Crecer en un hogar llamado Estado

Salían sin apenas dinero y volvían habiendo consumido alcohol u otras sustancias. “A veces llegaban al centro a horas raras como para haber ido de fiesta, o con dinero y cosas que no sabías de dónde habían salido, y las notabas nerviosas o con rabia”, explica una educadora social que ha trabajado en un centro de menores de Catalunya. También percibía que mostraban malestar, en forma de insomnio, trastornos de la conducta alimentaria e incluso conductas autolesivas, y le llamaba la atención la relación que habían establecido con chicos mayores que ellas.

“Sin formación especializada no lo lees como parte de un todo, ves cosas sueltas que no acabas de entender, que puedes atribuir a experiencias de violencia previas, al desamparo, a la institucionalización o a la adolescencia en sí, en lugar de al hecho de que las chicas estén viviendo una revictimización”, añade. La mayoría había sufrido violencias antes de llegar al centro. Tiempo después, bajo tutela de la Generalitat, algunas de ellas estaban sufriendo prostitución inducida o forzada.

La confianza en las educadoras permitió que alguna de ellas les acabara explicando qué es lo que estaba ocurriendo. Había casos en los que un chico con el que tenían una relación las había llevado a ello. Pero no se sentían víctimas, sino culpables. “Hace falta tener a personal especializado para identificar lo que está pasando y para luego tener la capacidad de acompañar a las chicas”, reclama esta educadora. Y lo hace todavía con más firmeza tras el mapa estatal de casos de explotación sexual que en los últimos años se ha ido perfilando: de Baleares a Madrid, pasando por Canarias, Comunidad Valenciana o el País Vasco, donde, tras una reciente denuncia de la Diputación de Vizcaya, la Fiscalía investiga un caso más desde febrero.

La preocupación de los profesionales, bañada de cierta incomprensión e incapacidad para poner nombre a situaciones que resultaron ser de explotación sexual, es algo que UNICEF detectó en siete de las nueve comunidades autónomas estudiadas para el informe, publicado en 2017, sobre el sistema de protección de menores en España. Andalucía, Asturias, Baleares, Canarias, Castilla y León, Catalunya, Comunidad de Madrid, Galicia y País Vasco fueron elegidas por la representatividad poblacional y por la cantidad de niños, niñas y adolescentes dentro del sistema de protección de menores. “Un sistema incapaz de paliar la vulnerabilidad con la que llegan a él , ya muy dañados, y que no le importa a nadie”, describe Almudena Olaguibel Echevarría-Torres, especialista en Políticas de Infancia de UNICEF en España.

El primer contacto será a menudo por redes sociales. Puede que, a golpe de likes, les hinchen la autoestima. Puede que les pidan fotografías. Puede que lleguen a usarlo como pornografía. Y puede que se encuentren en la vida real. Llegarán a presentarse como una familia para ellas, que les ofrece protección y, no menos importante, una oportunidad para cuando a los 18 se queden oficialmente solas.

“Llegan al sistema de protección de menores con daños emocionales enormes, porque está dañado su vínculo principal, con sus cuidadores, y desde un centro no hay manera de compensarlo ni reconducirlo, en contextos donde las y los menores viven roturas de vínculos continuamente, ya que sus referentes rotan por las condiciones de trabajo precarias que tienen educadoras y educadores sociales”, denuncia Noemí Pareda, directora del Grupo de Investigación en Victimización Infantil y Adolescente de la Universidad de Barcelona. Afirma con rotundidad que los menores “no pueden crecer en un centro”: “A partir de la institucionalización, encontramos situaciones de alto riesgo, de polivictimización”, es decir, que sufren múltiples violencias por parte de distintos victimarios.

Vacío de atención

Los niños, niñas y adolescentes que tengan más suerte estarán bajo un mismo techo con siete u ocho menores más, y con “el trauma que supone que les separen de su familia”, subraya Diego Rodríguez, responsable de Reforma Juvenil y Protección de Menores de CCOO. Con menos suerte, el techo será el de un centro donde conviven 20, 30, 60, incluso más menores. “Hay una amalgama de situaciones para las que no hay suficiente financiación y es frecuente que los chicos y chicas no cuenten con el tratamiento específico que necesitan para curar sus heridas”, denuncia Rodríguez.

Muestra de ello es llevar a las menores víctimas de redes de prostitución al mismo centro donde estaban, o a otro centro residencial básico, como ha pasado en casos que han salido a la luz recientemente. “Hacer esto solo se entiende cuando cuentas con un sistema precario, que no atiende las necesidades de cada criatura y adolescente”, afirma Olaguibel Echevarría-Torres. La necesidad de ofrecer centros especializados, “con un tratamiento intensivo para reformular lo que la niña entiende por autoestima, sexo, la relación con su cuerpo y abordar la culpa que arrastran”, es una de las medidas que están poniendo en marcha en Mallorca por recomendación de la comisión experta que ha investigado la explotación de menores bajo tutela del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales.

Otras acciones que ya han adoptado es formar a las y los profesionales para entender la dinámica de las niñas víctimas de esta violencia, crear un registro unificado de las huidas y un instrumento para que las educadoras detecten factores de riesgo de explotación, así como un protocolo específico para intervenir.

Pareda ha coordinado esta comisión y afirma, incluso con un punto de sorpresa, que en la isla están aplicando paulatinamente las acciones recomendadas por las especialistas. La sorpresa, cuenta, viene por la excepcionalidad que, afirma esta experta, supone que un gobierno haya mirado de cara esta consecuencia extrema de la desprotección de las menores bajo tutela, y que haya sido consecuente. “Las intervenciones que hemos concluido que hacen falta en Mallorca son las que el Gobierno estatal tendría que asumir como directivas generales, porque esa isla no tiene particularidades: el problema es el mismo en todos los territorios”, asegura Pareda.

Esta investigadora en violencia contra la infancia lamenta “el silencio” que ha presidido la explotación de menores bajo tutela pública. Además, el trabajo realizado en Mallorca, denuncia, no ha recibido señales de interés ni por parte del Gobierno central ni por parte de los gobiernos de otras autonomías. La reacción, tardía, llegó en febrero, cuando los ministerios de Igualdad y Derechos Sociales convocaron una reunión con las comunidades autónomas para elaborar un “plan de choque” y “urgente” con el que afrontar el problema.

Para Jorge Fernández del Valle, codirector del Grupo de Investigación en Familia e Infancia de la Universidad de Ourense, los casos de explotación sexual de menores bajo tutela suponen un muestra extrema de la “urgente necesidad de perspectiva de género en los programas de protección a la infancia”, dada la especificidad del riesgo y vulnerabilidad de niñas y chicas. En ellas, la incidencia de adicciones, problemas de salud mental e intentos de suicidio es superior, según han detectado diversos estudios, remarca Fernández del Valle. Según los datos más recientes del Ministerio de Derechos Sociales, relativos a 2020, las niñas y chicas son una minoría de menores institucionalizados en centros, solo 3 de cada 10.

Ahora bien, más allá de la ceguera de género, afirma este experto que en los centros de menores, que atienden en un 80% a adolescentes, “la calidad de los programas de protección a la infancia presenta muchas diferencias” entre territorios e incluso dentro de cada comunidad, pero que es una “asignatura pendiente general”.

Cuidar los vínculos

María González, responsable del área comunitaria de la Asociación Derechos Sexuales y Reproductivos, afirma que en los equipos de educadoras y educadores, en general, hay voluntad de trabajar para prevenir violencias sexuales y acompañar a las menores que las han vivido. Lo que no hay son los recursos, “de tiempo, formativos y económicos”, cuenta a raíz de su trabajo en centros de menores catalanes. “Las conductas deseables y las que no lo son deben señalarse de forma cotidiana para que, cuando las violencias machistas se den, nos salten las alarmas. Y para ello necesitamos también haber creado las condiciones para pedir ayuda a las adultas referentes que tienen que hacer el rol de protección”, plantea.

Para detectar de forma temprana y abordar la forma de violencia específica que supone la explotación de menores, hace falta incorporar herramientas, aunque, coinciden las y los educadores consultados, a la vez hace falta garantizar las condiciones básicas para atender a las menores en el día a día de los recursos residenciales. Esto exige, primero, más manos, y que estén capacitadas para hacerse cargo de complejas y diversas mochilas psicoemocionales. “La Administración se ha despreocupado de las condiciones en las que se trabaja en los centros, cosa que dificulta retener a profesionales con experiencia para detectar situaciones como las de abusos y explotación cuando pasan”, afirma Rodríguez. Según los datos de 2020, los centros para menores de edad con la gestión externalizada son ocho de cada diez.

De los más de 35.000 menores bajo tutela de las comunidades autónomas, cerca de la mitad, casi 17.000, viven en centros, según cifras del ministerio responsable. “No podemos apelar continuamente al ‘interés superior del menor’ y que eso no se traduzca en una real atención de sus necesidades más esenciales”, apunta el fiscal de sala coordinador de menores de la Fiscalía General del Estado, Eduardo Esteban Rincón, quien defiende que el sistema público de protección no es más inseguro si se hace “esfuerzo de inversión y se apuesta por mecanismos como el acogimiento familiar”.

“El control y supervisión necesarias de las actividades de los menores es más factible cuanto más reducido sea el núcleo en el que se desarrolle su vida”, sostiene. En 2020 –los datos más recientes disponibles–, siete de cada diez de los menores que ingresaron en el sistema de protección fueron derivados directamente a un centro.

Si bien el riesgo de sufrir abusos, violencias sexuales y, en concreto, explotación, no es patrimonio de los centros de menores, existe consenso en que hacen falta más entornos familiares para las niñas y niños bajo tutela pública y que esta sería una acción preventiva central frente a la revictimización. “Las niñas afectadas por la explotación están ofreciendo sexo por supervivencia, que en el sistema de protección de menores de un país europeo no es comer y tener donde dormir, es supervivencia emocional: es identidad y pertenencia, algo que un centro residencial no puede darles y que las mafias aprovechan”, explica Pareda.

El “plan de choque” anunciado por el Gobierno frente a la explotación de menores bajo tutela pública, que prevé tener esbozado en marzo, incorporará una “estrategia para avanzar en la acogida familiar”. Algo que, de hecho, la ley de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, del 2015, ya recoge como recurso prioritario respecto al residencial.

Ahora bien, profesionales e investigadoras coinciden en que, además de que los entornos familiares de acogida sustituyan la institucionalización en centros, es fundamental actuar antes, más y mejor con las familias de origen para evitar al máximo las retiradas de custodia. “La intervención con las familias exige estar ahí día sí, día también. Y, además, es insuficiente. Pero no hacerlo supone también un error sumamente grave”, denuncia Carlos Gallego, miembro del Consejo General de Colegios de Educadores y Educadoras Sociales.

A raíz de las denuncias de explotación de menores que han saltado a la los medios y a la arena partidista, Pareda advierte de que el foco se está limitando a la cola del problema: “El bienestar de los menores tiene que garantizarse antes, para que no lleguen al sistema de protección”, reclama. Llevar a las casas estrategias para evitar o revertir negligencias, motivo principal de las retiradas de custodia, es una forma de reducir “enormemente”el riesgo de victimización infantil, afirma la experta. Algo que, insiste, no ocurre en exclusiva en las familias que los servicios sociales siguen de cerca por sus necesidades económicas, aunque en estratos socioeconómicos más acomodados queda más al margen de la intervención del sistema de protección público.