Crónicas | Sociedad

Tuits y canciones: ¿cómo se están combatiendo los delitos de odio?

La última operación de la Guardia Civil, coordinada por Europol, ha concluido con cuatro detenciones, un investigado y dos registros domiciliarios.

Foto: Ministerio del Interior

Más de 240 publicaciones en diferentes perfiles de redes sociales cuyo contenido podría ser constitutivo de delitos de odio, cuatro detenciones, un investigado y dos registros domiciliarios. Este fue el resultado de una actuación practicada por la Guardia Civil el pasado 7 de abril, coordinada por la Oficina Europea de Policía, Europol, a través del Centro Europeo de lucha contra el Terrorismo. La operación se llevó a cabo, además de en España, en diez países más de la UE: Francia, Austria, Bulgaria, Alemania, Lituania, Luxemburgo, Noruega, Portugal, Rumanía e Italia.

En España, en concreto, la intervención se desarrolló en Baleares, Murcia, Málaga, Sevilla y Vizcaya. Los discursos vertidos en las distintas publicaciones, según la Guardia Civil, son de distintas tipologías: racistas, xenófobas, antisemitas y por razón de ideología. Una de las cuentas difundía mensajes de este tenor: “los buques de la Armada no han de rescatar a los negros en el Mediterráneo. Que los negros se ahoguen en el mar”, “los negros son genéticamente inferiores a los blancos”. Otra cuenta sujeta a la pesquisa policial publicaba: “los negros que viven en España deben ser deportados excepto una docena para tenerlos en la cárcel”. 

Entre los mensajes perseguidos como delitos de odio también se incluyen canciones de un rapero detenido en Fuengirola (Málaga). Algunos versos recogidos en el documento de la Guardia Civil son: “opinamos que el hombre de uniforme es un cerdo, no un ser humano”, “sueño todas las noches con matar maderos” o “pido un coche bomba para Pedro y para Pablo”. 

La actuación de la Guardia Civil se realizó poco antes de la puesta en marcha del II Plan de Acción de Lucha contra los Delitos de Odio, del Ministerio del Interior, que fue aprobado cinco días después del operativo en el Consejo de Ministros. Los recursos económicos destinados al desarrollo del plan ascienden a 1.073.425 euros, donde se destaca una partida de 277.210 euros destinada al desarrollo de herramientas para el aumento de la eficacia de la investigación policial. 

¿Cómo están evolucionando los delitos de odio? ¿Son adecuadas las actuaciones previstas por el Gobierno? ¿Por qué cada cierto tiempo hablamos de delitos de odio y luego nos olvidamos hasta la siguiente detención? ¿Hasta el siguiente caso mediático? Este martes, por ejemplo, se ha conocido que la justicia belga ha vuelto a rechazar la extradición a España de Valtònyc, el rapero condenado por injurias a la Corona, amenazas y enaltecimiento del terrorismo. “Hay que ir más allá de la persecución de unas expresiones concretas para combatir la discriminación en sí”, reflexiona el portavoz e investigador de Amnistía Internacional Daniel Canales. Desde su punto de vista, se deben establecer inversiones en otro tipo de cuestiones mucho más integrales como las medidas de educación y sensibilización. 

La OSCE (Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa) define este tipo de delitos como un acto criminal motivado por el sesgo o el prejuicio a un grupo específico de personas. El tipo penal debe reunir dos requisitos particulares: en primer lugar, que el acto sea constituyente de delito bajo el derecho penal y, en segundo lugar, que el acto esté motivado por un sesgo o prejuicio.

Los delitos de odio se encuentran regulados en el primer apartado del artículo 510 del Código Penal español derivados del ejercicio del derecho a la libertad de expresión garantizado por la Constitución. “Cuando se crearon los delitos de odio lo que se pretendía era proteger a determinados colectivos que estaban sujetos a una posible discriminación por su origen, etnia, religión o orientación sexual”, explica el catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Málaga José Luis Diez Ripollés. Sin embargo, añade, “el concepto ha pasado a ser muy amplio y ahora tienen un volumen especialmente importante”. 

Los llamados hate crime se incluyen desde 2014 en las estadísticas policiales y, hasta el momento, se han investigado 11.811 casos. El pasado año se recibieron 1.802 denuncias por supuestos delitos de esta naturaleza, lo que conlleva un aumento de aproximadamente un 29% respecto a 2020. Según el Informe de Evolución de los Delitos de Odio en España publicado ese mismo año por el Ministerio de Interior, el perfil delictivo es un varón, mayoritariamente de nacionalidad española. 

Alejandra Matamoros, abogada del rapero Pablo Hasél, que cumple prisión por enaltecimiento del terrorismo e injurias a la Corona, incide en que este aumento de la figura delictiva no se debe a que se esté persiguiendo la realidad de los delitos de odio: “Un delito de odio debe ser aquel que contenga un contenido de odio o animadversión sobre un colectivo o minoría. Por ejemplo, mostrar tu odio hacia un fascista o decir que se merece todo lo que le pase no debería ser una cuestión punible, puesto que no es un colectivo vulnerable, ni necesita especial protección”.

La circular 7/2019 emitida por la Fiscalía General del Estado tenía como objeto la fijación de pautas interpretativas sobre esta figura delictiva. El documento, utilizado como herramienta de primer orden para interpretar el derecho penal, consolidaba que  “una agresión a una persona de ideología nazi, o la incitación al odio hacia tal colectivo, puede ser incluida en este tipo de delitos”.

Según el último Informe de Evolución de los Delitos de Odio, el 83% de esta figura delictiva se concentró en tres tipologías: en primer lugar, los relacionados con conductas racistas o xenófobas –un 37,6% respecto al total–; en segundo lugar, aquellos dirigidos a la orientación sexual o identidad de género –con un 26,5%–; y, finalmente, aquellos relacionados con la ideología –un 18,6%–. En este sentido, Matamoros se muestra muy crítica: “Los datos del Ministerio del Interior son una forma de lavarse la cara. Los cojo con pinzas. Cuántas personas se conocen que hayan entrado a la cárcel por verter mensajes machistas o racistas; sin embargo, por motivos relacionados con la ideología antifascista hay más de un caso”.

La Guardia Civil, en la actuación a nivel europeo contra los delitos de odio coordinada con Europol. MINISTERIO DEL INTERIOR

El caso del rapero «antifascista»

Antifascista se define el rapero detenido en Fuengirola. Es el único de los casos del marco de la actuación policial que será juzgado por el contenido de las letras de canciones. Alzugabi, El Nazarí, habla con La Marea con la condición de no aportar su nombre real, ni su rostro. Canta en sus vídeos con un pasamontañas: “Por un lado, tengo miedo. Y, por otro, no quiero hacerme famoso por esto”. El cantante se podría enfrentar, como el resto de los detenidos, a una pena de prisión que oscilaría entre uno y cuatro años, además de la pena de multa de seis a doce meses. 

El Nazarí explica que lleva cantando diez años. Asegura que en una década no ha tenido ninguna progresión musical. Por lo que cuenta, este aspecto no le molesta en absoluto y afirma que él solo hace música para sí mismo y sus amigos. “Yo empecé a cantar en su día como forma de desahogo cuando tenía 14 años. A mí siempre me ha parado la policía por mi aspecto físico  y encontré en el rap un estilo de música donde refugiarme, como si fuese algo terapéutico”, sostiene el joven. “No canto tapado por que sea un terrorista, canto sin que se me vea el rostro porque muchos cantantes triunfan por su aspecto físico y no por el contenido de sus canciones”, añade.

Ha sido ese contenido lo que provocó que una mañana temprano, cuando él apenas se acababa de despertar, se personaran cinco agentes de la Guardia Civil en su domicilio, donde convive con sus padres, con una orden de registro. En la actuación le fueron decomisados su móvil personal, el ordenador y prendas de ropa. “Lo que más me impresionó del registro es que yo tengo una biblioteca con libros de historia, entre ellos tengo la Biblia y el Corán; sin embargo, solo fotografiaron el Corán y no sé con qué intención”, asegura.

Aparte de los inicialmente mencionados, otros versos de sus canciones recogidos en el informe de la Guardia Civil dicen lo siguiente: «Ni comida, ni agua para Ortega Lara, has visto lo que pasa cuando dejas vivas las ratas, el tiro en la nunca es más barato a la larga», «matar a uno de Vox es lucha antiterrorista» o «pido un coche bomba para Mariano con su hijo dentro».

Cuando se le pregunta por el significado de estas frases y su presunto contenido delictivo, se defiende alegando que es solo un fragmento de alguna de sus canciones y que no tienen un cometido de llevar a la realidad sus letras, ni incitar a que se realicen. “La música también es ficción, también se me acusa en el informe de antisemitismo por decir muerte y destrucción al Estado de Israel y yo no tengo nada en contra de la religión judía, lo que yo no comparto es el Estado sionista y lo que se está haciendo con el pueblo palestino”.

El cantante menciona que encuentra mucha de la inspiración de sus canciones en las letras de los Carnavales de Cádiz: “Si el rap hubiese nacido en España, sonaría a carnaval con acento gaditano, son muy reivindicativas. Me he acordado mucho de Paco Alba, que era capaz de escribir sus letras durante la dictadura. Porque parece que aunque Franco muriese en el 75, hay que seguir escribiendo como si estuviese vivo”.

Algunas organizaciones como Nación Andaluza o el Movimiento Antirrepresivo de Madrid se han pronunciado sobre el caso de Nazarí. “Tras el encarcelamiento de Hasél por las letras de sus canciones, como un hecho sin precedentes en Europa, convocamos manifestaciones. En el caso del rapero de Málaga también estaríamos dispuestos a movilizarnos”, dicen desde el Movimiento Antirrepresivo de Madrid.

El Nazarí no tiene antecedentes penales. Afirma que no se arrepiente de escribir canciones, pero que siente la situación por la que están pasando su padre y su madre. Le preocupa que este acontecimiento le conlleve perder su empleo, pues ejerce una profesión donde no puede tener ningún tipo de infracción penal. En el momento de la detención, su perfil de Youtube creado en 2014 tenía 160 suscriptores y 16 vídeos. Su canción más escuchada contaba con 1.603 reproducciones, La rabia de un exiliado, una colaboración con otros dos artistas. 

Las pautas interpretativas emitidas por la Fiscalía del Estado sobre la figura delictiva define los delitos de odio como una configuración de delitos de peligro abstracto, es decir, no deben únicamente interpretarse como un peligro concreto, sino como un riesgo potencial o hipotético a que el contenido del mensaje tenga capacidad de poder llevarse a cabo o incite a la realización de algún acto. En este sentido, Diez Ripollés afirma: “A mi juicio, este tipo conductas solo pueden ser perseguidas en la medida que promueven o provoquen a las personas a realizar el contenido de los mensajes. Llevar a la práctica algunos comentarios sucede ínfimamente. Hay personas que construyen las letras de esas canciones para llamar la atención, pero lo habitual no es que sus seguidores se dispongan a hacer esos actos. Es muy difícil pensar que tienen capacidad para provocar la acción”.

Un caso simbólico fue el del cantante César Strawberry, cuya condena fue anulada por el Constitucional al encuadrar sus tuits en la crítica “política y social”. El tribunal reprochó al Supremo que obviara el “contexto” en el que fueron publicados cuando lo condenó a un año de cárcel por enaltecimiento del terrorismo.

La Comisión Europea presentó el 9 de diciembre de 2021 una iniciativa para ampliar la lista de los delitos de odio o su incitación, principalmente por motivos de rdelitos daza, religión, género o sexualidad. Algo que ya anunció la presidenta Von der Leyen en su discurso sobre el estado de la Unión de 2020, donde subrayó que el progreso en la lucha contra el racismo y el odio es frágil, y manifestó que era el momento de construir una Unión que pasase de la condena a la acción. 

Los arrestados en esta operación fueron puestos en libertad una vez prestaron declaración en las dependencias policiales. «La Guardia Civil pretende aumentar la conciencia social sobre el uso delictivo a través de Internet. El supuesto anonimato no impide la actuación contra estos actos ilícitos. Esta acción conjunta traslada un claro mensaje a quienes difunden el odio violento en Internet de que sus acciones serán detectadas e investigadas», concluye en la nota de prensa con la que informó de la actuación.

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Comentarios
  1. Como siempre, al final se detiene y castiga casi siempre a los mismos. Esta ley la han convertido los ultraderechistas de la judicatura, en una ley para coartar la crítica contra el estado y contra los nazis. Los colectivos a los que de verdad debería proteger no reciben ningún tipo de protección.

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