El laberinto de llegar a España y tener que buscar refugio por segunda vez

Obada Al-Khatib es un joven sirio de 29 años que llegó a España como refugiado junto a su mujer. Era mayo de 2019, e hizo el viaje con la ayuda del Comité para la Protección de los Periodistas Internacionales. Obada había trabajado en Siria durante cinco años como periodista y fotógrafo del canal Al-Aan. “No quería irme de mi país y alejarme de mi familia y amigos, pero me vi obligado, y tenía la opción de asilo en España. Era consciente de que el programa de asilo no era bueno, pero no tenía otra opción», relata.

Esta serie de reportajes sobre personas refugiadas de Siria ha sido posible gracias a la colaboración entre La Marea y Baynana y al apoyo de NewsSpectrum e International Press Institute.

A su llegada, vivió en uno de los centros de acogida de refugiados de Madrid, con muchas familias de diferentes nacionalidades. A él y a su mujer les asignaron una habitación muy pequeña y un baño compartido con otras personas. Obada se quedó en España cinco meses y trató de adaptarse a la nueva vida, pero no lo consiguió. Así que decidió irse a Alemania, donde reside su hermana, al escuchar “que hay una ley alemana que permite la unificación familiar dentro de la Unión Europea”. Sin embargo, el intento no funcionó, y Obada se vio atrapado en un laberinto burocrático.

Cómo funciona el sistema de asilo en España

“El sistema de asilo en España está gestionado por numerosas organizaciones sin ánimo de lucro. Hay más de 20 organizaciones sin ánimo de lucro, entre las cuales está CESAL”, explica Jessica Martín Morillo, directora de un centro de acogida en Madrid de esta ONG. “Colaboramos con el sistema de acogida del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Y, junto a las demás organizaciones, gestionamos el programa destinado a las personas solicitantes de protección internacional y refugiadas que reúnen ciertas condiciones de vulnerabilidad (económica, social, familiar…), para las que requieren acompañamiento por parte de instituciones sociales”, añade.

El objetivo del sistema es atender las necesidades de estas personas, en el caso de protección internacional o asilo humanitario y asilo político. Estas organizaciones ofrecen acogida, alojamiento, ayudas económicas, asistencia en la búsqueda y obtención de vivienda, apoyo en la búsqueda y acceso a una oportunidad laboral, cursos de formación y educación, asistencia en la integración, tratamiento sanitario y psicológico, asistencia en documentos legales y solicitudes de asilo, pero a menudo no llegan a cumplir con todos estos compromisos, señala el abogado especialista en asuntos y temas de refugiados sirios Arsenio G. Cores.

Las personas refugiadas permanecen en los centros de acogida hasta que encuentren otro alojamiento. No pueden ser expulsadas a menos que haya vencido el periodo del programa: 18 meses en el caso de personas solteras, con una prórroga de seis meses más en el caso de familias. Sin embargo, agrega Cores, a menudo ese tiempo no basta para conseguir la condición de asilo. El retraso en la obtención del derecho de residencia de los sirios es contrario a las leyes de la Unión Europea, ya que se trata de personas procedentes de un país en guerra.

La normativa española, en conexión con la europea, regula que la duración máxima del procedimiento de asilo es de seis meses, con la posibilidad de reducirla a tres en casos manifiestamente fundados, como este. Ahora bien, los grandes retrasos a la hora de resolver los expedientes de protección internacional no se dan solo con el caso de Siria, sino también con el resto de personas provenientes de otros países. Es uno de los males endémicos del sistema de asilo español. 

De la población siria que lo ha solicitado en España desde 2011, solo 289 personas han sido reconocidas como refugiadas, un porcentaje del 1,88%. Al resto se les concedió protección subsidiaria, lo que, si bien en el caso de España proporciona una protección similar a la de asilo, implica que todas estas personas (15.123) no están bajo la protección de la Convención de Ginebra. Esta es una nueva muestra de la reticencia de la Administración española a otorgar la protección correspondiente, incluso si se cumplen sus condiciones. Además, se nota la falta de medios, que hace que actualmente haya más de 100.000 expedientes sin resolver. 

Para Arsenio G. Cores, abogado especialista en casos y expedientes de refugiados sirios y director ejecutivo de la empresa de servicios legales Demos, el motivo de esta tendencia a la hora de resolver tiene que ver con una lógica muy instalada en el imaginario institucional español: la idea de la extranjería de la persona refugiada –que siempre es extranjera– como esencial, cuando el núcleo central del derecho de asilo es la gravedad de las violaciones de Derechos Humanos padecidas. “Esta traslación del eje de la protección a la cuestión de extranjería rebaja las garantías y proporciona a las instituciones un fundamento para aplicar políticas para el control de fronteras cuyo interés no es tampoco la protección sino impedir la entrada de las personas extranjeras”, explica.

Es decir, la política de asilo –de protección– se subsume en la política policial de control, cuyo principal objetivo es evitar lo que se ha dado en llamar el “efecto llamada”, y no la protección de aquellas personas a quienes el Derecho Internacional sobre los Derechos Humanos dice que es preceptivo proteger. Este imaginario ha estado presente en todo momento a la hora del establecimiento de políticas de asilo respecto de la población siria: de ahí el establecimiento del visado de tránsito cuando solo habían llegado 28 personas, una cantidad “irrisoria” para un país como España, según valora este abogado.

Probar suerte en Alemania

Desde el estallido de la guerra en Siria, España no ha sido un destino principal para esta población, ni como migrantes ni como refugiados, pero en otros Estados europeos la población de origen sirio está presente desde hace generaciones. En este contexto, y ante la imposibilidad de llegar a estos países, España sí que se convierte en el primer puente para intentar transitar posteriormente

Nour Al-Khatib, hermana de Obada, llegó a Alemania con sus hijos a principios de 2019. A ella le concedieron asilo y residencia en tan solo un mes. Aprendió el idioma rápidamente, y se planteó retomar sus estudios universitarios. Una situación muy diferente a la de Obada, quien también trató de retomar sus estudios universitarios al llegar a España, pero se encontró con la respuesta de que el periodo de apoyo estatal es de año y medio, y no podía ingresar a ninguna carrera que superase dicho periodo, ya se tratara de formación profesional o superiores. 

En Alemania, Nour no solo tuvo la oportunidad de ingresar a la Universidad con la matrícula, el alquiler y los gastos de manutención cubiertos por la Seguridad Social: también pudo acceder a oportunidades laborales vinculadas a su especialidad a través de la Caja del Seguro Social. Además, mientras buscaba trabajo, todos sus gastos de manutención seguían estando cubiertos por el seguro. Asimismo, cuando el salario mensual no es suficiente para cubrir gastos, el Estado alemán brinda ayudas para cuestiones específicas como el cuidado de menores o el alquiler de la vivienda. Los gastos de manutención entre España y Alemania no difieren mucho, pero los salarios sí varían notablemente.

«Mi situación no tiene nada que ver con lo que me dijo mi hermano Obada de España”, afirma Nour: “Estaba asombrada y no podía imaginar que un refugiado pudiera vivir en estas condiciones». Por eso, cuando supo que su hermano acudiría a Alemania se sintió «muy feliz»: «Especialmente porque mis dos hijos tienen una buena relación y tuvimos hermosos momentos en Siria». Pero Alemania se negó a concederle la residencia. Obada decidió volver y establecerse en España, pero ese regreso no iba a ser tan sencillo.

El laberinto del regreso

El abogado Arsenio G. Cores explica que la población siria refugiada a menudo cae en trampas burocráticas cuyas consecuencias desconocen en un primer momento. Es el caso de personas que habían solicitado asilo en España y luego decidieron irse a otro país europeo, fundamentalmente porque allí contaban con redes sociales o familiares más amplias. Pero la propia legislación europea puede convertirse en una trampa para quienes toman esta decisión, según Cores. 

La clave está en el llamado Reglamento de Dublín, un reglamento europeo que especifica qué país es competente para considerar una solicitud de asilo, explica Cores. Según esta normativa, si un sirio llega a España y solicita asilo, pero luego va a otro país europeo y lo hace allí también, ese Estado puede rechazarlo alegando que España fue el primer lugar al que solicitó. 

Pero, además, si esa persona no solicitó asilo en España y luego se fue a otro país europeo y lo hizo allí, este último también puede denegar el asilo alegando que podría haberlo solicitado en España. Así, según el abogado, llegar a España con el objetivo de ir después a otro país se convierte en una jaula, quien estima que las personas en esta situación podrían ser unas 5.000, entre el 20% y el 25% del total de refugiados sirios.

“Sentí que todas las puertas se me cerraban en la cara y no me era posible quedarme en estas duras condiciones: no hablo el idioma, no tengo vivienda ni trabajo. Decidí irme a Bélgica. Llegué y comencé de nuevo. Obtuve un permiso de trabajo en un campo de trabajo en el que nos comunicamos en inglés. Quisiera concluir que lo que distingue a estos países es simplemente el respeto por el ser humano. Derechos, nada más”, apunta Obada.

Problemas en todos los ámbitos

Los problemas no solo se dan a causa de las leyes relacionadas con la normativa de Dublín, sino también por las prácticas de algunas organizaciones de acogida de refugiados residentes en España. Así lo vivió una familia siria residente en la provincia de Barcelona, la del treintañero Abdul Ghani Muhammad al-Shaaban, procedente de la ciudad de Alepo, en Siria. A finales de septiembre de 2020, Abdul Ghani fue reasentado como refugiado en España dentro del programa del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, acompañado de su mujer y sus tres hijos, Darin (seis años), Abdulrahman (cuatro años) y Ali (ocho meses).

“Una de las situaciones más difíciles de mi vida fue cuando mi hija de seis años me dijo: ‘¿Por qué nos mandan a la calle? No hicimos nada malo. Que no dejen a mi hermanito aquí, no quiero que duerma en la calle, es demasiado pequeño’”, recuerda Abdul. Esta situación se produjo cuando la familia llevaba cuatro meses en Lleida. Un empleado de la organización encargada de recibirle en uno de sus centros informó a Abdul Ghani de que si no podía encontrar una casa para alquilar en el plazo de dos meses, el destino de su familia sería la calle. 

“Nunca me ayudaron a buscar una casa, y no hablo bien español, así que parecía imposible”, recuerda. “Me estaba costando mucho comunicarme y tratar con las oficinas de alquiler de viviendas, pero a pesar de todo, y debido a que vine a España en busca de estabilidad y una vida digna para mí y mi familia, ello me impulsó a intentar buscar con ansias”. Varios meses después, todos sus intentos por encontrar un hogar resultaron infructuosos, ya que las oficinas de alquiler les pedían contratos de trabajo fijos y permanentes y otras condiciones que son difíciles de cumplir para las personas que llevan muy poco tiempo en España. 

Abdel-Ghani enfatiza que la organización sigue mandándoles a la calle con sus amenazas. «Ya no sé qué podemos hacer yo, mi mujer y mis hijos. ¡No tengo más remedio que vivir en la calle!», se lamenta. Mónica López, directora de Programas de CEAR (Comité Español de Ayuda al Refugiado), explica que actualmente los centros de acogida y hogares están dirigidos a personas en el periodo de presentación de su solicitud de protección internacional. Si su asilo procede y la persona obtiene la condición de refugiado o la subprotección, puede salir de los centros de acogida. “Nosotros, como órgano administrativo del programa, les ayudamos a encontrar vivienda”, agrega.

La difícil situación de mujeres y menores

Para las mujeres, la situación reviste aún más dificultades. Basma Al-Ghouthani, originaria de Siria, salió de su país para buscar asilo en Jordania en 2012. Allí permaneció hasta 2019, cuando el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados aceptó asilo en España. Llegó a Madrid en marzo de 2019 con su familia. «La situación en España es muy difícil, sobre todo el programa de ayudas en comparación con la Unión Europea. Las ayudas son muy pocas y no cubren las necesidades básicas. Tuvimos muchas dificultades”, relata.

Uno de los problemas que destaca Basma es la duración del programa, que es solo de un año y medio. Además, las facilidades a las que se orienta, como aprender el idioma, se han visto muy afectadas por la pandemia de la COVID-19».

Además, Basma no ha visto garantizados sus derechos en ámbitos como el sanitario y el de la vivienda. En una ocasión en que tuvo que ir al hospital, necesitaba un traductor, que le aseguraron que la estaría esperando allí, pero cuando llegó no había nadie. Esta situación se repitió en sucesivas ocasiones. También se vio obligada a firmar el contrato de una casa sin haber podido verla antes, y al llegar descubrió que estaba llena de bichos y tenía mucha humedad. Filmó todo y lo envió a la organización que debía prestarle ayuda, pero su sensación fue que “no les importaba nada”. 

“Siempre he oído que en Europa se respetan los derechos humanos y que los estándares sanitarios son muy altos. Pero entonces me di cuenta de que esto no se aplica a los refugiados”, concluye Basma, quien sufrió un fuerte resfriado y asma por la humedad y las condiciones en las que vivía. “No es un problema específico, lo enfrentan muchos refugiados. Hablo con otras familias y es algo muy común”, apunta. 

Tampoco los menores corren mejor suerte. Hassan, nacido en 2003, aún no había cumplido los 18 cuando llegó a España. Estaba con un grupo de 11 jóvenes sirios que habían solicitado asilo en el Reino Unido después de un largo y arduo viaje y habían pagado enormes cantidades de dinero para llegar allí, pero los devolvieron a España desde el Reino Unido, una vez más en virtud del reglamento de Dublín. Fueron deportados de Londres el 3 de septiembre de 2020. Cuando llegaron al aeropuerto de Madrid, no había nadie para recibirlos.

«La policía del aeropuerto nos trató de una manera muy racista”, denuncia Hassan, que cuenta también que tuvieron que quedarse en el aeropuerto hasta la medianoche sin saber qué podían esperar. “Entonces nos dimos cuenta de que no vendría nadie, y a pesar de que en el Reino Unido nos habían dicho que nos brindarían la asistencia necesaria y nos aceptarían en centros especiales para refugiados, entendimos que el único lugar que nos podía alojar era la calle”, recuerda.

Artículo editado por Laura Casielles