Los últimos escándalos de Ayuso

No hay semana en la que no conozcamos alguna nueva información relacionada con una mala praxis del gobierno de Isabel Díaz Ayuso. La mayoría de las noticias están relacionadas con la contratación pública. Tras el contrato que implica a su propio hermano, el goteo de casos es constante, incluyendo una el pago de 925.000 euros a un socio de la madre de la presidenta madrileña desvelado por el diario Público.

En los últimos días, varias son las noticias relacionadas:

El hermano de Ayuso será llamado a declarar por Anticorrupción

La Fiscalía Anticorrupción decidió a finales del pasado febrero abrir diligencias informativas ante las denuncias que implicaban al hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid en el presunto cobro de comisiones por el contrato de mascarillas que la Consejería de Madrid adjudicó a un amigo de los Ayuso por un valor de 1,5 millones de euros y sobre el cual todavía pesan muchas dudas.

Este 9 de marzo, la Cadena SER asegura que Anticorrupción citará a declarar a Tomás Díaz Ayuso y al empresario amigo, Daniel Alcázar. El objetivo, según este medio, es tratar de conocer “cómo y por qué un empresario sin experiencia en la materia accedió a esa contratación, quién y de qué forma le comunicó que podía acceder a los trámites, y qué papel jugó en la operación, por qué cobró y cuánto el hermano de la presidenta Isabel Díaz Ayuso”.

Asimismo, ya se habría solicitado un informe a la Intervención General de la Administración del Estado para que analice posibles irregularidades en la adjudicación. También se pedirá información bancaria para conocer los conceptos de los pagos que Tomás Díaz Ayuso recibió por parte de la empresa de Alcázar, Priviet Sportive. En un mensaje no oficial, la Comunidad de Madrid reconoció que el hermano de la presidenta ha cobrado 283.000 euros de dicha empresa, si bien argumenta que solo 55.850 euros más IVA corresponden a la comisión o intermediación del mencionado contrato.

La Comunidad de Madrid pagó 38 millones de euros a un empresario venezolano mientras atribuía los contratos a una firma española 

También este 9 de marzo desvela infoLibre que el Gobierno de la Comunidad de Madrid difundió a través de sus canales oficiales de contratos públicos “información falsa sobre cinco adjudicaciones a dedo por emergencia sanitaria valoradas en 38,7 millones”. De acuerdo con esta información, dichos contratos fueron atribuidos a la compañía española Sigma Dental, junto a la cual aparecía un un CIF o NIF muy similar al de Sigma Dental SL, con sede en Granada, aunque difería en un número.

Sin embargo, las licitaciones por valor de 38,7 millones fueron a parar a una empresa de idéntico nombre pero propiedad de un empresario venezolano. De acuerdo con lo publicado por elDiario.es hace un par de años, se trata de Roger Swidorowicz, una persona con vínculos con miembros de la oposición a Nicolás Maduro y cuya compañía se encuentra inscrita en el registro de Florida (EEUU). La Sigma Dental de Swidorowicz fue la segunda mayor receptora de fondos por contratos de emergencia de la Comunidad de Madrid de una lista de 1.253 compañías.

Según ha aclarado la Consejería de Sanidad de Madrid a infoLibre, “Efectivamente, la CM [Comunidad de Madrid] no ha contratado con esa SL de Granada” y reconocen que con quien han contratado “es con una empresa extranjera que carecía de NIF, pero con la que se han tramitado facturas con su identificación internacional”. Asimismo, aseguran que “la incidencia se sitúa en el campo NIF del buscador del Portal de Contratación cuando se realiza la búsqueda por NIF. En las declaraciones de emergencias subidas al Portal no aparece referencia ninguna a la empresa granadina”. El medio digital, sin embargo, ha comprobado que al introducir el nombre “Sigma Dental”, aparecen las cinco adjudicaciones acompañadas del mencionado NIF, que únicamente difiere en un número del de la empresa de Granada.

Una indemnización de más de 1 millón de euros a residencias privadas en contra del criterio de la Abogacía de Madrid

Con la pandemia recién llegada a España, a mediados de abril, el secretario general técnico de la Consejería de Sanidad preguntó a la Abogacía General de la Comunidad de Madrid si debían indemnizar a las residencias privadas por el traslado de mayores a sus centros durante el estado de alarma. 

La institución pública respondió que estos centros “no tienen derecho al abono de contraprestaciones económicas” según la legislación de emergencia. Sin embargo, dejó la puerta abierta debido a la Ley de Expropiación Forzosa, y que podría ser  “un cauce adecuado” para hacerlo siempre bajo determinados “condicionantes” expuestos en el documento al que ha accedido Radio Madrid.

A partir de noviembre, las residencias comenzaron a emitir reclamaciones solicitando pagos a través de la mencionada norma. El gobierno de Ayuso decidió pagar más de un millón de euros a un total de 15 centros. “Ahora sabemos que lo hizo obviando las limitaciones de las que alertó el equipo de abogados de la Comunidad”, explica la Cadena SER. En el informe, los letrados aseguran que la vía no está “suficientemente debatida” y piden “prudencia” a la hora de tomar una decisión. Sin necesidad de acudir a los tribunales para aclarar las dudas, la CAM decidió aceptar las reclamaciones de las residencias y desembolsar dicha cantidad de dinero público. 

Desde la Consejería de Sanidad, no obstante, aseguran que “es rotundamente falso que se reconociera una indemnización en contra de las conclusiones señaladas por el informe de la Abogacía General” y sostienen que todos los expedientes de indemnización “han sido analizados y fiscalizados favorablemente, y con carácter previo a su firma, por la Intervención de la Comunidad de Madrid”.

Otro contrato por procedimiento de emergencia a una exconcejala del PP en alcorcón

A pesar de haber pasado el peor momento de la pandemia, la Comunidad de Madrid sigue adjudicando contratos por procedimiento de urgencia, es decir, saltándose los controles propios de la contratación pública. Uno de los últimos ha ido a parar a la empresa de una exconcejala del Partido Popular en Alcorcón. Silvia Cruz Martín fue edil del PP entre entre 2011 y 2017 y, en la actualidad, dirige Ariete Seguridad, una compañía especializada en vigilancia.

Desde el inicio de la pandemia, se le han adjudicado diferentes contratos para la seguridad de Hospital Isabel Zendal, todos a dedo y de urgencia, tal y como ha contado lamarea.com en diferentes ocasiones. Un procedimiento que tenía su explicación en la respuesta inmediata que requería la lucha contra la COVID-19. Sin embargo, el gobierno de la Comunidad de Madrid sigue utilizándolo en la actualidad. Según figura en el Portal de Contratación, Ariete Seguridad ha vuelto a ser elegida para dichas labores el primer semestre de 2022 por 987.413,71 euros (IVA incluido).

El contrato, firmado por el viceconsejero de Asistencia Sanitaria y Salud Pública, Antonio Zapatero Gaviria, resuelve «Declarar la Emergencia en la tramitación del expediente de contratación […] para afrontar la situación de emergencia sobrevenida por la infección de coronavirus COVID-19″ a pesar de que pasan dos años de inicio de la pandemia.