Zapatero y el dejar hacer al IBEX 35 (IV)

Los de Zapatero fueron los años de la reorganización neoconservadora, de la batalla cultural y de la apuesta del PSOE por ganar determinados derechos sociales. Mientras, en lo económico, no había nada que temer. La burbuja seguía hinchándose y eso significaba paz social tanto por parte de los trabajadores como de las élites. Y nadie en el Gobierno tenía intención de meterse en jaleos también en el plano económico.

Por eso, el de José Luis Rodríguez Zapatero iba a ser un Ejecutivo tremendamente ilusionante en el ámbito de las conquistas sociales y, a su vez, con un alma económicamente ortodoxa. Las estructuras que sustentaban el capitalismo español eran intocables y a los grandes empresarios había que tenerlos cerca. El gobierno de Felipe González dio a luz al IBEX 35, el de Aznar lo amamantó con la teta del Estado y el de Zapatero le hizo muchas caricias en cuanto hacía pucheros. No hacía falta que llorase.

Manda el sector financiero

Para tranquilizar al IBEX, Zapatero metió al IBEX en el Gobierno. Lo hizo con Miguel Sebastián, que, aunque en un primer momento sonó como ministro de Economía, acabó siendo nombrado director general de la Oficina Económica del Presidente y, ya en 2008, se sentó en el Consejo de Ministros como ministro de Industria, Turismo y Comercio. Antes, desde 1999, Sebastián había ejercido como director del Servicio de Estudios del BBVA. Ya en 2019 accedió al Consejo de Administración de Indra junto al exdiputado socialista Antonio Cuevas Delgado en representación de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

El sustituto de Sebastián al frente de la Oficina Económica de Zapatero fue David Taguas, hasta entonces subdirector del Servicio de Estudios del BBVA, o lo que es lo mismo, el antiguo número dos de Sebastián en la entidad bilbaína. Tras algunos rifirrafes con diferentes dirigentes económicos del Gobierno, como el propio ministro Solbes, Taguas acabó saliendo el Ejecutivo en 2008 para fichar por el lobby de las grandes constructoras, la Sociedad de Empresas de Obras Públicas de Ámbito Nacional (Seopan), compuesta por ACS, FCC, Ferrovial, OHL y Sacyr, entre otras.

Y mientras que Sebastián y Taguas venían del ámbito financiero, los dos secretarios de Estado de Economía con los que contó el gobierno socialista encontraron acomodo posteriormente en el sector. Así fue el caso de David Vegara, número dos del Ministerio de Economía entre 2004 y 2009, quien acabó sentándose en el Consejo de Administración del Banco Sabadell a partir de 2015. En 2019, además, fue nombrado Chief Risk Officer de la entidad catalana. Su sucesor, José Manuel Campa, por su parte, miró hacia el norte y recaló en el Banco Santander como director de Relaciones con Inversores y Analistas.

Fue precisamente una decisión del gobierno socialista relacionada con el Banco Santander la que provocó el último escándalo de la legislatura. El 25 de noviembre de 2011, cinco días después de las elecciones que ganó Mariano Rajoy con mayoría absoluta, el Consejo de Ministros aprobó el indulto al consejero delegado de la entidad cántabra, Alfredo Sáenz, evitándole la condena de tres meses de arresto e inhabilitación que le había impuesto el Tribunal Supremo por acusación falsa mientras presidía Banesto. “Se entendió que era razonable. Y punto”, fue la explicación de Zapatero. Dos años después, el indulto fue anulado por el Supremo.

La puerta no chirría

Como sus homólogos anteriores, los ministros y ministras de Zapatero no fueron una excepción dentro de ese fenómeno que se conoce como puertas giratorias. Los casos no fueron tan numerosos como en anteriores gobiernos pero algunos de ellos sí fueron especialmente polémicos. 

El principal de ellos iba a implicar al por entonces ministro y vicepresidente Pedro Solbes. El 5 de septiembre de 2005 comienza el gran culebrón político-empresarial del momento y uno de los acontecimientos que más desgastaron al gobierno socialista, demorándose hasta octubre de 2007: la OPA sobre Endesa. Entre medias, pulsos de poder entre Gas Natural, La Caixa, Acciona, Iberdrola, Enel, E.On… y multitud de pleitos. Hasta que la balanza se decantó del lado de Acciona y, sobre todo, de la semiestatal italiana Enel, que acabó haciéndose con el control de la otrora empresa pública española de energía a finales de febrero de 2009. La operación recibió el visto bueno de la Comisión Europea el 8 de abril de ese año, lo que confirmó el reinado de Enel sobre Endesa.

Un día antes, el 7 de abril, se había producido una dimisión en el seno del Ejecutivo de Zapatero. El titular de Economía y Hacienda y vicepresidente segundo del Gobierno, Pedro Solbes, salía del Ejecutivo tras casi cinco años al frente de la cartera más importante y tras jugar un papel esencial en la OPA de Enel sobre Endesa. Dos años después, en abril de 2011, cuando ya se había cumplido el periodo estipulado por la Ley de Incompatibilidades, cambió el Consejo de Ministros por el Consejo de Administración de la italiana como vocal independiente.

Lo hizo a pesar de que, años antes, durante una entrevista, aseguraba no sentirse tentado a cruzar la puerta giratoria: “Llevo 40 años en el ámbito público. La empresa privada es para profesionales de la empresa. Yo puedo asesorar, comentar, pero no soy un gestor privado”. En su primer ejercicio completo en Enel, el de 2012, se embolsó 132.000 euros, según el Informe anual de Retribuciones del Consejo de Administración de la compañía. Acabó saliendo en 2014 después de haber cobrado unos 400.000 euros.

Solbes fue sustituido por Elena Salgado, quien hasta entonces había pasado por Sanidad y Consumo y por Administraciones Públicas. Y siguiendo los pasos de su predecesor, Salgado también acabó fichando en 2012 por Endesa como consejera de su filial comercializadora chilena Chilectra. Lo hizo poco tiempo después de salir del Gobierno proque la legislación de incompatibilidad le afectaba para empresas que estuviesen radicadas en España, pero no le impedía asesorar a sus filiales extranjeras.

Diferentes exministros de Zapatero acabaron en el consejo de administración de empresas con participación estatal. Además de Indra –donde acabó Miguel Sebastián, recordemos–, los socialistas han recalado en empresas semipúblicas como Enagás o Red Eléctrica después de recuperar el poder tras la moción de censura de 2018. 

Uno de los nombramientos más polémicos fue el del exministro de Administraciones Públicas Jordi Sevilla al frente de la multinacional del monopolio del transporte eléctrico en España, Red Eléctrica. Solo en 2019, se embolsó 546.000 euros por su cargo. Sevilla acabó dimitiendo como presidente de REE en enero de 2020 por discrepancias con la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera. La búsqueda de un sucesor fue rápida, y Pedro Sánchez solo tuvo que mirar entre los miembros del Ejecutivo de Zapatero. La elegida fue Beatriz Corredor, ministra de Vivienda entre 2008 y 2010.

En 2020 también se anunció que los exministros José Montilla (Industria) y José Blanco (Fomento) iban a ser los representantes del Estado en el Consejo de Administración de Enagás. 

Joan Clos, alcalde de Barcelona entre 1997 y 2006 y exministro de Industria, también recaló en la empresa privada ese mismo 2020. Fue fichado como presidente de la Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler (ASVAL) y de la Federación Internacional de Profesiones Inmobiliarias (Fiabci); o lo que es lo mismo, se convirtió en la cara visible de las dos patronales inmobiliarias más importantes del país, a la cual pertenecen las más grandes compañías dedicadas al mundo del alquiler y venta de viviendas, como Testa Homes y Albinara, controladas por Blackstone. En un momento en el que el nuevo Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos habían pactado regular los precios del alquiler.