Economía | Internacional
Maxam, una industria controvertida
La división militar de Maxam, Expal, ha utilizado las puertas giratorias para atraer a ex altos cargos de las Fuerzas Armadas y el CNI
La demanda y denuncia del presidente Volodímir Zelenski en su intervención en el Congreso de Diputados de España de que tres empresas españolas –Porcelanosa, Sercobe y Maxam– tienen actividades industriales en Rusia ha levantado gran expectación. De estas tres empresas, la que merece una mayor atención es Maxam debido a que es una gran productora de explosivos tanto de carácter civil como militar.
MaxamCorp es heredera de la firma creada por Alfred Nobel en 1872 en Galdácano, la Sociedad Española de la Dinamita Privilegios Nobel, que posteriormente, en 1896, se integra en Unión Española de Explosivos y que después de diversas transformaciones, en 2006, es adquirida por José Federico Sánchez Junco que ostentó el 50% del capital; Vista Capital, controlada por el BSCH y otras entidades financieras del exterior con porcentajes inferiors, se quedó con con un 23%.
En 2020, Maxam fue adquirida por Rhone Capital, fondo estadounidense que ostenta el 71% de las acciones, quedando el 17,5% en manos tres grupos (Euro Park, Mecamur y Opera Holding) de carácter muy opaco con domicilio en las Islas Caiman y, el resto de acciones, entre directivos y algunos trabajadores de la compañía.
Maxam es un importante grupo empresarial transnacional español dedicado exclusivamente a la fabricación de explosivos en el terreno civil para la construcción de carreteras, minería y obras públicas con industrias en más de 60 países de todo el mundo y una plantilla que ronda los 6.000 trabajadores. Además de la propia Rusia, donde cuenta con unos 250 empleados, también tiene factorías en Camerún, Ghana, Malí, Colombia, Marruecos, Kazajstán, Burkina Faso o Turquía, solo por indicar algunos países.
Pero lo más llamativo es que tiene una división de carácter militar ubicada en España que suministra habitualmente al Ministerio de Defensa español y exporta a muchos países del exterior. Esta división con el nombre de Expal Systems, S.A. también agrupa a diversas empresas propiedad de Maxam, que puso a presidir Expal al ex almirante Francisco Torrente, anteriormente secretario general de Política de Defensa del Ministerio de Defensa español; sustituido más adelante por otro almirante retirado, José Luis Urcelay Verdugo, ex jefe de Estado Mayor de la Armada. A estos se añadieron personajes tan singulares en su consejo de administración como Jesús del Olmo Pastor, ex director del CESID (hoy CNI); posteriormente lo hizo Jorge Dezcallar, ex director del CNI (hoy dimitido); o el experto en temas militares y miembro de la dirección del ultraderechista Vox, Rafael Bardají.
Unos ex militares que en los últimos años hemos visto como a través de las llamadas puertas giratorias se incorporaban a la dirección de las más importantes industrias militares españolas. Navantia, Airbus e Indra mantienen en su dirección a ex altos mandos de las fuerzas armas españolas para así favorecer a través de sus contactos e influencias ventas de armas al Ministerio de Defensa o ayudar en las exportaciones de estas empresas al exterior.
Algo que se constata en Expal, el más importante fabricante de material militar del subsector de municiones, proyectiles, espoletas, carcasas y granadas, que también participa en la fabricación de misiles como el Iris-T para el avión F-2000 español. Una empresa que, en el pasado, hasta su prohibición en España, fabricó las peligrosas minas antipersona y bombas de racimo o clusters, de similar efecto que las minas y consideradas por sus efectos indiscriminados sobre la población civil como armas de destrucción masiva. Tras la llegada de Francisco Torrente y, después, de José Luís Urcelay a la dirección de Expal, esta empresa se convirtió en el principal suministrador de proyectiles de todo tipo de calibres, así como de granadas y bombas a las fuerzas armadas españolas. Expal, en 2019 (últimos datos disponibles), facturó 434 millones de euros y cuenta con una plantilla de 975 empleados.
A su vez, la división militar de Maxam es un gran exportador de armas que suministra habitualmente a muchos ejércitos. Sin embargo, debido al secretismo que rodea el comercio de armas, solo es posible conocer que se han vendido material armamentístico a Marruecos, Turquía, Israel y otros países de Oriente Medio. Países que mantienen ocupados territorios donde ejercen una fuerte represión de los derechos humanos de las poblaciones en Sáhara Occidental, Kurdistán y Palestina. Por su parte, las minas fabricadas por Expal han infectado las tierras de países como Colombia y Sáhara Occidental.
Una empresa que, en el pasado, fue investigada por Naciones Unidas tras descubrirse que el ejército de Sadam Hussein había utilizado carcasas que contenían gas mostaza (un arma química prohibida) durante la guerra Irak-Irán de 1984.
No hay constancia de exportaciones de armas a Rusia debido a que, desde 2014, existe un embargo de armas sobre este país decretado por la Unión Europea tras los conflictos acaecidos en Ucrania tras la revuelta o revolución del Maidán y la intervención rusa en Crimea y el Dombás. Pero ello no impide que Maxam/Expal en sus factorías en el exterior no las pueda producir y suministrar. Lo que sí resulta sorprendente es que tras los datos expuestos, la ministra de Defensa, Margarita Robles, afirmara, tras escuchar la admonición de Zelensky, que “es inaceptable” que una firma española haga negocios en Rusia, cuando las actividades de Maxam/Expal deberían ser bien conocidas por la ministra.
Quizá es que los asesores de Margarita Robles no la informan de las empresas que suministran armamentos a las fuerzas armadas españolas.
Pere Ortega es miembro del Centre Delàs d’Estudis per la Pau
Piden a los grupos parlamentarios del Congreso que rechacen el Acuerdo de Inversiones entre España y Colombia
El 7 de abril está prevista la votación en pleno del Congreso de las Diputadas y los Diputados del Acuerdo entre el Reino de España y la República de Colombia para la promoción y protección recíproca de inversiones.
Más de 60 organizaciones del Estado español han firmado y enviado una carta a todas las diputadas y diputados pidiendo el voto contrario a este Acuerdo.
Más de 60 organizaciones del Estado español han firmado y enviado una carta a todas las diputadas y diputados pidiendo el voto contrario a este Acuerdo. Para las entidades firmantes, es inadmisible firmar este tipo de acuerdo con un país como Colombia, en que la violencia política y las violaciones sistemáticas de derechos humanos están a la orden del día y en el que precisamente las inversiones españolas han contribuido en muchos casos a agravar esta situación. Impactos negativos de las inversiones españolas, como desplazamientos forzados de poblaciones o acaparamiento de tierras han sido documentados en los casos de megaproyectos como la represa de Hidroituango o la ampliación del puerto de Buenaventura entre otros. Además, las organizaciones denuncian que los mecanismos de proteción de la inversiones garantizan a las empresas españolas una protección suprema a través de tratados y normas vinculantes, mientras que para los derechos humanos y el medioambiente se establecen compromisos voluntarios que carecen de aplicabilidad. El Acuerdo incluye el mecanismo de solución de controversias inversor – Estado (ISDS), que ha causado amplia polémica por su inclusión en otros tratados de comercio e inversiones, que genera asimetrías entre inversores nacionales y extranjeros y restringe la capacidad regulatoria de los Estados entre otros problemas.