El 3-D también es 25-N

Es martes, finales de noviembre. Hace frío. Apenas unos días atrás se ha celebrado el 25-N, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. En apenas unos pocos días más, será 3 de diciembre, 3-D, Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Ambas fechas están unidas en el caso de Wafa El Elj. Ataviada con un abrigo blanco y negro, pantalones de cuero, zapatillas y una sonrisa en la boca, aguarda sentada en la silla de ruedas donde acabó tras el disparo de su marido. Como viene haciendo en diversos foros, narra una vez más su testimonio en un acto convocado en Madrid: una historia de maltrato que terminó con una bala en sus cervicales y una tetraplejia que la dejó inmóvil de cuello para abajo. Su marido se suicidó. Es posible que pensara que la había matado.

¿Quién te ha dado fuerza para seguir adelante?

Es difícil empezar de cero porque tienes que aprender totalmente a hacer una vida nueva. Pero sobre todo, mi familia. Mi familia ha sido la que me ha dado fuerzas porque me ha apoyado desde el minuto cero. Sobre todo, para las ganas de vivir esa vida que no me pudieron quitar. 

Muchas secuelas físicas del maltrato son visibles, se quedan para siempre. ¿Pero qué hay de las que no se ven, de las secuelas psicológicas?

Es el peor maltrato que hay. Porque lo físico… desgraciadamente en mi caso no voy a decir que se pasa, pero el daño psicológico es el que te marca y es el más difícil de superar. Hoy llevo siete años así [su marido le disparó por la espalda el 23 de octubre de 2014] y todavía sigo intentando superarlo día a día. Es muy difícil para mí. Es algo que no voy a olvidar nunca. Cada vez que abro los ojos lo tengo encima. Pero se agradece que cada vez se vean más esas secuelas psicológicas.

Antes eras una mujer sin discapacidad y ahora vives con discapacidad fruto de esa violencia. ¿Qué mensaje enviarías a mujeres que viven con discapacidad y que están en esa situación? 

Luchar, sobre todo, por ser libre, por no tener a alguien que te diga cómo, cuándo y por qué. Es muy difícil, pero por supuesto que se puede salir. Nadie es dueño de nuestra vida, de nuestra opinión ni de tu propio cuerpo. Porque tú eres tú y nadie tiene por qué decir cómo vestirte, cómo hablar, cómo andar, cómo todo. Nadie es quién para quitarte tu personalidad. A esas mujeres les diría que luchen con todas sus fuerzas, que busquen ayuda, sobre todo en gente que sepan guiarlas por el camino de la salida de esa pesadilla que están viviendo.

En muchas ocasiones, las instalaciones a donde tienen que ir estas mujeres, donde se pueden refugiar, tienen problemas de accesibilidad. 

Desgraciadamente, la accesibilidad es muy nula en muchos aspectos porque no se tiene en cuenta causas como una gran discapacidad como la mía. Pero, en general, te encuentras con muchos obstáculos. 

¿Subscribirías que lo mejor está por vivir y que somos dueños y dueñas de nuestro destino? 

Por supuesto. 

Wafa es un ejemplo de que se puede. Pero no tenemos que hacerlo solas, no tenemos que ser héroes. 

Quien pregunta y cierra esta entrevista es Virginia Carcedo, secretaria general de Inserta Empleo, la entidad de Fundación ONCE para la formación y el empleo de las personas con discapacidad. Este año, la tercera edición del Encuentro Mujeres en modo On VG, impulsado por Inserta Empleo y el Fondo Social Europeo, está dedicado al tejido asociativo, clave en la detección y ayuda de mujeres con discapacidad víctimas de violencia de género. 

Porque el de Wafa no un caso aislado. Y esa es una de las cuestiones que pretende visibilizar este cónclave. El 17,5% de las mujeres con discapacidad que han sufrido violencia física, sexual, emocional o han sentido miedo de los hombres con quienes convivían afirman que su discapacidad es consecuencia de la violencia ejercida sobre ellas por sus parejas. En concreto, la discapacidad como consecuencia de la violencia física o sexual afecta al 23,4% de las mujeres que han sufrido este tipo de violencia, según la última Macroencuesta de Violencia contra la Mujer, publicada en 2019 por el Gobierno, y que ha incorporado por primera vez un capítulo específico sobre mujeres con discapacidad. 

Ni son excepciones las mujeres que tienen una discapacidad como consecuencia de la violencia machista, ni mucho menos lo son las mujeres con discapacidad que han vivido, que están viviendo en situaciones de maltrato. O que, incluso, han sido asesinadas. Desde 2013, cuando comienzan a incorporarse en las estadísticas, hasta el 31 de diciembre de 2018, han sido asesinadas 24 mujeres con discapacidad, según recoge el estudio La violencia sexual en las mujeres con discapacidad intelectual, realizado por la Fundación CERMI-Mujeres y promovido y financiado por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Recientemente saltó a los titulares el caso de una mujer en Jerez de la Frontera (Cádiz), que no había denunciado nunca. Están ahí. En general, no las vemos. Pero están ahí. Lo dicen testimonios como el de Ana*:

“Soy una mujer maltratada por mi expareja. Llevaba cinco años con él. Y durante la primera temporada de nuestra relación yo creía que era normal que me gritara y me diera patadas. Pero con el paso del tiempo, empecé a darme cuenta de que no era normal y al final intenté salir como pude”.

Lo dicen los datos, aún insuficientes, muy insuficientes, pero claros. Según la citada macroencueta, las mujeres que tienen una discapacidad acreditada del 33% o superior han sufrido violencia física de alguna pareja en mayor medida que las mujeres sin discapacidad (17,4% frente al 11%). Las diferencias son todavía más acusadas cuando se mira la prevalencia de la violencia en parejas pasadas (26,6% frente al 16,5%).

Lo dicen, también, testimonios como el de Marta: 

“Para mí fue una experiencia mala, con 17 años, porque la adolescencia y la niñez no fueron muy buenas tampoco. Eres basura. Te hacen sentir que no sirves para nada. No… Me está pegando porque yo me lo merezco. Hará ocho años tuve otro maltrato. En ese sí hubo denuncia. La violencia de género antes no era como ahora. No había un sitio donde tú dijeras… ¿dónde voy? Yo encima era maltratada y no lo quería dejar.

Y lo vuelven a decir los datos: 

Las mujeres con discapacidad han sufrido violencia económica de alguna pareja en mayor medida que las mujeres sin discapacidad (18,1% frente al 11,6%).

Y testimonios como el de Mar: 

“Comenzamos enamorados. Pero el mismo día de la boda empezaron a cambiar las cosas. Se puso más arisco y empezó a hablarme mal. Yo lo dejé todo por él. Él me dijo que renunciase a todo. Que él tenía el dinero para mantenernos”. 

Lo corroboran los datos: que las mujeres con discapacidad han sufrido violencia psicológica de control de alguna pareja en mayor medida que las mujeres sin discapacidad (32,2% frente al 27,7%).

Y Blanca: 

“Me casé obligada con una persona que no me quería, no me valoraba, no miraba por mí. Recibí muchos malos tratos psicológicos. No me valoraba… y… me pegaba. Intentó quitarme la vida tres veces con su coche”. 

Y Luisa: 

“La primera relación tóxica o de malos tratos que viví fue entre los 14 y los 15 años. Me metió en la cabeza ideas que no eran reales, como que yo no valía nada. Y que te hagan creer que eres basura, porque te lo acabas creyendo. ¿Qué pasó? Que después de otros cinco años, aparece otro hombre en mi vida, maravilloso, encantador y volvió a repetirse el patrón de maltrato. Y, sin darme cuenta, yo estaba siendo víctima de una relación de malos tratos. ¿Y cómo salir de ahí? Luego hubo un intento de abuso por parte de un jefe en una empresa en la que yo empecé a trabajar. Al día siguiente, mi cabeza se nubló y llegó un primer corte de impotencia, de ansiedad, de no saber qué hacer, y ya tuve pensamientos suicidas, pensamientos negativos, depresión, ansiedad constante. Y todo eso, me explicaron después, fue un estrés postraumático”. 

Y los datos, aun con muestras pequeñas, lo vuelven a confirmar: las mujeres con discapacidad declaran haber sufrido violencia sexual en mayor proporción (10,3%) que las mujeres sin discapacidad (6,2%).

“Ser mujer, ser víctima y tener discapacidad. Lo primero que nos encontramos suele ser una mujer muy vulnerable y tenemos que ir viendo dónde la podemos ir ubicando para que se pueda llegar a empoderar, para que pueda recibir formación o empleo”, explica Carmen Rodríguez, técnica de acompañamiento, compass (brújula en inglés), del proyecto en Canarias. “Tienes que volver a graduarte la vista”, dice a modo de metáfora Felipe Expósito, compass en Asturias. Desde 2017, Inserta Empleo ha atendido a 3.523 mujeres con discapacidad víctimas de la violencia de género y ha conseguido para ellas 1.020 contratos laborales. En concreto, desde 2020 y hasta la fecha, 915 han sido atendidas y 200 han obtenido un contrato a través del citado proyecto. 

Las barreras y el trabajo desde la perspectiva asociativa

“Estamos ante un reto que llama a la respuesta grupal, donde todas las manos son pocas. Todas las organizaciones estamos juntas en esto”, sostiene el vicepresidente ejecutivo de Fundación ONCE, Alberto Durán. En el encuentro participan las principales organizaciones y asociaciones que trabajan a diario con la discapacidad. Y explican las dificultades, las otras barreras a las que se enfrentan de manera cotidiana.

La directora gerente de COCEMFE, Elena Antelo, incide en los tres aspectos claves con los que trabajan. “La incidencia política es fundamental para hacer entender a todas las administraciones la importancia de que se tengan en cuenta a las mujeres con discapacidad, que aparezcan en las estadísticas, que los recursos sean accesibles y que se puedan atender en casos de violencia extrema; porque la gran mayoría de la mujeres que llegan a los circuitos normalizados lo hacen porque ya han pasado por verdaderos procesos de maltrato en todos los niveles, es decir, están en una situación terrible”, sostiene Antelo. 

En segundo lugar, COCEMFE trabaja con el fortalecimiento asociativo y la capacitación de sus profesionales: “Es primordial que nuestros profesionales sepan reconocer las situaciones de violencia que se puedan estar dando, porque eso hace que, a lo mejor, esas mujeres no participen de forma normalizada en programas que ponemos en marcha. Es muy fácil decir que las mujeres con discapacidad tienen menos acceso a la formación, pero cuando tienen responsabilidades familiares, ¿quién favorece que esas mujeres puedan acudir a estas actividades formativas?”. Si no pones en práctica programas paralelos –añade Antelo– no se puede hacer nada. 

Y la tercera pata es el trabajo directo con las mujeres: “Tenemos que trabajar de forma muy coordinada. No creemos que tenga que haber recursos específicos. Los dispositivos que existan tienen que ser normalizados para todas las situaciones, adaptados a todas las personas. No se nos puede cargar a las asociaciones, que somos organizaciones sin ánimo de lucro y tenemos recursos limitados, determinadas cuestiones. No, no disponemos de viviendas, por ejemplo”. E insiste en lo que sí pueden hacer: “Para las violencias más pasivas y en las que sí podemos intervenir, el movimiento asociativo puede desplegar programas que ayuden a las mujeres a empoderarse e ir soltando el lastre por esa mayor vulnerabilidad de las mujeres con discapacidad”. 

Ellas mismas pueden ser conscientes de esa vulnerabilidad. Así lo explica Celeste en el estudio realizado por CERMI-Mujeres: «Creo que [la vulnerabilidad] se da con mayor intensidad en personas con discapacidad intelectual o de desarrollo porque eso nos convierte en personas buenas, pero también al mismo tiempo en personas ingenuas y eso hace que se aprovechen de nosotras, precisamente… Yo siento que no me han dotado de las herramientas que poseen las personas sin discapacidad. Las personas sin discapacidad nacen con unas herramientas sociales, unas herramientas que yo no tengo, eso hace que sea más víctima de cualquier tipo de violencia, porque la gente se aprovecha de ello, porque nos cuesta identificar que estamos siendo maltratadas”.

La falta de formación en la justicia

Es decir, no hay que crear guetos, no se necesitan cosas distintas, sino recursos para todas. Y en esos recursos existe, según denuncian las organizaciones, una enorme deficiencia en el sistema judicial. La eurodiputada Rosa Estaràs (PP), miembro de la Comisión de los Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género, destaca la falta de formación en los juzgados sobre este tema. Y eso implica, además, que las mujeres con discapacidad permanezcan más tiempo con sus maltratadores. “Los comités se han alarmado de la cantidad de formas de violencia en torno a la mujer con discapacidad –esterilización forzada, abortos…–. Los estereotipos son muy perjudiciales, hay una estigmatización mayor y ello aumenta el riesgo de violencia. Se las considera incapaces de emitir juicios y tomar decisiones, lo que dificulta que puedan salir del círculo de la violencia; existe un mayor riesgo de pobreza. Se duda de su credibilidad, a veces se desestiman las pruebas, y muchas veces la mujer con discapacidad desconoce sus derechos”, denuncia Estaràs. 

Hay muchos ejemplos y enormes diferencias en función de los tribunales de justicia. Hace apenas unas semanas, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León absolvió a un hombre que había sido condenado previamente por la Audiencia de Valladolid a más de 14 años de cárcel por agresión sexual a su hija, con discapacidad. El argumento para la absolución ha sido la falta de pruebas. Sin embargo, el tribunal que lo condenó consideraba en la sentencia que en las manifestaciones de la hija sí concurrían los presupuestos que, según distinta jurisprudencia, permitían atribuir credibilidad al testimonio de la víctima.

El director de Plena Inclusión, Enrique Galván, insiste en este aspecto: “Muchas veces se piensa que son eternas niñas, que no tienen sexualidad, que no son objeto de atracción, que son siempre un objeto de sobreprotección sobre el cual alguien puede decidir. Eso genera un contexto de vulnerabilidad mayor”. En muchas ocasiones –reflexiona Galván–, se duda del crédito de los testimonios de las personas con discapacidad intelectual, especialmente de las mujeres y niñas, y se concluye de manera errónea que lo han interpretado mal, que no se han enterado. “En el extremo de esta situación estaba la denuncia de Mabel Lozano sobre la selección por parte de los proxenetas de mujeres con discapacidad porque eran más manipulables y se mantenían en una total sumisión”, prosigue. 

El citado estudio de CERMI-Mujeres recuerda que muchas de las entrevistadas tuvieron una infancia complicada en un entorno que no las protegía ni cuidaba. De soledad y acoso escolar. De diagnósticos tardíos. Alguien puede darse cuenta de la crudeza que supone esta situación leyendo testimonios como el de Paula, superviviente de la prostitución y trata con fines de explotación sexual: “Yo le trabajaba a la mujer porque tenía 11 hijos y desde ahí el tío, el marido, pues me entró en un puticlub, y ahí, me obligaba a acostarme con los tíos, a meterme droga, de todo. Mi marido sabía que estaba en el prostíbulo y no hizo nada, le gustaba que estuviese ahí, porque así ganaba dinero, para su droga, porque también se drogaba”. 

O Celeste: “Mis padres me infravaloraban mucho. Me decían que yo era un caso perdido, que yo no iba a conseguir nada en mi vida, que yo no valía nada, que no merecía vivir, que era un desecho. A mí me diagnostican un Asperger muy tarde. Yo siempre había sabido que yo no era normal, también en las fotos intento reflejar esa frustración, porque yo… yo lo que siempre he pensado es que… bueno también en base a lo que mis padres me decían, era que yo estaba loca, y siempre he tenido mucho miedo de acabar en un manicomio, tenía ese miedo recurrente. Entonces de cara al exterior intentaba fingir, fingía mucho, intentaba parecer normal, por todos los medios. También sufría acoso escolar, sufrí bastante bullying por parte de chicos y por parte de chicas, aunque en el caso de las chicas era más psicológico, en el caso de los chicos era más violento y más acoso sexual. Mis padres nunca entendieron cómo me sentía yo. El diagnóstico, a los 18, fue una liberación porque pude ponerle nombre y porque se me quitó el miedo de que algún día me encerraran en el manicomio. Pero la relación con mis padres tampoco mejoró. Ellos me decían que siempre habían sabido que yo no era normal, pero en el momento en el que recibieron el diagnóstico, me tacharon de irresponsable, de vaga, de inútil, me veían como si tuviera una enfermedad (…) mis hermanas intentaban apoyarme y defenderme de mis padres. Pero realmente toda esta situación, la frustración, el acoso escolar, la situación de sentirme sola, hizo que me quisiera ir de casa en el primer momento que tuve”. 

Y en ese contexto, llegar a la justicia se convierte todavía más en una barrera insuperable. Es una reivindicación común, la formación de la justicia y la plena igualdad en el acceso. La directora ejecutiva de CERMI y secretaria del Patronato de la Fundación CERMI MUJERES, Pilar Villarino, pide que se dé con todas las garantías procesales: “Incluso si hace falta, mediante ajustes de procedimiento adecuados a la edad y a la situación específica de las mujeres. Tienen que tener acceso a la información, al apoyo humano, que elijan ellas mismas en todas las relaciones con la justicia”. Villarino reclama también protocolos de actuación entre los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, entre los miembros de la judicatura, la Fiscalía, abogadas, abogados… “El sistema de trabajo en red es esencial. Y la formación para todos los actores judiciales es fundamental para eliminar esas barreras, que al final son las más difíciles de salvar, que son los prejuicios, las ideas preconcebidas en torno a las mujeres con discapacidad”, añade. La directora del CERMI recuerda, además, la necesidad de dotar de recursos adecuados a los juzgados especializados en violencia machista: “Y, en cumplimento del Pacto de Estado, que se desarrolle la figura de la asistencia personal para evitar la victimización secundaria”.

La necesidad de contar con datos

Los datos, la falta de datos, es otro de los caballos de batalla y, a su vez, una de las cuestiones cruciales para conocer la magnitud del problema. “Las estadísticas son fundamentales para evaluar la sociedad y tomar medidas. Los datos más fiables de los que disponemos son las denuncias, pero las denuncias son muy pequeñitas. Luego tenemos las encuestas. Y luego está la prevalencia real, que es todavía mucho más grande. Y si ademas es violencia de género con discapacidad, es más complicado medir el problema”, explica la subdirectora general adjunta de Sensibilización, Prevención y Estudios de la Violencia de Género, dependiente del Ministerio de Igualdad, Celia Santos Sánchez, que destaca los estudios elaborados hasta la fecha. La responsable del CERMI pide, además, una macroencuesta específica sobre cómo afecta la violencia a las mujeres con discapacidad y pone como ejemplo el trabajo que están desarrollando en colaboración con la Junta de Extremadura: “Estudiando la situación, estamos contribuyendo a crear esos datos que van a permitir políticas públicas de calidad que sean eficaces y tengan en cuenta a las mujeres, a las niñas con discapacidad, y a las madres y cuidadoras, que también sufren”.  

Y no solo los datos. Es importante, asegura Villarino, pelear contra el sesgo en los mismos datos, muchas veces causado por la invisibilidad: “Es un elemento permanente contra el que tenemos que luchar; siempre somos las últimas de la fila. Y la lucha por sortear esta barrera nos va a permitir políticas públicas contra la violencia machista a las mujeres con discapacidad”. 

Tener altavoz para ello es indispensable, defiende la vicepresidenta tercera de Igualdad, Recursos Humanos, Cultura Institucional e Inclusión Digital del Grupo Social ONCE, Patricia Sanz: “Si no tenemos altavoces, si los que tenemos no comparten la información de cómo afecta esta situación, si no lo compartimos con la sociedad, si no aparece en los telediarios, es un problema del que la sociedad no tendrá conocimiento”. Y plantea otra cuestión para reflexionar: “Son 24 los hijos que han perdido a sus madres, esas 37 mujeres asesinadas este año. Ojalá ninguno de ellos tenga discapacidad. Ese es otro dato que nos gustaría conocer, no por morbo, sino por ayudar y dimensionar el problema”. 

Este año, no obstante, se ha producido –a pesar del retraso– un avance significativo en la legislación española: el Congreso aprobó el pasado octubre por unanimidad la derogación de la esterilización forzosa a las personas con discapacidad, es decir, se prohíbe esterilizar a una mujer para que no tenga hijos. Quedan muchas cuestiones pendientes, como explican las organizaciones, entre ellas la tramitación de la reforma del artículo 49 de la Constitución, en el que aún se puede leer el término ‘disminuido’. 

El tejido asociativo confía en los avances. Y las mujeres también: “Cuando yo llegué aquí estaba muy, muy mal. Destrozada. No tenía nada. No tenía ni dignidad”, dice Blanca. Marta, otra mujer del programa de Inserta, afirma en primer plano, mirando a la cámara: “Tenemos un punto muy negro y ese punto hay que borrarlo poco a poco. Que tú me hayas dado esta oportunidad de hablar y de que me exprese, que demuestre y que me oigan las personas, para mí es grande. ¿Tú sabes por qué? Porque el punto se me está haciendo más pequeño. Y mira lo que estoy haciendo: grabando y hablando contigo”. 

*Todos los nombres de las mujeres con discapacidad que cuentan su relato son ficticios para preservar su identidad.