Crónicas | Internacional
Cinco años de los Acuerdos de Paz | De excombatientes de las FARC-EP a personas reincorporadas. La vida sin armas (III)
Actualmente, hay 3.575 proyectos aprobados que benefician a unas 7.600 excombatientes, de acuerdo con cifras oficiales.
“Estuve 32 años en la guerrilla y salir de allá y coger un lápiz para mí ha sido muy difícil. Cuando nos propusieron hacer un proyecto en conjunto, dije que me gustaría que fuera uno de costura, porque tenemos que quitarnos ya de la cabeza eso de que las mujeres solamente nacemos para estar criando gallinas y cerdos”. Quien habla es Cecilia Usme, exguerrillera de las FARC-EP, que hace cinco años dejó las armas y hoy forma parte de un proyecto de confección de ropa. Bajo el nombre Puntadas para la Paz, este programa creado por mujeres elabora pantalones, faldas y blusas que envían a territorio nacional e internacional desde el Espacio de Reincorporación y Capacitación (ETCR) de Caño Indio, en el departamento fronterizo con Venezuela de Norte de Santander.
“Nuestra marca es Isora, inclusivas y empoderadas. Estamos aportando un granito de arena a la paz, creemos en nuestro país y le estamos metiendo con toda para salir adelante. Pero necesitamos apoyo para seguir con este taller y que sea una microempresa donde las mujeres exguerrilleras y de la comunidad tengan un lugar donde llegar y las escuchen. No hemos tenido ninguna ayuda para estos proyectos por parte del Gobierno”, destaca la exguerrillera.
Uno de los objetivos del tercer punto del Acuerdo de Paz es el desarrollo de proyectos productivos, como medida para la reincorporación económica y social. Este punto, junto a la dejación de armas y las garantías de seguridad de las y los firmantes, conforman los tres grandes ejes del Acuerdo sobre el Fin del Conflicto. Según cifras de la Agencia para la Reincorporación, una entidad del Gobierno, casi 13.000 personas están en proceso de reincorporación. Actualmente, hay 3.575 proyectos aprobados que benefician a unas 7.600 excombatientes, de acuerdo con cifras oficiales. No obstante, muchos de los proyectos individuales sufren de una alta inestabilidad y a mediados de 2021 la Controlaría General de la Nación advertía de que 345 proyectos individuales se encontraban cerrados por “deficiencias en la administración, baja rentabilidad, bajos niveles de comercialización, dificultad de acceso o por la Covid-19”.
“Si el Gobierno hubiera cumplido con lo acordado, este taller estaría más avanzado. Es un trabajo que hemos hecho con nuestros propios esfuerzos, con las uñas. El Estado no nos ha cumplido ni siquiera en darnos tierras, sino que hemos tenido que comprarlas nosotras”, destaca Usme.
Sandra Ramírez, senadora por el partido Comunes, fundado por personas exguerrilleras, va más allá de las causas de esta situación. “Los proyectos productivos individuales son muy vulnerables y están fracasando durante los primeros tres años”. Estos se dotan de un único pago de 8 millones de pesos, que equivalen a unos dos mil euros. “Los que perduran, a pesar de la burocracia y los trámites complicados, son los colectivos. Porque son de 80 a 100 millones de pesos colombianos y esto sí nos permite tener una cooperativa para ejecutar un proyecto”. Sin embargo, la senadora destaca el incumplimiento por parte del Gobierno para desarrollar estos proyectos colectivos y la mayoría están financiados por organizaciones e instituciones internacionales.
Seguridad y espacios de vida
Tras la firma del Acuerdo de Paz, los y las exguerrilleras realizaron la entrega de armas y se instalaron en las Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN), durante enero y agosto de 2017, en las que hicieron la transición a la vida civil. Su ubicación es fundamentalmente rural, en zonas muy afectadas por el conflicto armado. Tras el proceso de dejación de armas, las ZVTN pasaron a ser ETCR, Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación. Además, la propia comunidad de personas en proceso de reincorporación ha creado recientemente las Nuevas Áreas de Reincorporación (NAR) al verse afectadas por la mala gestión del Gobierno de los ETCR, la inseguridad en los territorios, y también para estar más cerca de sus familias y las comunidades donde permanecieron años atrás.
“Nuestra reincorporación ha sido traumática, llena de incertidumbres, especialmente la estigmatización y las amenazas que se han reflejado en los asesinatos”, afirma Ramírez. De hecho, cerca de 300 personas en proceso de reincorporación han sido asesinadas desde la firma de los Acuerdos de Paz. “Tenemos en el Congreso unos discursos descalificadores que se sienten y tienen sus consecuencias en los territorios, no solamente con firmantes de la paz, sino también con líderes y lideresas sociales”. Esta estigmatización también se observa a la hora de apoyar los proyectos productivos. “En el aspecto económico todavía no tenemos las tierras para la ejecución de estos programas. El Gobierno no tiene dentro de su plan la implementación del Acuerdo, que debe ser integral, política, económica y cultural de quienes nos sentamos en la mesa de negociaciones con la esperanza de firmar la paz”. La senadora destaca la falta de acceso a la salud de las personas que viven en los territorios rurales, así como de la vivienda. “En los ETCR las personas continúan viviendo en casas prefabricadas. No tenemos saneamiento básico en los espacios ni vías adecuadas para llegar”.
“Vivimos como lo hacíamos en la guerrilla, con la inseguridad de levantarte un día, pero no saber si al siguiente será diferente”, expresa Santiago Sánchez, exguerrillero que vive en el NAR de San Francisco, en el departamento de Antioquia. Desde cero, las 63 personas que viven allí decidieron construir un espacio para vivir y desarrollar sus proyectos productivos. De momento, tienen sembrados cultivos de plátano, yuca y cacao que, aún con el abandono del Gobierno, Sánchez tiene la fe de que traerán un desarrollo importante para toda la región.
Y a pesar de estos incumplimientos, la inseguridad y el abandono de muchas personas en proceso de reincorporación al proceso, todavía hay una gran mayoría que tiene la esperanza en el Acuerdo. Como concluye Usme: “Una no puede ser pesimista, algún día tendrá que cambiar esta situación. Aquí estamos apostándole a la paz. Empeñamos nuestra palabra y así la estamos cumpliendo”.
EE.UU. no ha dejado nunca de considerar a América Latina su “patio trasero”. No ha dejado nunca de intervenir para “defender sus intereses” que no han sido otros que los del Capital estadounidense. No ha dudado nunca en apoyar golpes de Estado, intervenciones armadas, sabotajes, operaciones encubiertas, asesinatos, torturas etc.
Muchos observadores se preguntan cómo fue posible que la guerrilla de las FARC firmase el Acuerdo de Paz para acabar con la prolongada guerra civil, cuando no se tardó mucho en comprobar que la guerra continúa, sólo que uno de los bandos está ahora desarmado.
En 2016, tras la firma del Acuerdo de Paz del 24 de noviembre, las FARC se convirtieron en el partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común y el entonces presidente Juan Manuel Santos recibió el Premio Nobel de la Paz. Parece que estos premios se están convirtiendo en un mal augurio. Al presidente de EE.UU, Barack Obama, se lo dieron en 2009 y emprendió siete guerras. En Colombia ha sido el pistoletazo de salida para la eliminación selectiva -e impune- de los ex-combatientes de las FARC, sindicalistas y líderes de otros movimientos sociales.
La violencia solamente ha cesado en una sola dirección, ya que pocos de los grupos paramilitares de extrema derecha, alineados con el gobierno, se han desmovilizado.
El gobierno de Colombia “no da garantías a los que han apostado por la paz”.
¿Se pueden esperar esas garantías de Iván Duque, protegido de un Álvaro Uribe con estrechas relaciones con los paramilitares y carteles de la droga, bajo cuya presidencia (2002-2010) se eliminó a más de 10.000 campesinos, sindicalistas y líderes indígenas?
Los grupos paramilitares siguen teniendo considerable influencia dentro del país.
Es precisamente el gobierno de Estados Unidos el que sigue suministrando armas y entrenamiento a las fuerzas armadas, la policía y las cárceles de Colombia, y con bastante frecuencia incita e incluso financia a los jefes de los escuadrones de la muerte que provocan estas masacres, que son metódicas, sistemáticas y planificadas. Washington se sirve, además, de Colombia para su guerra híbrida contra Venezuela.
Como si de una constante matemática se tratara, la mayor producción de drogas en el mundo se produce en países donde hay bases militares de EEUU. Con 9 bases militares estadounidense, Colombia en el Siglo XXI, triplicó su producción de cocaína. Es un hecho, que los mayores productores de droga del mundo son países latinoamericanos en los que Washington tiene mayor capacidad de control político.
«Cuán difícil es ser vecino de Colombia, el país que concentra la mayor cantidad de conflictos, distorsiones, problemáticas…