De Afganistán a Ucrania: las mujeres que no podrán manifestarse este 8-M

La militarización de las regiones orientales de Ucrania afectadas por el conflicto en los últimos años ha provocado el aumento de la violencia de género y ha reducido el acceso de las mujeres a servicios esenciales. Es una constante que ahora, tras la invasión rusa, se extiende a todo el país, según denuncia Amnistía Internacional. La organización destaca este 8-M cómo los dos últimos años, con la pandemia como protagonista, han tenido un impacto desproporcionado en las mujeres y las niñas de todo el mundo.

«Ha aumentado la violencia de género en el ámbito familiar, ha empeorado la inseguridad laboral para las mujeres, se ha erosionado el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, la presencia de las niñas en las escuelas se ha reducido de forma espectacular en muchos lugares. Quienes ya eran las más marginadas han sufrido las peores consecuencias», denuncia. 

Las mujeres y las niñas afectadas por la guerra en Ucrania se suman ahora a los millones que sufren el inexorable coste humano del conflicto armado desde Siria hasta Yemen, pasando por Afganistán y mucho más allá. «Aumenta la militarización de la vida diaria mientras proliferan las armas, la violencia se intensifica y se redirigen los recursos públicos a apoyar el gasto militar: todo esto se cobra un precio elevado e insostenible en la vida cotidiana de las mujeres y las niñas. Hoy, en toda Ucrania y en la región en general, las mujeres y las niñas corren, una vez más, un grave peligro», insiste la organización.

La situación en Afganistán 

Amnistía Internacional recuerda que, desde agosto de 2021, los talibanes han impuesto enormes restricciones a los derechos de las mujeres y las niñas en todo Afganistán. A las mujeres se les ha dicho que no pueden volver a su lugar de trabajo ni viajar en público si no van acompañadas de un tutor varón. Las niñas mayores de 12 años ya no tienen acceso a la educación. Se está destruyendo un sistema que, si bien era imperfecto, fue trabajosamente negociado para mejorar la protección de las mujeres frente a la violencia de género. Y ahora, abogados y abogadas, miembros de la judicatura, el personal de los refugios y otras personas que han trabajado años para permitir que ese sistema funcionara efectivamente corren, a su vez, peligro. 

“Las leyes, políticas y prácticas de los talibanes están sirviendo para deshacer los logros en materia de derechos humanos por los que el pueblo de Afganistán ha luchado durante décadas. Pese a las valientes protestas de mujeres en todo el país, los talibanes siguen empeñados en construir una sociedad en la que las mujeres sean ciudadanas de segunda clase. ¿Con restricciones a la libertad de circulación, privadas de educación, sin oportunidades para trabajar y obtener ingresos, y sin protección frente a la violencia de género? Eso es intolerable. Es una vergüenza para todos los responsables y también para todos los que guardan silencio ante ello”, explica Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía. 

Violencia de género en Etiopía 

La violencia de género viene siendo una característica persistente de los conflictos armados que han continuado y se han extendido en los últimos doce meses. En Etiopía, Amnistía Internacional ha denunciado actos generalizados de violencia sexual perpetrados en la región de Tigré por fuerzas etíopes y eritreas, y en la región de Amhara por fuerzas de Tigré.

Estos ataques constituyen crímenes de guerra y pueden constituir crímenes de lesa humanidad. Muchos de los ataques documentados por Amnistía Internacional –como las violaciones en grupo– fueron cometidos por múltiples perpetradores delante de familiares de la víctima. En algunos casos, las agresiones incluyeron actos de mutilación sexual o fueron acompañadas de comentarios ofensivos sobre la etnia y amenazas. 

Desmantelamiento de salvaguardias legales

En los últimos doce meses también se han producido daños significativos en el marco jurídico internacional de los derechos humanos que existe para combatir la violencia de género. Así, Amnistía destaca la retirada de Turquía del Convenio de Estambul en julio de 2021, un marco pionero e integral para combatir la violencia de género y garantizar los derechos de las sobrevivientes en Europa.

La organización se centra también en los derechos sexuales y reproductivos: «En Estados Unidos ha habido un ataque en toda regla contra el derecho al aborto en el que algunos gobiernos de los Estados han introducido más restricciones al aborto en 2021 que en ningún otro año. En Texas, se promulgó una prohibición casi total, cuya entrada en vigor permitió posteriormente la Corte Suprema, que criminaliza el aborto a partir de las seis semanas de embarazo: antes de que la mayoría de las mujeres sepan siquiera que están embarazadas. Esta prohibición niega a millones de mujeres el derecho a acceder a un aborto sin riesgos y legal. El futuro de la protección constitucional del aborto sin riesgos y legal en el país también corre grave peligro, pues será debatido por la Corte Suprema en junio de 2022».  

Las defensoras de los derechos humanos 

Pese a todos los ataques, Amnistía incide también en los esfuerzos de las defensoras de los derechos humanos: «La defensa de los derechos humanos, las actividades de campaña y la movilización desembocaron en victorias clave para el derecho al aborto en Colombia, México y San Marino. Y mientras Turquía se retiraba del Convenio de Estambul, otros dos Estados –Moldavia y Liechtenstein– lo han ratificado».  

En Eslovenia se ha reformado la la ley sobre la violación para que sea acorde con las normas internacionales tras cambios positivos similares en Dinamarca, Malta, Croacia, Grecia, Islandia y Suecia. Las reformas están en curso en Países Bajos, España y Suiza.

Las activistas y las defensoras de los derechos humanos también están en la vanguardia de la resistencia y las protestas en favor los derechos humanos en otros países como Ucrania, Polonia, Bielorrusia, Rusia, Estados Unidos y Afganistán. «En muchos casos, lo hacen incluso ante amenazas de muerte contra ellas y sus familias o amenazas de prisión y de lesiones corporales. Merecen el apoyo mundial», sostiene Amnistía.