Los vientos que soplan tras la ‘ofensiva’ de AMLO contra España

«Es el caso de las empresas españolas, sí. Ahora no es buena la relación, y a mí me gustaría que hasta nos tardáramos en que se normalizara para hacer una pausa, que yo creo que nos va a convenir […] al pueblo de México y al pueblo de España”. Con estas palabras, durante su conferencia matutina del pasado 9 de febrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció su intención de “pausar” las relaciones económicas entre México y España. “Nos saqueaban”, dijo AMLO (las siglas por las que se le conoce), y señaló a algunas multinacionales y a los expresidentes que, según denunció, les abrieron las puertas y les pusieron alfombras rojas: “[Felipe] Calderón tenía a Repsol, Iberdrola viene de [Vicente] Fox”.

El ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, mostró su “sorpresa” tras estas declaraciones, que posteriormente fueron matizadas por el propio López Obrador: “Es solo un comentario, una plática aquí, una conversación. ¿Que ya no puedo hacer comentarios?”, dijo después. Asimismo, añadió que no se iban a concretar en una medida formal: “Eso no se puede hacer, imagínese los internacionalistas, los diplomáticos, si de por sí me cuestionan porque soy de Tepetitán, un aldeano…”.

Un ex alto cargo de la administración, conocedor de las relaciones entre ambos países, asegura que “los exabruptos regulares” del presidente mexicano sirven para tapar los problemas internos de su gobierno: “Sube el volumen cuando quiere desviar la atención. Es algo recurrente”. No cree, por tanto, que aquellas declaraciones vayan a suponer un problema real para las compañías españolas: “No hay que dejarse impresionar. México es un mercado muy importante para las empresas de aquí, pero es que estas empresas son también muy importantes para México. Su presencia en el país no es coyuntural, sino a largo plazo”, añade la misma fuente. La Embajada de México en España ha declinado responder a las preguntas enviadas por La Marea. El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo tampoco ha respondido.

Las empresas españolas representan la segunda mayor inversión extranjera en México, con unos 76.000 millones de dólares al cierre del tercer trimestre de 2021. Esto supone el 12% de la Inversión Extranjera Directa (IED) en el país, solo superado por Estados Unidos. Según el Directorio de empresas españolas establecidas en México que elabora ICEX España Exportación e Inversiones, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, más de 850 multinacionales españolas están establecidas en el país norteamericano.

Entre ellas, se encuentran la mayor parte de las que componen el IBEX 35. Diez de las empresas que conforman este índice -Bankinter, Almirall, CaixaBank, Colonial, Cellnex, Ferrovial, IAG, Merlin, Red Eléctrica y Rovi- no tienen presencia ni filiales mexicanas, según ha podido recopilar este medio. Pharmamar y Solaria no han respondido a las preguntas enviadas por La Marea. Las energéticas españolas han sido las más señaladas por López Obrador, ya que son las de mayor envergadura, y también las que más escándalos y denuncias acaparan.

Iberdrola y la transición

La ‘ofensiva’ de AMLO contra las empresas españolas no se entiende sin la Reforma Eléctrica que pretende llevar a cabo para favorecer las plantas estatales de generación de energía y reducir así el negocio de las privadas, normalmente en manos de empresas extranjeras. Con este cambio, el 54% de la energía deberá ser producida por la Comisión Federal de la Electricidad (CFE). Este anuncio puso en pie de guerra a empresas como Iberdrola, que en 2019 produjo el 16% de la energía del país, lo que la convirtió en la mayor productora.

La multinacional española se ha enzarzado en una batalla legal contra la reforma mexicana al considerar que “viola el principio de legalidad”. De aprobarse, se cancelarán los contratos ya firmados por las compañías privadas, que pierden el derecho –y el beneficio– de vender energía directamente y solo podrán suministrar a la CFE. Además, caen las llamadas plantas de autoabastecimiento, unas instalaciones privadas que generaban energía verde a precios más baratos debido a la financiación del Estado para favorecer, supuestamente, las energías renovables. La ley energética elaborada por el gobierno priista de Enrique Peña Nieto en 2013 puso las renovables en manos de empresas privadas.

La CFE cuenta con plantas muy antiguas, fruto de años de desinversión, que solo producen energía con ciclo combinado. “Se ha privatizado totalmente la transición energética. Es un pez que se muerde la cola: sin inversión, la CFE no puede hacer frente a los retos climáticos, a la vez que peligran las inversiones porque no puede producir energía verde”, explica Júlia Martí, investigadora del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL). De hecho, la amenaza de desinversión es la principal arma que están usando empresas y organismos como la Unión Europea para tratar de frenar la reforma de AMLO.

Mientras Iberdrola cancelaba en junio pasado una inversión de 1.000 millones de euros, la UE alertaba a través de su embajador en México, Gautier Mignot, de que la reforma provocaría que “muchas empresas reduzcan sus inversiones” y advertía de que “cuando se tiene un contrato, hay que respetarlo”. Estos contratos se remontan a la ley energética de 2013, que “se fraguó de la mano de las empresas”, sostiene Martí, quien recuerda que después de una reunión entre el entonces presidente Peña Nieto y el lehendakari Iñigo Urkullu, el país azteca agradeció literalmente el papel de las empresas españolas en la elaboración de la ley.

Detrás de la reforma

Según el ex alto cargo del Gobierno español, la empresa privada tiene las de ganar, porque AMLO se “topa con el Parlamento y el Tribunal Constitucional, que están parando la reforma”. El gran problema, según esta fuente, es que México enfrenta una reforma energética “sin una estrategia clara para la descarbonización”. Y esta es también la baza usada por la UE, que ha alertado de que la reforma va en contra del Acuerdo de París. “Se intenta mantener la privatización energética en nombre de la lucha contra el cambio climático, pero hasta qué punto un macroparque eólico es eficiente cuando causa estragos en el territorio y despoja a la población local de sus hogares”, reflexiona Martí.

Muchos de estos macroparques eólicos se encuentran en el Istmo de Tehuantepec (Oaxaca), situado en la parte más estrecha de México. Esta ubicación produce grandes túneles de viento que justifican que la zona sea conocida como La Ventosa. En el istmo hay 29 parques eólicos y más de 2.100 aerogeneradores, que ocupan 100.000 hectáreas. Y el 80% está en manos de transnacionales como Iberdrola, Gamesa, Endesa, Acciona, Naturgy y ACS.

“Las empresas llegaron, según las autoridades, a invertir. Pero no han dejado nada más que saqueos, división y conflictos”, asegura Paulina Ríos, periodista oaxaqueña. El modus operandi es el siguiente: llegan a zonas con baja ocupación y ofrecen precontratos para alquilar las tierras a los campesinos por unos 50 euros al mes durante 30 años, añadiendo a la cesta otros beneficios como empleos, luz más barata y construcción de carreteras o escuelas. Pero los contratos definitivos tenían una letra pequeña que muchos no entendieron y que contenía sorpresas como empleos puntuales, renovaciones automáticas o precios de la electricidad que llegan a estar 10 veces por encima de la media.

Estos son los “contratos leoninos” a los que AMLO promete poner fin con su reforma. Una de las consecuencias más destacadas para la periodista Paulina Ríos es la escalada de violencia entre las personas que, a pesar de todo, quieren vender sus tierras y los colectivos de defensa del territorio que se oponen a ello. Oaxaca es uno de los estados más violentos de México; solo en 2021 hubo 830 asesinatos. 

Esta situación, según la periodista, no se ha arreglado con la llegada de AMLO al poder: “Se siguen dando consultas amañadas para beneficiar a las empresas, mientras la cifra de asesinatos y detenciones sigue creciendo”, dice Ríos, quien se encuentra acogida en Barcelona por haber recibido amenazas a raíz de su ejercicio periodístico.

Este desembarco de empresas se vende a las comunidades como “progreso”, pero Oaxaca, a pesar de ser uno de los Estados con más recursos naturales, está también entre los tres más pobres. Con estos contratos se han perdido los métodos de subsistencia ligados a la pesca y la agricultura. “Han querido aprovechar cada centímetro de tierra para sus beneficios sin pensar en las consecuencias”, denuncia Ríos. Ella recuerda diversos casos de lagos y ríos donde aparecieron centenares de peces muertos a causa de la tremenda vibración generada por las turbinas eólicas.

“En la época del presidente Calderón, la empresa favorita era Repsol”, señaló López Obrador. La multinacional petrolera se benefició de varias decisiones tomadas por su Ejecutivo, que gobernó México entre 2006 y 2012. Ese sexenio, Repsol obtuvo un contrato por valor de 26.000 millones de dólares para traer gas desde Perú. Asimismo, prácticamente con el mandato terminado, la compañía estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) elevó su participación en el capital de Repsol y pasó de controlar un 5% al 9,8%.

La decisión se llevó a cabo desde PMI, la filial de comercio internacional de Pemex. En esos momentos, la directora general de PMI era Rocío Cárdenas Zubieta. Apenas tres meses después de la operación, Cárdenas fue destituida por parte del Gobierno mexicano acusada de vender gasolina a dos compañías internacionales con un “descuento excesivo e injustificado” y le impuso una multa de 284 millones de pesos (15,7 millones de euros al cambio de la época).

Para el sucesor de Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, su “favorita” fue, según López Obrador, OHL, del Grupo Villar Mir. Antes de presidente, Peña Nieto fue gobernador del estado de México entre 2005 y 2011. De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), en 2008, le entregó una concesión millonaria a OHL para la construcción de una carretera que era supuestamente ilegal. Para la licitación, según la fiscalía, no se siguieron las reglas federales puesto que la propuesta económica de la española era 40 veces menos rentable que la de una competidora.

Acciona y FCC, claves

Cuando AMLO llegó a la presidencia a finales de 2018, comparó ese momento con hechos clave de la historia mexicana tales como la independencia, la reforma de Benito Juárez o la revolución de Porfirio Díaz. Por eso se refiere a su sexenio como “la cuarta transformación”. “La clave de este periodo es el desarrollismo, concretado en un proyecto energético autosuficiente y una gran red de infraestructuras que van a conseguir empujar el capitalismo una década más, generando grandes beneficios para unos pocos y grandes daños para el resto”, afirma Raúl Ornelas, investigador del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica (OLAG).

Hay dos proyectos clave: el Corredor Transístmico y el Tren Maya. El primero modernizará los puertos a ambos extremos del Istmo de Tehuantepec y recuperará la vía férrea para mejorar el transporte de mercancías con el Canal de Panamá. El segundo es un proyecto para transporte de personas y cargas por la península de Yucatán de 1.554 kilómetros. En estos proyectos se encuentran nombres de empresas españolas como la consultora UG21 o Azvi, Acciona, CICSA y FCC.

Ambos han levantado grandes olas de protestas entre grupos ecologistas y comunidades indígenas. En 2021 ya se reportaron 144 hectáreas de selva deforestadas por las obras del Tren Maya. Algunos tramos van a ser construidos directamente por el Ejército federal. “Como la tierra ya está en manos de los militares, la oposición al proyecto nunca ha tenido posibilidades reales”, explica Ornelas. Según el investigador, generar una “represión eficiente” es imprescindible para el desarrollismo de AMLO. Las empresas españolas han sabido leer el contexto y han creado “un nuevo marco de neocolonialismo muy preocupante”, asegura Júlia Martí, del OMAL.

En esta línea, para Ornelas es imprescindible que el pueblo español se pregunte por qué los bancos españoles se pueden mantener en posiciones predominantes en México o por qué Iberdrola se ha hecho gigante. “Porque trabajan en condiciones de explotación, expoliando tierras y destruyendo comunidades. Esto sucede en México, pero se da en el marco del mismo capitalismo, que permite negocios fraudulentos con el apoyo de los gobiernos a ambos lados del océano”, concluye.