Apuntes periodísticos tras la demanda de Iberdrola: sobreinformación, desinformación e independencia

“Si la información es verdadera, ni es sobreinformación ni es desinformación, es lo que es”, dice el catedrático de Teoría de la Comunicación de la Universidad de Sevilla Francisco Sierra. “Si la información es veraz, nunca podemos hablar de sobreinformación”, afirma el presidente del Consell de la Informació de Catalunya, Josep Carles Rius. “Informar bien y mucho sobre algo no puede ser un delito, todo lo contrario, es una buena praxis periodística”, señala José Luis González-Esteban, profesor de Periodismo Político en la Universidad Miguel Hernández. “La pregunta fundamental que hay que hacerse es si se trata de un asunto de interés público y si es veraz, todo lo que parece confirmarse. Cuestión diferente es que a Iberdrola no le guste que se informe de aspectos negativos de la empresa y de su presidente, pero la manera de proceder recuerda demasiado a la SLAPP o Demanda Estratégica contra la Participación Pública. Es decir, poner un pleito multimillonario con la clara intención de intimidar al medio de comunicación o al periodista crítico”, explica Aurora Labio Bernal, profesora de Estructura de la Información en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla.

Una de las líneas argumentales de la demanda de Iberdrola contra El Confidencial por las informaciones publicadas sobre la eléctrica y el comisario Villarejo –y que valora en 17 millones de euros los supuestos daños causados–, es la “sobreinformación«. La eléctrica, según informó en un primer momento el medio y denunció después la Asociación de Periodistas de Investigación, acusa al periódico de generar una campaña de desprestigio contra la empresa. “En total, esa campaña está conformada por 225 noticias desde 2021. Esta cifra equivale a una frecuencia de 75 informaciones anuales sobre Iberdrola en relación con el caso Cenyt. Se trata de más noticias que las de todos los demás medios de mayor relevancia juntos, tales como Expansión, El Periódico, El Español, El País, La Vanguardia, ABC, El Mundo…”, sostiene la eléctrica en un comunicado. Iberdrola afirma, además, que el tratamiento de los hechos es “tendencioso” y hay “ejemplos flagrantes de transgresión de la veracidad”. 

¿Qué significa entonces sobreinformación? ¿Qué quiere decir que se sobreinforma? Los expertos consultados consideran que, en este caso, la compañía usa de manera errónea este término. “Una cosa es el exceso de información verdadera, que cumple el requisito de veracidad. Y otra cosa muy distinta es la desinformación. Y en este caso creo que lo están confundiendo. La desinformación es un mensaje adulterado que trata de manipular, que tiene una intencionalidad o que simplemente no es verdadera. Eso es muy distinto a la sobreinformación”, argumenta Francisco Sierra, que sí hace referencia a la sobreinformación como mala praxis en coberturas como la primera guerra del Golfo, en la que los medios “inundaron a la audiencia de información técnica detallada que no aportaba la situación de contexto, que no daba valor al conflicto geopolítico real que se estaba jugando en el terreno de operaciones”. O, ejemplifica también, lo que ocurría con el exceso de información técnica sobre la COVID-19: “Pero eso no es desinformación. La desinformación o la manipulación son los bulos que circularon sobre medidas adoptadas por el Gobierno respecto a la salud pública”.

Es decir, como indica Aurora Labio-Bernal, hablamos de hiperinformación por exceso de estímulos informativos, “pero responde más a la fragmentación de la realidad que realizan los medios en pos de la distracción y el entretenimiento”. “Hay autores, como Ignacio Ramonet, que ya habló hace años de la censura por hiperinformación como mal para la democracia. Pero el caso de Iberdrola es, precisamente, todo lo contrario. Se busca contar la verdad, profundizar en el mismo, como forma de conocer todos los aspectos del asunto”, añade la profesora.

El profesor José Luis González-Esteban, que considera que la denuncia es un disparate, incide en la misma idea: “No se puede meter en el mismo saco los términos sobreinformación y desinformación. Puede haber una desinformación continuada (sobreinformación) que sí sería denunciable, pero nunca se puede perseguir/denunciar esa supuesta sobreinformación si no es desinformación, si no son mentiras, si se ajusta a la denuncia de hechos reales, verdaderos. Ese juego de equívocos es peligroso y es otro dardo envenenado contra la libertad de expresión”. 

Sobre la libertad de expresión reflexiona el periodista Josep Carles Rius: “El vínculo entre la libertad de expresión y la libertad de información es indeleble. El artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que ‘todas las personas tenemos derecho a la libertad de expresión y opinión, que incluye investigar y recibir informaciones/opiniones y si se quiere difundirlas, sin limitación alguna, por cualquier medio de expresión’. La libertad de prensa significa que los periodistas y los medios de comunicación tienen derecho a servir a sus lectores, por encima de otros intereses políticos o económicos. En otras palabras, la libertad de expresión de los periodistas está al servicio de los ciudadanos, y debe estar a salvo de las presiones o represalias, tanto de los poderes como de las propias empresas editoras. El derecho a la información, por tanto, no es de los periodistas, es de los ciudadanos”.

Desde su punto de vista, el concepto sobreinformar encierra una contradicción: “La transparencia es un bien democrático y, como consecuencia de ello, mientras más información, mejor. Si bajo la palabra ‘sobreinformación’, la compañía demandante pone en duda la veracidad de las noticias, entonces el recurso debería buscar otras calificaciones jurídicas”. El periodista sostiene que las empresas deben responder al concepto de rendición de cuentas: “El accountability, que en su acepción original significa ‘ser sujeto a la obligación de reportar, explicar o justificar las decisiones; ser responsable de las acciones de la compañía ante de la sociedad’. Esta obligación forma parte de la ‘responsabilidad social corporativa’ de las empresas, editoras, o no, que, en teoría, deben contribuir al bien público”. 

Para Rius, el reto ético del periodismo es la “lucha activa contra la desinformación y expansión de la mentira; la construcción de espacios de credibilidad y confianza que aporten información rigurosa y veraz a los ciudadanos”. Y avisa de que, independientemente del caso de Iberdrola y El Confidencial, una demanda por sobreinformación puede significar un precedente jurídico incompatible con la libertad de expresión y de información. “A los medios se les debe reclamar equidad a la hora de tratar a los sujetos de las informaciones. En este caso, no sabemos si, en el fondo, la compañía demandante se siente discriminada porque sus competidoras no reciben la misma atención por parte del medio demandado. A los periódicos, también, se le bebe exigir que sus decisiones editoriales respondan únicamente al interés público, personalizado en sus lectores”, prosigue Rius.

Universidad y patrocinios

La demanda se fundamenta en dos informes, uno de ellos elaborado por el catedrático de Reputación Corporativa de la Complutense Justo Villafañe. En 2015, este catedrático elaboró otro informe sobre reputación de las empresas que estuvo patrocinado por la eléctrica, Telefónica y El Corte Inglés, entre otras empresas. Los patrocinios no son una práctica aislada ni oculta en la Universidad, que denuncia, por otra parte, la insuficiencia de fondos públicos para investigación. ¿Se puede hablar de independencia? “En palabras de Foucault, el poder ‘lo impregna todo’ y también llega hasta la universidad”, reflexiona la profesora Labio-Bernal. «Los vínculos entre empresa y universidad pueden e incluso deben existir si se trata de una correspondencia basada en el intercambio de conocimientos como forma de transferencia hacia la sociedad, así como de beneficios legítimos para las compañías y para la institución universitaria. El problema surge si la academia se pone al servicio del poder económico y financiero. No sé si este es el caso, pero es verdad que una alargada sombra de sospecha aparece si quien escribe un informe para una corporación como Iberdrola, se ha beneficiado también en el pasado de su patrocinio. Como mínimo, señalaría cierto conflicto de intereses”, sostiene. 

El catedrático Sierra es contundente: “Este tipo de campañas de reputación en la red están siempre financiadas por las grandes corporaciones. Por tanto, es un tipo de investigación que podemos denominar de giro neoliberal en la Universidad, en la que los resultados ya están sesgados, como muchas encuestas y sondeos en campañas de comunicación política. Quien patrocina establece los objetivos, las preguntas, y no digo los resultados, pero no hay una autonomía, una independencia del conocimiento en esta materia”. 

Sierra pone también como ejemplo las consultorías y casos como el de Enron, en el que se comprobó que los resultados eran exactamente los contrarios. “Ese tipo de prácticas que dependen de las grandes corporaciones ni tienen garantías, ni son ecuánimes, ni cumplen los principios epistemológicos, científicos. Es una investigación de mercado, lo que llamamos investigación administrativa, un tipo de investigación al servicio del gran capital y de las grandes corporaciones. Estamos hablando de empresas como Iberdrola o Telefónica, cuyas malas praxis han sido continuas y, en algunos casos, vinculadas a las cloacas del Estado. Y ahí están los datos”. Lo grave –prosigue el catedrático– es que “esa investigación que habla de reputación comunicacional tampoco está cumpliendo esa función de servicio público porque está patrocinada por esas grandes compañías que han entrado en la Universidad para generar cátedras, laboratorios, proyectos de investigación y que claro que sesgan los resultados”.

El profesor González-Esteban remarca esa idea: “Los tentáculos de algunas estas empresas, con problemas reputacionales, pretenden llegar y controlar todos los estamentos posibles: ecosistema mediático, político, económico, jurídico y también las universidades como instituciones trasversales desde donde ‘blanquear’ su acción empresarial. Personalmente, no me parece una buena decisión que las universidades públicas jueguen este papel. Considero fundamental la colaboración entre universidad y empresa en investigación, mejora social, etc. pero otra cosa es convertirse en un eslabón más de la estrategia de estas corporaciones, algo también aplicable a medios de comunicación”.

Desde la perspectiva de la formación, el presidente del Consell de la Informació de Catalunya señala el papel que juega la Universidad en la ética y deontología de los periodistas: “Su responsabilidad es básica y la sociedad se la debe exigir. De la misma forma, el mundo académico debería ser independiente respecto a los poderes económicos, y no siempre es así. La escasez de recursos públicos no puede ser una excusa para que el mundo universitario acepte financiaciones que mermen su libertad a la hora de realizar investigaciones académicas. La reputación de las grandes compañías se consigue con la calidad de los servicios que presta, con el trato a sus clientes, con el precio justo de sus bienes… no con informes académicos o informaciones complacientes”, denuncia Rius. 

Muro de pago y suscripciones

El Confidencial, por otro lado, explicó que la demanda veía como perjudicial para la eléctrica que las informaciones sean para suscriptores. «No hay razón de ser. La información es libre y cualquier empresa puede hacer campañas. Lo hacen, sobre todo, en el sector de las telecomunicaciones. Hacen campañas y comparan precios. Pero aquí ya estaríamos más en el campo de la publicidad que de la información”, destaca Sierra, que señala que en el campo de la publicidad sí está regulado. Por ejemplo, no puede haber campañas de difusión personalizada a los suscriptores comparando a otras compañías negativamente. “Esto está regulado en el organismo de autocontrol de la publicidad como mala praxis e incluso se puede sancionar. Pero eso no es terreno de la información”, insiste Sierra. 

Para Labio-Bernal, también se trata de un argumento débil e incluso capcioso: “Desde otro punto de vista, se podría decir que entonces no hay sobreinformación puesto que esta llega a menos receptores al estar dirigida solo a los suscriptores”. Opina igual González-Esteban: “Me parece otro dislate porque el suscriptor es precisamente a quien se debe el periodista y el medio en su trabajo de investigación riguroso. El periodista trabaja para el suscriptor, no para el anunciante, por muy poderoso que sea”. Sobre ello, el profesor de la Universidad Miguel Hernández remarca la mala práctica cuando se cuentan solo cuestiones positivas de las empresas sin ni siquiera avisar de que se trata de contenido pagado: “Sobreinformar de algo contando solamente aspectos positivos es propaganda o publirreportajes que en la mente de algunas de estas personas es su forma de entender el periodismo. Hemos cedido mucho ante este tipo de empresas y se consideran impunes, se sienten propietarios de los medios por la publicidad millonaria que invierten en ellos y no entienden la crítica o la denuncia periodística en un marco de libertad de expresión y democracia”.

Rius también coincide con las demás fuentes consultadas aunque apunta a otra cuestión: “Debemos reconocer que los muros de pago tienen efectos negativos en la medida que representan una segregación entre quienes pueden pagar la suscripción y quienes no. Por eso son tan importantes los medios que realizan el esfuerzo de publicarse en abierto”. No obstante, insiste, “los titulares deben ser responsables y no inducir a percepciones erróneas. No vale el argumento de que se puede realizar un titular engañoso porque en el texto ya se corrige”. El periodista muestra bastante preocupación con respecto a la desinformación: “La amenaza es tal que se ha convertido en una preocupación política de primer orden, especialmente en Europa. El Consejo de Europa y la Comisión de la UE comienzan a plantear escenarios reguladores sobre los algoritmos, la expansión de las mentiras y la implicación de determinados medios en la intoxicación del conocimiento que circula a través de la construcción de la opinión pública”.