Pequeños países privados

Buckhead, el barrio rico de Atlanta quiere segregarse. La zona, delimitada por dos autopistas, las 75 y la 85, quiere separarse para tener su propia policía. El número de homicidios de 2021 ascendió a 158, un 60% más que antes de la pandemia. Es algo que ha sucedido en otras ciudades y que es bastante habitual cuando se cruzan factores como desigualdad, tensión social, armas, drogas y efectivo circulando. Un modelo económico basado en la inestabilidad del corto plazo produce sociedades inestables donde la solución es el conflicto. Buckhead es la secesión de los ricos. Es el barrio donde vive la clase media alta, además de los millonarios, y donde se concentra la población euroestadounidense de Atlanta. Entre otras personas, allí vive el gobernador del Georgia, el empresario Brian Kemp, que apoya la propuesta. Las instituciones que deberían promover el encuentro optan por la segregación. Repliegue. 

Si a la seguridad le añadimos empleo, desarrollo económico o inversión, tenemos los mantras del discurso político hegemónico. Con esas palabras, no es complicado justificar casi cualquier cosa, desde la destrucción de un parque natural a una dictadura militar. Por eso, no es raro que se hayan escogido estas palabras para impulsar un proyecto que amplía esa idea de secesión económica y social de una manera más extensa: la perspectiva de crear pequeños países privados. Las ZEDE (Zonas de Empleo y Desarrollo Económico) fueron aprobadas por el gobierno de Honduras en 2011 y han tenido un largo recorrido legal hasta llegar a la aprobación en 2020 de los primeros proyectos: Orquídea, Morazán y Próspera. Cuando alguien tiene las ideas claras, cualquier crisis es una buena oportunidad. Es la doctrina del shock.

El modelo se inspira explícitamente en las Regiones Administrativas Especiales de China, como Shenzhen, o el Distrito Internacional de Negocios de Songdo, en Corea del Sur. Pero la idea también bebe de los territorios británicos, como Jersey o Islas Vírgenes, cuya legislación propia los convierte en los paraísos fiscales más utilizados. En el caso de Honduras, el modelo recuerda a la economía de enclave: localización de actividades productivas, como la fruta, destinadas a la exportación y sin integración en el mercado local. Si el deseo del XX era echar a la United Fruit Company, el del XXI es que vuelva. No sé si hay una muestra mayor de hegemonía.

En el caso de los ZEDE, el sector privado, además de elegir al gestor, se hace cargo de la política fiscal, de seguridad y de resolución de conflictos. Es decir, no sólo controla quién puede entrar y salir, sino que fija las normas tributarias y puede establecer una policía, un sistema de persecución y enjuiciamiento de los delitos, y un sistema penitenciario. Esta idea de huir de los tribunales locales también suele estar dentro de los Tratados de Libre Comercio, algo que no parece tan exótico. Evidentemente, también se podrían modificar dos símbolos habituales del imaginario soberanista: moneda y lengua.

De momento, sólo se han aprobado tres pequeños proyectos, todos ligados a la economía de enclave o extractivista: maquila textil, monocultivo agrario y turismo, pero hay más proyectos de ciudades cerradas vinculadas a estos sectores, así como al minero o al de los call-center, como las ciudades Altia. Será interesante ver cómo el nuevo gobierno afronta su oposición a este modelo.

Evidentemente, la idea se ha extendido a El Salvador, donde el presidente Bukele ha adoptado una moneda privada, el Bitcoin. El pasado noviembre, en una conferencia de promotores de este modelo, se habló de las Zedes como un modelo a imitar y de la posibilidad de instalar ciudades privadas, ya sin eufemismos. Los inversores compran el terreno y establecen un contrato con el Estado por el que este recibe una cantidad a cambio de ceder la soberanía. La empresa se encarga de la provisión de servicios a los habitantes a cambio de tarifas, pero también tiene capacidad de establecer la legislación y decidir sobre su aplicación. La oferta es imbatible, ya que constituye todo lo que podríamos llamar el sueño andorrano: eliminación de impuestos, hipertecnología, libre mercado total, desigualdad, privacidad, lujo y exotismo. Y libertad. Uno de los ponentes de esa conferencia fue Peter Young, director de la Free Private Cities Foundation (Fundación de las ciudades libre privadas).

La idea de la segregación de un territorio para facilitar el desarrollo económico está en las colonias fabriles y los puertos corsarios, y la idea de poner un territorio en manos de una compañía privada fue un modelo de colonización utilizado por los Países Bajos o el Reino Unido. La idea que subyace es que el Estado ya no sirve. No sólo el Estado de Bienestar como modelo, sino el Estado moderno, una de cuyas características es el control de su propio territorio a través de una estructura organizada. El reconocimiento de gobernantes sin control del territorio también va en esta línea. El Estado no va a desaparecer porque, si las ZEDE no funcionan, alguien tendrá que rescatarlas y hacerse cargo de los proyectos.  

Comunidades cerradas, planificadas, countries, condominios… Cada país tiene su propia denominación del modelo que crea muros interiores, pequeñas islas autosuficientes con barreras de entrada, servicios privados y diferentes niveles de soberanía. Si hay lugares donde las fuerzas del orden tienen problemas para entrar, no son las fantasmales no-way zones. Son estos. El modelo de enclaves privados soluciona esta cuestión mediante un contrato: pequeños países privados con sus propias estructuras de estado. La globalización no es un fenómeno cultural, sino legislativo; no es que Rosalía cante igual que Nathy Peluso, sino la existencia de un entramado jurídico supraestatal que limita la capacidad de decisión de la democracia. 

Es un modelo que parece lejano, pero comparte nuestra base ideológica: el paso de lo público a lo privado. Varios campos, como la seguridad o el territorio se convierten en productos, como ya lo han hecho la seguridad o la educación. La privatización del espacio y la sustitución de las instituciones por un administrador hace que el pacto social pase a ser una relación entre empresa y cliente, algo que suele ser interpretado como eficiente y seguro. Los derechos pierden vigencia frente a los deseos de quienes pueden acceder al mercado. Como ya advirtió Christopher Lasch en La rebelión de las élites, los ricos se están segregando y, en el proceso, es probable que se carguen la democracia.