tanto, su programa progresista ha desaparecido prácticamente de la agenda: no queda ni rastro del Green New Deal ni del Build Back Better –un paquete de reformas que prometía, por ejemplo, bajas de maternidad y por enfermedad pagadas–. La crisis energética, la económica y la guerra en Ucrania han copado todos sus esfuerzos, desplazando a los derechos sociales, y granjeándole aún más enemigos. El problema, no obstante, no es tanto que Biden esté a punto de morder el polvo en el próximo encuentro de la ciudadanía con las urnas, sino que las tendencias autoritarias y supremacistas campan a sus anchas por todo el aparato institucional, contorsionando la ley caprichosamente –como afirmaba Judith Butler en su análisis post 11-S–, sirviéndose de ella para negarla.