Estas son las medidas del Gobierno contra las consecuencias de la guerra

16.000 millones de euros de recursos públicos: 6.000 millones de ellos en ayudas directas y rebajas de impuestos, y 10.000 a través de una nueva línea de avales gestionados a través del ICO. Es el desglose general del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, aprobado por el Consejo de Ministros mediante un Real Decreto-ley.

Los objetivos marcados por el Gobierno son bajar el precio del gas, la electricidad y los carburantes para ayudar, en particular, a los colectivos más vulnerables; apoyar a los sectores y a las empresas más afectados y particularmente a pymes y a autónomos; reforzar la estabilidad de precios; garantizar los suministros; proteger la estabilidad financiera; acelerar el despliegue del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia; impulsar la eficiencia energética y reforzar la ciberseguridad.

«Se trata de repartir de forma justa los efectos de la guerra y preservar al máximo la senda de crecimiento y de creación de empleo iniciada ya en 2021», ha afirmado la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño. Por su parte, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha insistido en que las medidas aprobadas protegen a las familias, a los trabajadores y trabajadoras y al tejido productivo y permitirán, como sucedió durante la pandemia, «salir juntos» de esta crisis.

Díaz ha explicado que se ha incorporado como novedad que cualquier despido que se produzca por causas relacionadas con el incremento de los precios de la energía se considerará injustificado. Además, para reducir el impacto de la inflación, la norma incluye una revalorización de un 15% del Ingreso Mínimo Vital y una limitación extraordinaria de la actualización anual de la renta de los contratos de arrendamiento de vivienda hasta el 30 de junio de 2022. Salvo pacto en contrario, no podrá superar la variación del Índice de Garantía de Competitividad (IGC), actualmente situado en el 2%.

La vicepresidenta segunda también ha indicado los dos procedimientos que se pondrán en marcha para proteger a las víctimas de la invasión rusa de Ucrania. Por un lado, evitar que las mujeres caigan en manos de redes de trata o sacarlas de ellas de manera «rápida y eficaz»; y, por otro, diseñar, de acuerdo con las comunidades autónomas, un sistema de acogimiento de refugiados por parte de familias.

Ayudas directas

Entre los sectores beneficiados, Calviño ha enumerado algunos de los más afectados que recibirán ayudas directas. Habrá 362 millones de euros para agricultura y ganadería; 68 millones de euros para el sector pesquero; más de 500 millones de euros en ayudas a los grandes consumidores de electricidad y 125 millones de euros para la industria de gas intensiva.

Respecto a las medidas destinadas a garantizar la liquidez de las empresas y los autónomos, Calviño ha explicado que los avales por 10.000 millones de euros que gestionará el ICO podrán concederse hasta el 31 de diciembre de 2022 y tendrán un periodo de carencia de 12 meses.

Por otro lado, se flexibiliza el Código de Buenas Prácticas aplicable a todos los avales vivos correspondientes a los créditos COVID, de forma que ya no sea necesario que la cifra de negocios en 2020 se haya reducido más de un 30% con respecto a 2019 para poder acceder a una ampliación del plazo de vencimiento. Asimismo, se habilita un periodo de carencia de seis meses a petición de los deudores en los sectores más afectados y se establece la obligatoriedad para las entidades financieras de mantener las líneas de circulante para todos los clientes.

El transporte

El sector del transporte será el principal beneficiario de la bonificación mínima de 20 céntimos por litro de combustible y las empresas de transporte de mercancías y pasajeros recibirán, además, 450 millones de euros en ayudas directas.

Otras medidas son la reducción a un mes del plazo de devolución del Impuesto sobre Hidrocarburos y una bonificación adicional del 80% a la tasa del buque y la tasa de mercancía en líneas marítimas de conexión entre la Península y los puertos extrapeninsulares pertenecientes al Sistema Portuario de titularidad estatal.

La dimensión del impacto de la energía va más allá de los colectivos más vulnerables, por lo que las disposiciones adaptadas hoy «están pensadas también para las clases medias, los trabajadores, las pymes y los autónomos», ha afirmado la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera.

Con este objetivo, ha recordado que el Consejo Europeo de los pasados 24 y 25 de marzo acordó que España y Portugal podrán aplicar un mecanismo temporal y extraordinario para minorar el impacto del precio del gas natural en la configuración del mercado mayorista de la electricidad.

Por otro lado, se extiende hasta el 30 de junio el tratamiento fiscal extraordinario que recibe la electricidad desde el verano pasado, con una disminución del 10% del IVA, la suspensión del 7% del impuesto a la generación y una reducción del 0,5% del impuesto especial de electricidad. Además, el bono social eléctrico se flexibiliza y beneficiará no solo a las familias sino a las personas convivientes en el mismo domicilio, y se renovará de forma automática los próximos dos años. E incluirá automáticamente a todos los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital.

Por otra parte, se prorroga la prohibición de incrementar la factura del gas en más de un 5% por trimestre para los consumidores que tienen contratada la Tarifa de Último Recurso. Ribera también ha destacado la bonificación mínima de 20 céntimos en cada litro de combustible hasta el 30 de junio, anunciada un día antes por el presidente del Gobierno. El Ejecutivo aplicará una rebaja de 15 céntimos y las petroleras, un mínimo de 5. Y se actualiza el régimen especial del que disfrutan las plantas que producen energía renovable para que no reciban más recursos de los que les corresponden según la legislación vigente. Esta medida permitirá liberar 1.800 millones de euros que se destinarán a reducir la parte fija de la factura eléctrica de los hogares.

Y, entre otras medidas, el Gobierno también ha aprobado el Plan Nacional de Ciberseguridad con una inversión de más de 1.200 millones de euros y la transposición a la legislación nacional de la normativa europea sobre integridad y seguridad relativas al despliegue del 5G.