El agua que se bebió el AVE

Había agua, ya no la hay, y si falta el agua, falta la vida. Tan sencillo como este es el problema que asuela una comarca de la Montaña Central leonesa desde hace dos décadas. Justo el tiempo que hace del inicio de una obra faraónica que, al tunelar el subsuelo de la cordillera cantábrica para que el AVE pudiera atravesarla, pinchó veinte acuíferos de seis subcuencas hidrográficas. Aguas subterráneas que antes desaguaban hacia el Duero y ahora lo hacen hacia el Cantábrico a través del río Huerna y a un ritmo que se ha calculado que bastaría para abastecer de agua corriente a toda la ciudad de Oviedo.

Manantiales, abrevaderos o arroyos se han secado; prados que eran de regadío son ahora de secano, y el mercado los paga a la cuarta parte de lo que los pagaba. Falta el agua y, en consecuencia, se compromete la vida en este rincón de la España vaciada, que acá lo es literalmente: necesita agua la ganadería extensiva, necesita agua la instalación de complejos de turismo rural, necesita agua el neorrural al que podrían atraer estos valles paradisíacos y de clima bonancible.

«Tenemos un proyecto de una empresa de turismo activo, habría posibilidad de casas rurales y muchas otras cosas, de alguien que viviera de la ganadería y de hacer unos quesos, pero no hay agua para lavar una lechería; si alguien se pone a hacer quesos, si hay agua para eso no la hay para beber», ejemplifica José Manuel González, desesperado alcalde pedáneo de Paradilla de Gordón, la localidad más afectada, cuyos dos vecinos permanentes —más otros dos estacionales, de origen alemán— dependen de la visita ocasional de un camión cisterna para disponer del agua que antes manaba copiosa por sus grifos.

El día que hablamos con él se tardaba veinte segundos en obtener un litro: 319 se pierden por segundo por los 25 kilómetros del flamante túnel de Pajares. Y la desesperación se ve agravada por la desidia de las administraciones. «La junta vecinal», cuenta González, «hizo dos proyectos para traer agua al pueblo, de 40.000 y 70.000 euros, pero no nos han dicho nada, pasan de nosotros. Es mentira lo de la España vaciada: les importamos muy poco», lamenta. 70.000 euros frente a los 3.717 millones que ha costado la obra de la Variante, la más cara de la historia de la ingeniería española. El túnel es el quinto más largo del mundo, el tercero más profundo y el segundo más complejo por detrás de San Gotardo.

La obra se inició hace dos décadas con las prisas y escasez de estudios previos que caracterizaron a la España de la burbuja y del aznarismo. El todopoderoso Francisco Álvarez-Cascos –por entonces ministro de Fomento– quería regalar el AVE a su región natal y ADIF acometió la obra con el mismo sistema que el túnel del Guadarrama, una sierra granítica, completamente distinta de la tortuosidad espeleológica de la cordillera cantábrica. A la única evaluación de impacto ambiental que se hizo en relación con los túneles, en 2002, le bastó con dictaminar que, al tratarse de una obra subterránea, no se verían afectadas las Zonas Especiales de Conservación de la Red Natura 2000. Extrabajadores de la obra confirman —mencionando incluso el consumo de cocaína al son de música de ACDC— el recuerdo de Arsenio Rodríguez, presidente de la Asociación de Ganaderos de la Montaña de León. Según cuenta Rodríguez, la obra llegó a ser una competición entre turnos «para ver quién ponía más dovelas (una especie de arco): si el turno de mañana ponía media, el siguiente tenía que poner una o una y media». Llegó a haber muertes de trabajadores que se subían, para salir rápidamente del túnel y agilizar el relevo, a convoyes para el transporte de las dovelas, no adaptados para el transporte de viajeros.

Rodríguez, residente en otro de los pueblos afectados, Cubillas de Arbás, donde regenta una explotacion ganadera ecológica, nos pide disculpas cada tanto y que no registremos las palabras malsonantes que, en la enormidad de su indignación, no puede evitar proferir. No registraremos pues, cumpliendo su petición, las que salpimentaron su recuerdo de cuando «alguien dijo que el agua que salía por ahí, un agua de una gran calidad, se podía utilizar. A mí me pareció muy bien y propuse que los municipios que la fueran a disfrutar pusieran una cantidad simbólica, medio euro, un euro al año, que repercutiera sobre los pueblos afectados, que pudieran hacer balsas o acometidas mejores o depósitos más grandes; lo que fuera, pero aquí pusieron el grito en el cielo: ¿el agua de León ir a Asturias? ¡Pero si lleváis echándola diez o quince años y no os ocupasteis de ella! ¿Ahora porque alguien quiera darle una utilidad ponéis el grito en el cielo?». Ayuntamientos asturianos como los de Lena y Mieres han expresado efectivamente su disposición a aprovechar esa agua perdida si surge la posibilidad.

A medida que aparecían los problemas (las fugas de agua, pero también grandes desprendimientos de tierra), la preocupación era el tren; proteger el tren. Para ello, bastó con «ponerle una doble camisa al túnel, un paraguas al tren y no sellar las grietas», alegoriza Carlos González-Antón, abogado de la denuncia de estos estragos promovida por la Federación Leonesa de Entidades Locales Menores y la Asociación Lacerta, que exigen que se modifique la Declaración de Impacto Ambiental para que obligue al bombeo de agua y la realización de obras en superficie que corrijan o compensen los daños. «Esto no es un volcán; es un señor que tenía que haber hecho bien las cosas y ha producido unos daños que tiene que corregir», manifiesta el letrado. 

Entretanto, las localidades afectadas recurren a soluciones improvisadas y deficientes. En Rodiezmo, otra de las localidades cuyas fuentes se marchitaron, la traída compensatoria de agua de un río situado a varios kilómetros se acomete sin un procedimiento legal riguroso ni evaluación de impacto y extrayéndola, no del manantial, sino de su curso medio, una zona de tránsito de ganado. «El agua huele a cucho [estiércol] que tira para atrás y en verano le echan cloro del que los vecinos cuentan que quema la garganta, lo que les hace beber agua embotellada estando en plena cordillera cantábrica», refiere el abogado. Los afectados reclaman 15 millones de euros a ADIF para la restauración ambiental de los daños causados a al menos 1.500 de las 3.000 hectáreas de los prados incluidos en la concentración parcelaria de Villamanín y el suministro de nuevo abastecimiento de agua a los pueblos perjudicados.

Tanto la Confederación Hidrográfica del Duero como la Junta de Castilla y León han expresado su preocupación por las fugas y su exigencia de soluciones. ADIF, por su parte, se ha comprometido nominalmente a proporcionarlas, pero las condiciona a la realización de estudios y sondeos que certifiquen su responsabilidad y de los que puntualiza que es imprescindible, para que sean fiables, que abarquen varios años hidrológicos. Los afectados perciben esto como una añagaza para dormir su reivindicación. «Somos trabajadores, no nos dedicamos a estos barullos. Mi trabajo es criar terneros. Dejan pasar el tiempo y hacen estudios sobre los estudios para que la gente se vaya dejando ir y derrotarte por cansancio», asevera Arsenio Rodríguez. 

González-Antón invita de todas formas a los vecinos a «perder el fatalismo», y no así la esperanza: la única lucha que se pierde, ya se sabe, es la que se abandona.