Ocho medidas contra el odio cotidiano

Según datos del Ministerio del Interior, en el último lustro los delitos de odio han aumentado en más de un 40%. Solo en 2021, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado investigaron más de 1.800 delitos, si bien esta cifra se considera la punta del iceberg, ya que se calcula que solo se denuncian en dos de cada 10 casos. En este contexto, durante dos años, más de 1.300 jóvenes han participado en los talleres y encuentros del proyecto COCO: Contra el Odio Cotidiano, liderado por Cazalla Intercultural, Jovesólides y la Fundación Al Fanar.

El proceso de debate y estudio culminó el pasado marzo con un foro en el que cerca de 100 participantes se reunieron con 36 representantes del ámbito político, social y académico para poner en común ideas y estrategias contra el racismo, la islamofobia, la incitación al odio y los delitos motivados por prejuicios.

El resultado son ocho propuestas que tienen como objetivo «orientar el trabajo de instituciones y representantes políticos a partir de las vivencias y las prioridades de quienes viven el odio cotidiano y luchan para combatirlo». La presentación del documento en Valéncia contó con la participación de la directora general para la Igualdad de Trato y Diversidad Étnico Racial, Rita Bosaho, centrada actualmente en la elaboración de la ley antirracista, cuya consulta pública previa se ha cerrado de manera reciente.

Bosaho ha asegurado que entre las propuestas recibidas han detectado una especial preocupación en «el ámbito de la vivienda, la segregación escolar, los CIE…”. Asimismo, ha hecho hincapié en que aunque la ley es un marco necesario, “actualmente solo un 18% de la población discriminada denuncia porque no confían en la administración pública”: “La ley ayudará, pero no lo va a hacer todo. Hemos de hacer una pedagogía de fondo. Hemos de buscar a través del Estado mecanismos que ayuden a trabajar contra el discurso de odio”, ha explicado durante la presentación.

La primera de las propuestas del informe aboga por «recoger datos para políticas públicas basadas en la realidad». El objetivo, aseguran, es contar con «información precisa y actualizada» sobre la situación de las personas que sufren odio cotidiano para así poder «desarrollar políticas públicas que atiendan realmente sus necesidades». La segunda propone impulsar la legislación contra este tipo de delitos: «Necesitamos un marco legal que garantice la protección de los derechos de todas las personas», exigen. En este sentido, y apelando directamente a las instituciones, solicitan una simplificación de los trámites y procedimientos administrativos.

La cuarta propuesta se dirige a los medios de comunicación y redes sociales como lugares en los que «combatir el odio»: «Las instituciones y representantes de la ciudadanía deben ser adalides de una alianza para bloquear la información racista y discriminatoria y fomentar la visibilidad y el apoyo a los medios de comunicación, influencers y periodistas referentes por su contenido diverso, plural y libre de odio».

Fomentar la diversidad en la participación política y formar a profesionales de diversas áreas son las siguientes dos proposiciones que se recogen en el documento. La primera de ellas tiene como objetivo acabar con las barreras que impiden a una parte de la población –»racializadas o pertenecientes a cualquier otra minoría o grupo social estigmatizado»– acceder a los mecanismos de participación de las decisiones políticas. La segunda, reforzar la formación especializada que recibe el personal de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, sanitario, docente, judicial, trabajadores y trabajadoras sociales y demás profesionales para que puedan acompañar de una manera más eficaz a las personas que sufren odio cotidiano. Una educación, piden en la séptima propuesta, que debe ser ampliada a toda la ciudadanía a través del aprendizaje y la enseñanza en centros escolares.

Finalmente, siguiendo la estela de experiencias como el teléfono 016 para denunciar casos de violencia de género o el Servicio de Asistencia y Orientación a Víctimas de Discriminaión Racial o Étnica, proponen la creación de «un recurso de carácter estatal gratuito y que no deje rastro de asistencia telefónica y vía WhatsaApp» que ofrezca atención, información, asesoramiento y apoyo psicológico y jurídico a personas víctimas de delitos de odio en cualquiera de sus variantes.