La Comisión Europea aprueba el plan de España y Portugal para abaratar la luz

La Comisión Europea ha aprobado la petición española y portuguesa destinada a reducir los precios mayoristas de la electricidad en el mercado ibérico (MIBEL) mediante la minoración del coste de los insumos de las centrales eléctricas alimentadas con combustibles fósiles. La medida, por valor de 8.400 millones de euros, ha salido adelante de acuerdo al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y reconoce que las economías española y portuguesa están experimentando «una grave perturbación».

«La medida temporal que hemos aprobado permitirá a España y Portugal reducir los precios de la electricidad en beneficio de los consumidores, quienes se han visto gravemente afectados por el aumento de los precios de la electricidad como consecuencia de la invasión de Ucrania por Rusia», ha dicho la vicepresidenta ejecutiva, Margrethe Vestager, responsable de la política de competencia. «Al mismo tiempo, se preservará la integridad del mercado único. Además, esta medida permite a España y Portugal disponer de cierto margen de tiempo para adoptar reformas que aumenten la resiliencia futura de su sistema eléctrico, en consonancia con los objetivos del Pacto Verde, y, en última instancia, mitiguen en mayor medida los efectos de la crisis energética sobre los consumidores finales», ha añadido.

La medida está en consonancia con la Comunicación de la Comisión sobre seguridad del suministro y precios de la energía asequibles, además de con las conclusiones del Consejo Europeo, ambas de marzo de 2022, en las que se hace referencia a la adopción de medidas temporales de emergencia para reducir los precios al contado del mercado de la electricidad en favor de las empresas y los consumidores, que no afecten a las condiciones comerciales en una medida contraria al interés común.

Hasta el 31 de mayo de 2023

La medida se aplicará hasta el 31 de mayo de 2023. La modalidad de la ayuda será el pago de una subvención directa a los productores de electricidad con el fin de financiar una parte de sus costes de combustible. El pago diario se calculará como la diferencia de precio entre el precio de mercado del gas natural y un límite máximo del precio del gas fijado en una media de 48,8 euros/MWh durante el período de vigencia. Más concretamente, durante los seis primeros meses de aplicación de la medida, el límite de precio efectivo se fijará en 40 euros/MWh. A partir del séptimo mes, este límite se incrementará mensualmente en 5 euros al mes, lo que dará lugar a un límite de precio de 70 euros/MWh en el duodécimo mes.

La financiación correará a cargo de las denominadas rentas de congestión, es decir, las rentas obtenidas por el gestor de la red de transporte español como resultado del comercio transfronterizo de electricidad entre Francia y España; y de una cuota impuesta por España y Portugal a los compradores que se beneficien de la medida.

Según explica la Comisión en una nota, esta actuación reduce al mínimo el falseamiento de la competencia y evita posibles efectos negativos en el funcionamiento de los mercados de la electricidad al contado y a plazo. «Por otro lado, en consonancia con las normas del mercado interior, la medida no da lugar a restricciones transfronterizas al comercio ni a discriminación entre consumidores ibéricos y no ibéricos», concluye.