Cinco años de los Acuerdos de Paz | La desaparición forzada (y V)

“La Unidad de Búsqueda en el contexto del Acuerdo y la construcción de paz, como proyecto político en este país, es un avance en términos de reconocimientos, de dignificación y de rendición de cuentas. Porque es asumir que en el conflicto armado desaparecieron personas. Y que hay miles de familiares que las buscan y que las han buscado a solas. De alguna manera, el reconocimiento es una deuda histórica con esas víctimas”, afirma Luz Marina Monzón, directora de la Unidad de Búsqueda de personas dadas por Desaparecidas (UBPD), estancia creada en los Acuerdos de Paz dentro del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición del quinto punto de lo pactado en La Habana. 

“Al padre de mi hija lo desaparecieron en Barrancabermeja, en el departamento de Santander, cuando yo estaba embarazada de dos meses y medio”, relata María Cristina Rueda, que lleva 20 años buscando a su familiar. “Mi papá tuvo el mismo número de teléfono durante 15 años. Conservaba la misma línea para tenerme contenta por si él llamaba”.

Rueda cuenta que en esa época había muchas masacres en la ciudad y decidieron desplazarse hacia Bucaramanga, capital de Santander. Además, porque él estaba recibiendo amenazas por unos problemas que tenía su hermano. A los meses decidieron regresar a Barrancabermeja y fue cuando lo desaparecieron. “No denuncié por temor a que pudiera pasarle algo a mis papás, lo único que pude hacer fue reconocer su presunta muerte, sin ayuda de las instituciones. Una espera que el Estado sea garante, si ya no lo fue de conservar la vida, al menos de encontrar sus restos. O de poner un psicólogo que nos ayude a superar la incertidumbre y la espera. Pero no ha sido así. Aquí la única ayuda que hemos recibido ha sido de organizaciones no gubernamentales como CREDHOS”.  

“La desaparición forzada se ha utilizado en Colombia como un mecanismo disuasivo en el marco del conflicto armado en el que hay más de 120.000 personas desaparecidas. Desafortunadamente, la hemos normalizado al punto de leerla, escucharla y sentirla, pero sin, ni siquiera, sonrojarse”, destaca César Santoyo, director ejecutivo del Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda, organización que acompaña a víctimas de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, desde los enfoques jurídico, psicosocial y forense, contribuyendo de manera directa a la identificación de personas sepultadas como No Identificadas en cementerios municipales de los Llanos Orientales y Nariño.

A la espera de cerrar un capítulo

La desaparición forzada es un crimen de lesa humanidad permanente, pues se sigue cometiendo hasta que se encuentre a la persona, sus restos o una evidencia de lo que ocurrió. En Colombia, fue tipificada como delito en el código penal en el año 2000. Hasta esa fecha, lo único que podían hacer los familiares de las personas desaparecidas, en materia penal, era buscar una investigación por secuestro simple. Originalmente, la desaparición forzada, tanto para la ONU, como para la Convención Interamericana es un acto cometido por  “agentes estatales, o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado”. Lo que ocurrió en el caso colombiano es que se estableció que la desaparición forzada podía cometerse no solo por parte de agentes estatales, sino también por parte de particulares. 

“La desaparición forzada de personas es el crimen más horroroso. Es la toma de personas por parte de grupos o de otros interesados, negando cualquier rastro, cualquier espacio de ubicación, de indicación, de vida o de situación frente a esa persona. Es la manera de poder opacar y generar presión, crueldad y dolor a sus entornos, tanto a familiares, como a sus tejidos sociales. Es un crimen que activa absolutamente todos los demás crímenes, porque para cometerlo se pasa por el secuestro o por la retención de personas; por una serie de acciones criminales que perduran en el tiempo y que mantienen en suspenso a cualquiera de las personas afectadas. Porque no sabes si están vivos o muertos”, afirma Santoyo. 

Hasta la creación de la UBPD en los Acuerdos, no se establece un sistema que recopile la información para saber, no solo dónde están las personas desaparecidas, sino qué ocurrió. La Unidad, a través de los planes regionales, trabaja por buscar masiva y sistemáticamente a las desaparecidas del territorio, no sin antes tratar de recopilar toda esta información posible. “Cuando solo te dedicas a recoger cuerpos y no la información que te permite identificarlos, no logras cerrar el proceso de búsqueda”, resalta Monzón. “¿Quiénes son las personas desaparecidas del conflicto armado? ¿Quiénes fueron las familias sometidas a esta vida de incertidumbre y cómo han sido sus vidas al buscarlas? ¿Cuál es la responsabilidad del Estado? Responder a estas preguntas es algo que necesita el país como verdad, pero sobre todo la sociedad para la no repetición y la construcción de paz”. 

La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas forma parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, un mecanismo creado por los Acuerdos de Paz que también dió vida a la Comisión de Verdad y a la Jurisdicción Especial para la Paz. Estas tres instituciones tienen el objetivo de coordinarse y apoyarse, ya que las investigaciones, declaraciones o exhumaciones producidas en una de ellas puede dar información relevante para las demás. 

Monzón resalta el hecho de que gracias a la creación de la Unidad se han podido encontrar personas vivas y promover el reencuentro con sus familiares, porque “quienes buscan a las desaparecidas no están inmovilizadas. Miedo no es inmovilización. Tienen precaución, dudas, incertidumbres, pero siempre determinación. Nunca van a dejar de buscar y exigir su búsqueda”. Y lo más importante, como dice María Cristina Rueda, es conocer la verdad de lo que ocurrió, el porqué se los llevaron. “Una quiere conocer la verdad, saber qué pasó y que conllevó a todo esto. Poder, al menos, cerrar el capítulo”. 

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