‘Ustedes no son mis obispos, pero yo sí soy su presidente’. Lo que el Gobierno (aún) no se atreve a decir de las inmatriculaciones

“Tómelo como una corrección de quien siendo su alcalde no está bajo la autoridad de su ilustrísima”, le dijo Julio Anguita al que fuera obispo de Córdoba José Antonio Infantes Florido a propósito de una decisión municipal con la que la Iglesia no estaba de acuerdo. “Usted no es mi obispo, pero yo sí soy su alcalde”, fue traducido después. Y esa frase del histórico dirigente es la que recupera hoy, muchos años después, el profesor de Derecho Civil de la Universidad de Córdoba Antonio Manuel Rodríguez a propósito del reciente “acuerdo” entre el Gobierno y la Conferencia Episcopal a cuenta de las inmatriculaciones de la Iglesia: “Eso es lo que tendría que decir Pedro Sánchez: ustedes no son mis obispos, pero yo sí soy su presidente”. 

El reconocimiento por parte de la Iglesia de una mínima parte de inmuebles que no le pertenecen vuelve a poner sobre la mesa varios debates, pero, sobre todo, repite una evidencia constatable a diario –solo hay que mirar las aulas– en muchos ámbitos: el inmenso poder que continúa teniendo la jerarquía católica en España. “El Gobierno está negociando con algo que no puede negociar. Es una negociación bilateral Iglesia-Estado sobre algo que no se puede negociar. Ese es el punto de partida, que es gravísimo. Desde 1978, las inmatriculaciones son nulas por inconstitucionales; es algo que todo el mundo tiene que entender y tenemos que hacer un esfuerzo pedagógico. No hubo una norma expresa para derogar esa ley, pero las leyes que van contra la Constitución son nulas. Imagina que siguiera habiendo una norma que prohíbe matricularse a las mujeres en la Universidad sin el consentimiento de los maridos. Sería inconstitucional desde 1978. Antes de ese año, la Iglesia podría ser una Administración pública y los obispos, funcionarios públicos, pero desde el 78 no. Por tanto, la nulidad y la inconstitucionalidad no se negocian”, explica Rodríguez. 

El pie de foto que acompaña a una de las imágenes del pasado 24 de enero difundidas por el Gobierno dice lo siguiente: “El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acompañado del ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha mantenido una reunión con el presidente de la Conferencia Episcopal Española, cardenal Juan José Omella, en la que han celebrado el acuerdo alcanzado en el marco de la Comisión de Inmatriculaciones”.

Rodríguez destaca, además, el simbolismo que encierra el lugar de ese encuentro: “Esto se tiene que hacer en el Congreso. El interlocutor debe ser el Congreso, no el supuesto ladrón. Porque no solo no se negocia, es que ¿qué hace el presidente del Gobierno negociando en la sede de la Iglesia?”. Según la nota de prensa de Moncloa, del listado de 34.961 fincas inmatriculadas desde el 1 de enero de 1998 a 2015, la Iglesia considera que un millar aproximado de bienes pertenecen a un tercero o no le consta su titularidad sobre el mismo. “La previsión –añade el texto– es que el Gobierno ponga en conocimiento de las entidades locales y de los registros esta información y se puedan, de este modo, iniciar los procesos de regularización que, en su caso, pudieran corresponder. A estos efectos, la Iglesia manifiesta su compromiso de colaboración a fin de facilitar tales procesos”. En esos inmuebles no entran ni la Giralda, ni la mezquita de Córdoba ni tantos otros bienes que la Coordinadora Estatal Recuperando calcula en 100.000. “Es la mayor estafa inmobiliaria de la historia”, denuncia Rodríguez.

El profesor incide también en lo que considera un incumplimiento expreso de la palabra dada en el debate de investidura, en el acuerdo de coalición entre PSOE y Unidas Podemos y en los programas electorales de ambos partidos: “Porque la acción de gobierno es conjunta y la responsabilidad también. No vale esta oposición de Twitter y pancarta. Me preocupa mucho esta estrategia del PSOE con la connivencia de su socio de gobierno de intentar resolver las situaciones en falso y situar la lucha en una situación marginal. Pasa con la vivienda, con la memoria, con las inmatriculaciones…”.

Lo que decía el acuerdo de coalición, en el punto 5.11, era exactamente esto: “Haremos las modificaciones legislativas oportunas para facilitar la recuperación de los bienes inmatriculados indebidamente por la Iglesia basadas en el privilegio de inscribir en el Registro de la Propiedad bienes a partir de simples declaraciones de sus propios miembros”. “Lo que se dijo fue legislar, no negociar. Y, para colmo, como digo, la negociación se produce en la sede de la Conferencia Episcopal, que es un símbolo que recuerda al deterioro del imperio romano, cuando el poder estaba en la Iglesia y no en el emperador”, afirma Rodríguez. Desde la coordinadora, que lleva años denunciando y haciendo públicas las inmatriculaciones, temían que este conflicto pudiera acabar así, en un acuerdo que «oculta la verdadera dimensión» del problema: “Está claro que la intención del acuerdo es zanjar el asunto, que sea un fuego de artificio durante unas semanas y que desaparezca”. 

Del listado de inmatriculaciones a la Ley de Patrimonio

Rodríguez analiza una serie de hechos ocurridos en los últimos tiempos: “Una de las claves de este trampantojo tiene que ver con una cláusula en la reforma de la Ley de Patrimonio Histórico, que decía que los bienes no pueden salir de la esfera de la Iglesia o, si no, pertenecen al Estado. Es decir, con ello, se le estaba diciendo a la Iglesia que no podía especular con esos bienes. ¿Y qué ha pasado? Pues que se paró la ley y se destituyó al ministro de Cultura José Manuel Rodríguez Uribes. Uribes, además, era el secretario de laicidad del PSOE. En resumen, el que fuera secretario de laicidad del PSOE acaba siendo el ministro de Cultura, hace una reforma de la Ley de Patrimonio gris, neutra, no valiente, que da un pasito minúsculo y le cuesta el cargo y la paralización de la ley”. Y tampoco está ya la vicepresidenta Carmen Calvo, quien hace un año presentó el listado. “No es casualidad que ahora esté Bolaños y no Calvo; y que esté Iceta y no Uribes. Incluso se destituyó a la que era ministra de Educación, Isabel Celaá. ¿Hasta dónde llega la mano tenebrosa del poder católico?”. Este miércoles, el BOE ha publicado el nombramiento de la exministra como embajadora de España ante la Santa Sede.

En Iglesia S.A, el periodista Ángel Munárriz analiza con detalle este devenir y las nuevas estrategias de la Iglesia para seguir acaparando poder, y muestra también los incumplimientos por parte del PSOE en esta materia. “El tinglado viene de una inercia de siglos. La democracia no lo ha desmontado del todo. Los gobiernos del PSOE, de inspiración republicana aunque muy pragmáticos, creyeron que el avance imparable de la secularización debilitaría a la Iglesia y acabaría emancipando totalmente a la política de su influjo. Se ha demostrado que, ante el debilitamiento del púlpito, la Iglesia se ha aferrado más que nunca al Estado. Estado e Iglesia ya no son todo uno, pero tampoco se ha logrado trazar una línea nítida en espacios como la educación, la representación simbólica y el dinero”, explicó en una entrevista con La Marea.

El profesor Rodríguez habla del “efecto boomerang” que ha tenido la proposición no de ley que lanzó el PSOE cuando gobernaba Rajoy: “Cuando pidió la lista de inmatriculaciones, puso como fecha 1998 para señalar a Aznar como el culpable. No, no, Aznar lo que hizo fue privatizar los templos de culto, que es muy grave, que lo hizo con opacidad, con un simple decreto, muy grave. Pero esa no es la causa del mal, la causa del mal es un privilegio franquista. El listado deberíamos tenerlo desde 1946. Lo tenemos en Navarra, en Catalunya, en Euskadi, en Baleares, en algunas ciudades como Córdoba… y vemos que, donde tenemos la lista completa, casi doblan los bienes antes de 1998 que después. Yo pregunto: ¿por qué no podemos conocer la magnitud del escándalo? Es un deber de transparencia del Gobierno y también de la Iglesia. No estamos preguntando por su patrimonio, que es inmensamente mayor, sino por lo que se ha apropiado de manera inconstitucional y que supone el 80% del patrimonio público. Al final, la solución es un trampantojo que supone que devuelve 1.000 para quedarse con 99.000 con eufemismos. No son 35.000 ni la culpa la tuvo Aznar; son 100.000 y esto es un privilegio franquista”.

En este contexto, Rodríguez muestra también preocupación por la “enorme desafección de la ciudadanía con lo que siempre fue suyo”. “En otros países –reflexiona– se tiene muy claro que los símbolos patrimoniales son de todos y de todas. Notre Dame es del Estado, pero los franceses la sienten suya; la catedral de Lisboa es del Estado, pero los portugueses la sienten suya. Lo que pasa en España es una anomalía. La Giralda, por ejemplo, es un símbolo de Sevilla, y ahora mismo es de la Iglesia, como si fuera un garaje que tiene a su nombre. No nos damos cuenta de que hemos perdido más del 80% del patrimonio histórico”.

Y no es una cuestión de izquierda, avisa Rodríguez: “Aquí en España tenemos una carencia de una derecha laica, republicana y federal; la derecha es nacionalcatólica. Y si la sociedad se derechiza, también es nacionalcatólica. La mayoría no concibe esto como un problema, no lo conoce, es un tema complejo de explicar, y eso no ocurría en los albores de la II República o en los albores de la desamortización. Tenían hambre pero sabían que el cura era el más gordo del pueblo. Esto no es un discurso de izquierda, no es anticlerical; es un discurso en defensa de la legalidad constitucional y de defensa del dominio público. Y por eso el Gobierno se siente débil«. En Navarra –concluye a modo de ejemplo– se pide el listado completo porque está detrás la plataforma de Navarra, que es municipalista: “Y no es lo mismo sentir el aliento de todos los ayuntamientos a no tener a nadie detrás. El Gobierno no se atreve”.