El gasto farmacéutico crece más de un 50% en siete años debido al alto precio de los medicamentos

“En los últimos años, estamos asistiendo a un incremento imparable de los precios de los medicamentos”. Esa es la conclusión a la que ha llegado la campaña No es Sano, promovida por la fundación sin ánimo de lucro Salud por Derecho, tras analizar la tendencia al alza del gasto público en los últimos años.

Este aumento del coste de los medicamentos viene motivado, según la organización, por aquellos que son más novedosos y que tratan las enfermedades más graves, como los diferentes tipos de cáncer. “Estos altos precios y el cada vez mayor número de pacientes con enfermedades crónicas son dos de los principales motivos que explican por qué en nuestro país, desde 2014 -cuando se aprobaron los fármacos para la Hepatitis C- hasta 2020, el gasto farmacéutico de los hospitales ha aumentado un 53%”, se recoge en el informe Los altos precios de los medicamentos en España.

En el estudio también se incluyen los conocidos como “medicamentos de alto impacto presupuestario” que se han aprobado en España durante la pandemia de la COVID-19 entre 2020 y octubre de 2021. En total, se trata de 11 fármacos nuevos que han comenzado a ser financiados por el Sistema Nacional de Salud. Debido a su alto coste, han sido sometidos por el Ministerio de Sanidad a un seguimiento especial a través de una herramienta, llamada Valtermed, que se encarga de evaluar sus resultados.

La campaña No es sano destaca el caso del Zolgensma, usado en casos de atrofia muscular espinal. El fármaco, que se administra una sola vez, tiene un precio por paciente de dos millones de euros. La farmacéutica Novartis se encarga de su comercialización, pero su desarrollo es fruto de investigaciones realizadas por centros de investigación sin ánimo de lucro y por universidades con financiación pública y filantrópica. Según el cálculo del citado estudio, las arcas públicas españolas gastan entre 28 y 35 millones de euros anuales en este medicamentos.

Sin embargo, el Zolgensma no es el más caro del mercado en la actualidad. Libmeldy, para pacientes con leucodistrofia metacromática, tiene un precio que oscila entre los 2,5 y los 3 millones de euros, pero todavía no ha llegado a España, aunque está autorizado por la Agencia Europea del Medicamento una enfermedad rara hereditaria.

Sí han llegado al país otros como el Spinraza, un medicamento único para la atrofia medular espinal aprobado en España en 2018. Su precio y sus condiciones han sido revisadas en febrero de 2021. Actualmente, cuesta 419.328 euros durante el primer año y 269.360 euros los siguientes. En cinco años, el tratamiento asciende a casi 1,5 millones de euros por paciente.

En marzo de 2021 se aprobó también el Dupixent, un tratamiento para la dermatitis atópica en adultos aprobado en 2021 con un precio por paciente de 15.734 euros. Según los cálculos del informe, para tratar a las casi 7.500 personas que sufren este trastorno, el Estado español tendría que invertir 117 millones de euros cada año en esta terapia. Dicho tratamiento demuestra que “este aumento de los precios de los fármacos no solo se da en un grupo de enfermedades con pocos pacientes, sino que, cada vez más, se va haciendo extensivo a otras patologías que afectan a un mayor número de personas”. Todo ello acaba teniendo un impacto directo en los presupuestos sanitarios de las comunidades autónomas.

Fijación de precios

De acuerdo con la campaña No es sano, el problema radica “en el proceso de fijación de precios de los fármacos”: “Las compañías farmacéuticas apuestan cada vez más por fijar el precio en función del valor del medicamento y de lo que el regulador -es decir, el Gobierno- esté dispuesto a pagar por él”, denuncian. Esa forma de hacer el cálculo da lugar a los altos precios “que las compañías justifican recurriendo al ahorro que ese fármaco puede suponer para el sistema sanitario de cada país, pero no desvelan asuntos esenciales como la inversión que han realizado en investigación o sus costes de producción y distribución”.

Ante esto, reclaman “que los precios de los medicamentos deben fijarse en función de los costes auditados que han supuesto para la compañía, a lo que habría que añadir un margen de beneficio justo y razonable teniendo en cuenta también otros elementos como la inversión pública que hay en cada producto, los beneficios fiscales y los incentivos”.