PorTodas y Vox en Castilla y León: un caso práctico

Hay una pintura en un muro de Ponferrada en el que se ve a una chica con una mochila, la concha del Camino de Santiago y un mensaje: «Stop a la violencia machista». La obra, que pretende concienciar a las personas que pasan por el albergue de la localidad leonesa, fue creada por el artista berciano Asier Vera. Y justo en una de las calles que desembocan en el consistorio, sobre el suelo, como en Hollywood, luce una placa dedicada a la dramaturga Laila Ripoll, que ha analizado en su obra los efectos de la violencia de género. Es julio de 2021. Por la ciudad acababan de pasar varias expertas en una nueva edición de la Universidad Feminista de Ponferrada.

Son algunos detalles de una de las historias documentadas en PorTodas, el proyecto de investigación impulsado por La Marea en el que analizamos, con la perspectiva que ofrece el tiempo, los crímenes machistas cometidos en 2014. 

En todos ellos analizamos qué ha sucedido hasta ahora. Y en todos ellos, a pesar de los errores detectados, comprobamos que, con más celeridad o menos, con más o menos eficacia, a lo largo de los años casi siempre se producen avances, especialmente en la legislación. La entrada de Vox en el Gobierno de Castilla y León, sin embargo, permite observar de manera clara lo que puede suponer un retroceso histórico en la lucha contra la violencia machista.

Sobre lo acontecido tras esta historia en concreto, referido a una mujer de 63 años cuyo feminicidio está registrado en las estadísticas oficiales y es negado aún hoy por algunas personas como un caso de violencia machista, la novedad más destacada en la Administración era la actualización de la ley de violencia de género, que estaba ultimando la Junta de Castilla y León, gobernada hasta hace solo unos días por el PP.

El texto del anteproyecto reconoce más formas de violencia, como la vicaria o las digitales, promueve una mejor y más efectiva detección y prevención de estas situaciones, y favorece una atención más universal. Durante su presentación, en septiembre del pasado año, la entonces consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, insistió en que la lucha contra la violencia de género es un compromiso personal del presidente Alfonso Fernández Mañueco y de todo el Ejecutivo autonómico, y recordó la importancia que tiene pasar de las palabras a los hechos.

Apenas medio año después, aunque Mañueco sigue siendo presidente y dice que la ley de violencia de género (vigente desde 2010) no se tocará, habrá que ver si los hechos no se quedan ahora en palabras. El vicepresidente de Castilla y León es ya Juan Gallardo, el líder de Vox en esta comunidad autónoma, y dice lo siguiente: «Vamos a tratar a todas las víctimas por igual, sean hombres o mujeres». No es ninguna novedad. Abascal y los dirigentes de su partido piden a diario la derogación de las leyes de violencia de género y, en ocasiones, llegan incluso a negarla.

De momento, Mañueco ya ha aceptado la imposición de Vox de crear una Ley de violencia intrafamiliar, que es, en el fondo, aceptar el discurso antifeminista de Vox. Pese a las estadísticas y el sentido común, que dicen lo contrario, ha llegado a justificar que ambas leyes son necesarias y complementarias. “Las dos normas son necesarias, las dos normas son compatibles y las dos normas son complementarias”, afirmó el dirigente del PP. ¿Qué ocurrirá entonces con la actualización de la ley? ¿Seguirá adelante? ¿En qué términos?

La confección de la norma, según explicaba la Junta antes de que la ultraderecha entrara en el Gobierno, se sustenta en tres pilares. El primero es la propia actualización de la propia norma para dar encaje en ella a la realidad social vigente. En segundo lugar, el texto incide en la prevención, detección y evaluación como herramientas fundamentales para avanzar en la lucha contra la violencia machista: “Tareas en las que implica al conjunto de la sociedad civil –para consolidar una cultura de rechazo hacia la violencia de género– y al propio agresor –al que convierte en destinatario de medidas de preventivas, de sensibilización y atención–”. Y el tercer pilar es la modificación de los modelos de atención a las mujeres víctimas, “al pasar de un enfoque exclusivamente asistencialista a otro más avanzado, que incluye el apoyo en los procesos para la recuperación de su autonomía personal y la restitución de sus derechos vulnerados”.

La violencia de género se define en esta norma como cualquier acto de violencia que se ejerce contra las mujeres por el hecho de serlo, que tenga o pueda tener como resultado el daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico. –¿Suscribe Vox esta afirmación?– Se incluyen en esta denominación las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad –tanto si se produce en la vida pública, como en la privada–, comprendiendo las distintas formas de violencia física, psicológica, sexual y económica, que se producen en los ámbitos de la pareja, familiar, laboral y sociocomunitario.

El ámbito de aplicación de la norma en ese anteproyecto se extiende y, con ello, se amplía la protección a más personas. “Cita expresamente –dice un comunicado de la Junta– a mujeres trans, niñas y adolescentes en situación de violencia de género, pero también a los menores que se encuentren bajo su patria potestad o guarda y custodia, así como a los familiares, por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado inclusive, que convivan con ella. Bajo el paraguas de esta ley figuran también las mujeres castellanas y leonesas retornadas, que hayan sido víctimas de violencia de género en otro país”.

Aparte de la vicaria y la digital, la norma abarca también la llamada ‘violencia de segundo orden’, que incluye los actos de violencia física o psicológica, represalias, humillaciones y la persecución ejercidas sobre las personas que apoyan a quienes sufren la violencia de género, así como las acciones que impidan la prevención, detección, atención y recuperación de las víctimas.

Junto a ello, se regularía también por primera vez la violencia institucional, que comprende las acciones u omisiones que se realizan desde la administración pública con el fin de diferir, obstaculizar o impedir el acceso a derechos para una vida libre de violencia.

Es la primera vez que en los casos documentados en PorTodas, casi ocho años después de los feminicidios, encontramos un retroceso de este calibre, que, a su vez, contribuye a dar alas a una mentalidad contraria a los valores de igualdad aún vigentes en algunos sectores de la propia sociedad. No olvidemos tampoco que el caso Nevenka ocurrió aquí.