Cinco años de los Acuerdos de Paz | Colombia, un país sin reforma agraria (I)

“El desarrollo rural integral ha sido una lucha permanente del pueblo campesino colombiano, porque el problema aquí es el derecho a la tierra”, afirma Irene Ramírez, presidenta de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra (ACVC).

En Colombia, la distribución desigual de la tierra es una de las causas del conflicto social y armado que existe desde hace más de cinco décadas. En un país donde el 1% es dueño del 80% de la tierra y en el que nunca ha habido una reforma agraria, el primer punto del Acuerdo de Paz prioriza la transformación del campo, el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural, y el cierre de la brecha entre el campo y la ciudad a través del punto uno de Reforma Rural Integral. “Para nosotras, el tema agrario es fundamental. Como campesinas la tierra lo es todo para nosotras, la que nos identifica, la que nos da las energías para estar aquí”, destaca la lideresa de la ACVC.

La ACVC tiene su actividad en la región del Magdalena Medio, uno de los ríos más importantes de Colombia y zona de tránsito migratorio de aves en el país con la mayor diversidad de pájaros del mundo. La organización se fundó en 1996, como respuesta del campesinado ante los desplazamientos forzados derivados del conflicto armado y la necesidad de proteger el territorio de megaproyectos extractivistas, principalmente de la tala masiva de árboles y de la explotación de petróleo. Para hacer frente a ello, la ACVC promovió las Zonas de Reserva Campesina (ZRC), una figura jurídica que prioriza la propiedad de la tierra para los campesinos y campesinas. El objetivo de estas zonas es garantizar que la ruralidad atravesada por la violencia y los desplazamientos forzados tenga soberanía alimentaria y un espacio de vida digno donde se respeten los derechos humanos y ambientales.

Precisamente, la promoción de las Zonas de Reserva Campesina fue una de las iniciativas pactadas entre el gobierno colombiano y las FARC-EP en los Acuerdos de Paz. Actualmente, hay siete constituidas y otras tantas en proceso como la de la región del Catatumbo, dentro del departamento de Norte de Santander y fronteriza con Venezuela. “Para que las ZRC fueran una figura por ley tocó poner mucha sangre, muchas vidas en esas marchas”, manifiesta Olga Quintero, lideresa de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat). “Las ZRC son una alternativa de paz donde los gobiernos nacional y local establecen una ruta de inversión social con un plan de desarrollo sostenible. El área de protección ambiental que integra el plan de desarrollo es importante en estos tiempos tan complejos de crisis climática que nos van a afectar, no solo a los seres humanos, sino a todos los seres vivos y ecosistemas”, resalta la defensora. 

En el caso del Valle del Río Cimitarra, esta figura se aprobó en 2002, pero con la llegada del expresidente Álvaro Uribe en 2003 y la arremetida paramilitar en los territorios, se suspendió hasta 2010. El impulso del Premio Nacional de Paz que la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra recibió ese mismo año y el final del mandato de Uribe permitieron reactivar la Zona de Reserva Campesina en el Magdalena Medio. En el caso del Catatumbo, Quintero afirma que no se está avanzado en la constitución de la ZRC, así como en el cumplimiento del punto uno del Acuerdo por “falta de voluntad política”. “Cumplimos diez años de estar solicitando este derecho constitucional y no ha sido posible. Y mientras esa situación no se resuelva, es decir, mientras no se le den tierras al campesinado, a la población indígena, afrodescendiente y en proceso de reincorporación, va a ser muy difícil eliminar de manera definitiva la causa estructural del conflicto armado en Colombia”, señala Juan Carlos Quintero, también líder de Ascamcat. 

Y es que el punto uno del Acuerdo es de los que menos se ha implementado en estos cinco años. Según el quinto informe del Instituto Kroc, a noviembre de 2020 el avance del cumplimiento del Acuerdo de Paz es apenas del 28%. “El Estado no cumplió. Lo que hicieron fue dejar los territorios vacíos que ocupaba la guerrilla para que otros vinieran a robarnos nuestros recursos naturales”, explica Ramírez. 

“El Acuerdo dio mucha importancia a la Reforma Rural Integral, a una política de tierras acompañada de reconversión de economías cocaleras y planes de desarrollo”, explica Camilo González, presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz). “Desafortunadamente, lo que ha primado en este periodo han sido las políticas de concentración de la tierra. Los gobiernos se han dedicado más a la idea de invertir para la productividad, la exportación, la competitividad… Invertir a lo grande y ayudar a la concentración del uso y la tenencia de la tierra, en lugar de darle importancia a la economía campesina, indígena y de comunidades afro. Y estos son los factores de violencia que explican por qué el mayor número de asesinatos está dirigido contra estas comunidades rurales”. Según Indepaz, desde la firma de los Acuerdos más de 1.200 personas defensoras han sido asesinadas en Colombia. “Lamentablemente, quienes apoyamos la implementación plena del Acuerdo y creemos en la paz nos volvimos objetivo militar de múltiples sectores”, reafirma Juan Carlos Quintero.

La Línea Amarilla y la conservación del medio ambiente 

En las ZRC se promueve un gran proyecto de conservación del medio ambiente. En el caso de la del Valle del Río Cimitarra se encuentra la Serranía de San Lucas, y más concretamente lo que se conoce como Línea Amarilla, un área de 70 mil hectáreas que no ha sido intervenida gracias a los acuerdos comunitarios que han permitido conservar más de 500 especies. Una selva virgen que las personas desplazadas durante los años 80 comenzaron a delimitar con pintadas amarillas, creando comités de tierras para proteger la biodiversidad. En la zona se prohibió cazar, sembrar y talar. Gracias a esta protección, hoy en día es la última zona de selva húmeda virgen representativa de este ecosistema en el centro norte del país. “Hay que cuidar esa franja amarilla porque es la que nos da oxígeno, nos da vida y es la que mantiene el agua de nuestros ríos y quebradas. Esto es lo que nos mueve y por eso sentimos que tenemos que seguir defendiendo el territorio en el marco de los Acuerdos”, resalta Ramírez. Pero a día de hoy, con las presiones y las nuevas intervenciones, estás hectáreas protegidas se han reducido a cerca de 50 mil.

La gran mayoría de la ZRC del Valle del Río Cimitarra está dentro de zonas destinadas para la industria del petróleo y, por lo tanto, no pueden ser tituladas por el pequeño campesinado, tal y como dice Annye Páez, defensora de la ACVC. La también abogada destaca que, aunque actualmente no existe un desplazamiento forzado, sí se ve que la inversión desde la institucionalidad está enfocada en proyectos de infraestructura de alto coste que no benefician al campesinado, ni corresponden a la realidad del territorio. “Esta es una forma de desplazar a las comunidades que no pueden sobrellevar la vida y que tienen que vender sus territorios por la falta de un plan de desarrollo sostenible en la región”.