Jornaleras de Huelva en Lucha denuncian incumplimientos generalizados del convenio

“Reflexionemos”. Esa era la invitación de los organizadores de la I Jornada de Reflexión sobre el Entorno Agrícola Onubense, que tuvo lugar en Huelva los días 6 y 7 de abril. La propuesta era tomarse un tiempo para pensar las implicaciones del modelo intensivo de agricultura, que se ha fomentado los últimos años en la provincia andaluza, cada vez más especializada en la exportación de fresas y frutos rojos. Las condiciones laborales en los tajos, el uso intensivo del agua, el rol de los supermercados y la sobreexplotación de las personas migrantes fueron algunas de las cuestiones que se desgranaron en estos dos días de intensas mesas y debates, de las que participaron invitados de varios países. Lo que sigue son algunas pinceladas de lo que se habló, que puede verse en el canal de Youtube.

Ana Pinto, cofundadora de Jornaleras de Huelva en Lucha (JHL), describió los incumplimientos generalizados del convenio en los tajos de Huelva. “El problema no es lo que dice la ley: es que no se cumple el salario mínimo, ni las 39 horas semanales, ni el pago de las horas extras ni del kilometraje”, y que las elecciones sindicales brillan por su ausencia en los tajos. El presidente de la Unión de Pequeños Agricultores de la Provincia de Huelva (UPA), Manuel Piedra, llamó a no hacer generalizaciones con respecto a los empresarios freseros, a lo que Pinto respondió: “Que se abran las cancelas [de las fincas] y así podemos ver lo que hay”. Pinto tendió la mano a los pequeños productores de UPA: “Vamos a luchar juntos, por precios justos y por condiciones laborales dignas”, dijo, en referencia a los bajos precios que imponen las grandes cadenas distribuidoras.

Por su parte, Najat Bassit, de JHL, describió algunos de los abusos a los que se enfrentan las temporeras marroquíes que trabajan en los frutos rojos: desde cobrarles por alojarse en las fincas a obligarles a pagar seguros médicos privados y abusivos. Por su parte, Grazia Mosquetti de Action Aid y Emmanuelle Helio, del colectivo Codetras, describieron situaciones muy semejantes en el sur de Italia y de Francia, respectivamente.

Desde hace años, los invernaderos de la fresa se sostienen sobre el trabajo de las personas que llegan con contratos de origen –de Marruecos, y desde este año, de Ecuador y Honduras – así como de la población migrada que procede de estos y otros países, como Senegal. Miles de personas habitan en asentamientos de chabolas en municipios como Palos de la Frontera, Lucena del Puerto y Lepe. Los ayuntamientos no facilitan el empadronamiento de estas personas, como retrata el documental Vecinas: vivas donde vivas -de Alianza por la Solidaridad, producido por Entre Fronteras y financiado por la Junta de Andalucía-, que se emitió en la jornada. En la mesa que siguió al visionado, el alcalde de Lucena del Puerto, el independiente Manuel Mora, se justificó aludiendo a las dificultades que implica empadronar “en monte público”.

Durante un agitado debate, se recordó que la protección del monte público no ha sido un obstáculo para que allí se implanten, durante años, fincas freseras. Las intervenciones de Gemma Casal, de Fruita amb Justícia Social, y Seydou Diop, portavoz de la campaña Regularización Ya!, aludieron al racismo institucional de la Ley de Extranjería: “Hemos deshumanizado a las personas desde las administraciones”, afirmó Casal. Diop, por su parte, lamentó haber conocido, tras la invasión de Ucrania, que había en España tantas viviendas disponibles para ofrecer mientras que ellos llevan años viviendo en los asentamientos: “Somos esenciales en este país”, destacó.

Otra cuestión central que se debatió en la Jornada fue la del agua. “Estamos haciendo las cosas al revés: se está fomentando un modelo de producción de frutas y hortalizas que requiere un uso de agua intensivo, y ese es un recurso que no tenemos”, afirmó Felipe Fuentelsaz, de WWF. El caudal del agua en Doñana, aclaró, ha disminuido en un 60%. Sin embargo, que los acuíferos que alimentan el mayor humedal de Europa se hayan declarado sobreexplotados no ha impedido que el gobierno andaluz esté impulsando la amnistía para los regadíos ilegales de los frutos rojos. Nada más lejos del criterio ético que enfatizó Pedro Arroyo, relator de la ONU para el derecho humano al agua y el saneamiento: “El agua que es indispensable para la vida debe ser garantizada; el uso de agua para la economía es legítimo, pero no puede ser prioritario”.

En definitiva, las jornadas evidenciaron las costuras de un modelo de desarrollo que se apoya sobre la explotación de cuerpos y de territorios. Sirvan para concluir las palabras de la jornalera Ana Lepe: “Queremos trabajar en el campo, pero con derechos y con dignidad”.