Colombia: la derrota de la política del miedo

«Vamos a vivir sabroso, estoy votando (…) para que mi gente no tenga que andar con miedo», declaró este domingo la ya electa vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, tras depositar su voto en Suárez, su pueblo natal.  

Tres semanas antes, al caer la tarde, dos mujeres y cuatro niños se sientan en el suelo de la estancia, alrededor de la tele. Ese día ha habido suerte y el generador eléctrico ha comenzado a funcionar antes de que comience la telenovela, el momento que llevan esperando todo el día. Entonces, en la pantalla surge un mundo que, aquí, en la choza construida por sus propias habitantes con tablas de madera, resulta tan irreal como obsceno. Los miembros de la familia protagonista –muy blancos todos, muy delgados todos, muy retocados todos– viven en un enorme apartamento de impolutos muebles y paredes blancos. Se desafían y engañan por sus amantes, por sus negocios, por sus secretos, mientras sus televidentes valoran en voz alta sus comportamientos, los aprovechan para advertir a las niñas de los peligros de ser mujer en un mundo machista, se mofan de lo ridículo de algunos de los motivos de su sufrimiento.

La escena tiene lugar en la Zona Humanitaria Nueva Esperanza en Dios, un poblado situado en Cacarica, en el departamento del Chocó, en la frontera norte de Colombia, lindando con Panamá. El centenar de familias que lo habitan llegaron hasta aquí tras ser expulsadas de sus pueblos por el Ejército y los paramilitares en los años 90. Después de cuatro años viviendo en un polideportivo de Turbo, la ciudad más cercana y una de las más violentas del país, decidieron retornar y fundar varias comunidades de paz en estas tierras públicas. Cada vez que la guerrilla, los paramilitares o el Ejército intentaba entrar en sus tierras, se enfrentaban a ellos con el argumento más irrebatible de todos: si se instalaban o pasaban por su territorio, su población se convertiría en objetivo del actor armado contrario y su población civil terminaría viéndose afectada de nuevo. Durante años, les acompañaron voluntarios de organizaciones internacionales como Brigadas Internacionales de Paz para contribuir con su presencia y su vigilancia a su seguridad. La muerte de un extranjero enciende focos de atención que nadie quiere.

Y ahí siguen, en medio de un territorio en disputa aún entre paramilitares, grupos criminales y disidentes de las FARC y el Ejército. Y tras 20 años de lucha, el Estado no se ha dignado a llevarles agua potable, ni a destinar a un trabajador o trabajadora sanitaria que pueda atenderles, ni siquiera a reparar las aulas de madera que la comunidad construyó con sus propios medios. Aquí el Estado solo es visible por su ostentosa ausencia: para llegar hasta Nueva Esperanza hay que hacerlo en canoa, a través del río Atrato, en el cual se van sucediendo los puestos de control de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, el grupo paramilitar más importante del país. Con sus siglas pintadas en las viviendas y árboles que se suceden a lo largo de decenas de kilómetros, son ellos quienes dan permiso para entrar y salir de este territorio dominado por el narcotráfico y el cultivo de coca.

La pobreza extrema

Las mujeres y niñas que, con apenas un plato de avena y leche, ven la telenovela son víctimas directas de la guerra que Colombia sufre desde hace más de 60 años. No tienen más que lo que consiguen cultivar y pescar, son negras y su gran esperanza en ese momento era que de las urnas saliera, por fin, un gobierno que supiera cómo viven, cómo se inunda diariamente su pueblo, cómo pasan las noches en vela cuando el agua se mete entre los tablones y hay que estar pendiente de que las serpientes no se cuelen y piquen a los niños; cómo estos tienen que dejar de estudiar cuando llegan a la adolescencia por la falta de centros educativos de bachillerato en toda la región; cómo cuando alguien enferma tienen que llamar a la canoa que hace las veces de ambulancia mientras sus familiares rezan para que aguante las cinco horas que hay hasta el centro de salud más cercano.

Anochece y en toda la comunidad, como en tantos hogares de otras comunidades, pueblos y ciudades, los televisores alumbran la estancia mostrando cómo viven quienes han gobernado hasta ahora el país: la oligarquía del segundo más desigual de América Latina, solo por detrás de Brasil, que históricamente ha concentrado la propiedad de la tierra, de las finanzas y, como si fuese su extensión natural, del poder político. 

El pasado domingo, Colombia vivió un cambio mucho más profundo que lo que pueda proyectar en la imaginación la frase que lo describe: que, por primera vez, en sus dos siglos de existencia, Colombia tendrá un gobierno de izquierdas. Hasta llegar aquí, el pueblo colombiano ha sufrido la violencia a mano de los más diversos actores y en todas sus formas: paramilitares, guerrillas, el exterminio sistemático de opositores políticos, de periodistas, de maestros y maestras, de sindicalistas, de líderes sociales, de defensores y defensoras de derechos humanos. 

La lucha contra la «parapolítica»

La candidatura vencedora de los comicios es la representación de todo ello. El presidente electo, Gustavo Petro, economista, exguerrillero de M-19 –creada tras el robo de las elecciones presidenciales de 1970–, ha sido uno de los políticos más incansables en la lucha contra la llamada parapolítica, la alianza entre parte de la derecha política y el paramilitarismo. La vicepresidenta Francia Márquez, feminista afro, abogada, defensora de los derechos humanos, activista contra la minería industrial, madre soltera y extrabajadora doméstica. Su alianza, no exenta de tensiones y diferencias, reúne buena parte de lo que define a la mayoría social de Colombia.

Por primera vez, los mandatarios del país se parecerán a la mayoría de sus habitantes. Y, lo más importante: sabrán y habrán visto que en muchos lugares del país la gente tiene bidones fuera de las casas para recoger el agua de la lluvia para tener qué beber y con qué bañarse; que en ciudades como Medellín, muchos de sus habitantes van a a diario a las tiendas enrejadas del barrio porque no tienen más que para el arroz y el huevo del día; que una parte importante de la población del Pacífico sigue teniendo que hacer sus necesidades en cubos y escupideras; que en Buenaventura, donde se encuentra el mayor puerto industrial de Colombia y uno de los más importantes del continente, sus habitantes han perdido la cuenta de los cadáveres que han visto a lo largo de sus vidas, y que muchos otros han abandonado sus palafitos por estar demasiado cerca de las casas de pique –llamadas así por ser el lugar en el que las bandas descuartizan a sus víctimas-. Precisamente ha sido en estos departamentos periféricos, los más castigados por la discriminación institucional, donde mayoritariamente han votado por la opción progresista, de la que que Petro prefiere hablar.

Pero, también, Márquez y Petro saben bien que Colombia tiene el tejido asociativo más imbricado, formado, politizado y comprometido de América Latina. Lo conocen porque de ahí han surgido sus liderazgos. Sesenta años de guerra han generado una sociedad civil en la que las víctimas se han aliado con varias generaciones de licenciados en sociología, derecho, antropología, historia, psicología y periodismo especializados en la defensa de los derechos fundamentales. Por ello, el expresidente Alvaro Uribe Vélez les calificaba de “terroristas de los derechos humanos”, para equipararles con los guerrilleros y señalarles así ante la mirilla paramilitar.

La derrota del uribismo

Uribe es, precisamente, el verdadero perdedor de estas elecciones, al quedar en evidencia que, al contrario que en anteriores comicios, ya no es él quien elige a sus sucesores en la Casa Nariño. El maestro de la política del miedo, el que equipara a cualquiera que hable de justicia o dignidad con los guerrilleros, el artífice del ‘No’ en el referéndum de los Acuerdos de Paz, el que ha convertido su cuenta de Twitter en una maquina del fango contra la democracia, la convivencia y la justicia, el que se enfrenta a un juicio por falsedad testimonial y fraude procesal.

Durante toda la jornada del domingo, fueron apareciendo en las redes sociales fotografías de largas colas para votar en las zonas más desfavorecidas del país, barcazas con decenas de personas dirigiéndose a mesas electorales a varias horas de distancia de navegación; comunidades diezmadas por las políticas criminales del Estado, como los pueblos originarios, celebrando con emoción la victoria de la candidatura de Pacto Histórico. 

Muchos de sus votantes saben que es imposible afrontar grandes reformas en los cuatro años de mandato que limita la Constitución. Entre los defensores y defensoras de derechos humanos está extendida la convicción de que la arremetida de los grandes poderes del país se cebará especialmente con ellos, que se multiplicarán los asesinatos de activistas y que hundirán económicamente el país para extender su latiguillo electoral de que ‘Petro convertirá Colombia en Venezuela’, como han repetido hasta la saciedad políticos y analistas durante la campaña en los medios de comunicación. 

Y, aun así, han vivido estas elecciones como la única posibilidad de empezar una transición hacia una Colombia menos desigual, menos violenta, menos pobre. De tanto emplearlo, se desgastó el miedo a quienes representan el cambio, pero también a la virulencia de quienes van a intentar impedirlo por todos los medios. Entra otras razones porque 2021 fue el año con mayor número de líderes y lideresas, de defensores y defensoras de derechos humanos desde 2010, según la ONG Somos Defensores: 139 asesinatos y casi mil agresiones. Desde los Acuerdos de Paz con la guerrilla de las FARC en 2016, han sido finados 1327 líderes y firmantes del acuerdo, según Indepaz.

“Me conformo con que los jubilados tengan una pensión que les permita no morirse de hambre, con que volvamos a tener un mínimo servicio público de salud que permita no morirse sin asistencia médica… Estamos hablando de estos mínimos”, me decía un veterano periodista que había vuelto a recuperar la ilusión con la posibilidad de tener como vicepresidenta a Francia Márquez. Pese a que la vicepresidencia en Colombia carece de peso político, la llegada de una mujer negra, feminista, de origen pobre y activista ha resignificado el cargo con su sola presencia. Ahora tocará llenarla de contenido. Pero mientras, de su mano, Colombia entra en el siglo XXI político y la sitúa en la vanguardia en la lucha climática y por la igualdad con su ideario ecofeminista. Entre sus votantes tienen claro que lo que toca ahora es celebrar tamaña oportunidad.

Desde fuera, es inevitable pensar en el impulso que esta victoria puede dar a la corriente progresista que se ha abierto en América Latina con las recientes victorias de la izquierda en Chile y Honduras. La esperanza e ilusión despertada por el tándem Petro y Márquez es solo comparable a la que generó en 2003 la victoria de Lula da Silva en Brasil y que, de cumplirse las encuestas, volverá a ganar en las del 2 de octubre. También parece previsible que los sectores más reaccionarios y poderosos de Colombia se lo pongan igual de difícil que a los líderes del Partido de los Trabajadores de Brasil. Hay algo más peligroso que ganar: contagiar el efecto de que ‘sí se puede’, como coreaban la noche del sábado los votantes de Pacto Histórico.