Los jóvenes investigadores denuncian que la ley Castells no acabará con la precariedad

Vanesa Nozal tiene 28 años, vive en Madrid e investiga en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) sobre nuevos fármacos. Estudió Química en la Universidad de Valladolid y se trasladó a la capital, a la Universidad Complutense (UCM), para realizar el máster que la relanzaría en su carrera investigadora. A pesar de ello, según explica, tendrá que irse al extranjero en cuanto lea su tesis doctoral el año que viene. El texto presentado por el ministro de Universidades, Manuel Castells, sobre la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario, tampoco ha creado en ella ciertas expectativas de quedarse en España. La Federación de Jóvenes Investigadores – Precarios (FJI), a la que pertenece Nozal, ha criticado duramente el anteproyecto de ley.

Paco Palazón, otro integrante de la FJI, se ha estudiado concienzudamente el anteproyecto: “Partimos de la base de que la estabilización en la carrera investigadora se produce cuando ya tenemos más de 40 años, según los propios datos del Ministerio de Universidades. En la gran precariedad en la que nos encontramos, concatenamos contratos temporales sin garantía de permanencia, es todo una jungla en cuanto a convocatorias competitivas y falta un diseño claro de la carrera investigadora”, introduce este investigador del Instituto de Ciencia Molecular de la Universidad de Valencia.

La LOSU no recoge la creación de un Estatuto del Personal de Investigación, tal y como viene reclamando la FJI desde su creación. De esta forma, podrían adquirir derechos básicos que ahora se les niegan, como la indemnización por finalización del contrato o la limitación de su concatenación en la misma entidad, tal y como sí recogen múltiples convenios colectivos en otros sectores. “Creemos que la LOSU no va a resolver el gran problema de la precariedad porque, para empezar, no recoge ninguna memoria económica. No seamos ilusos, sin inversión o un plan de choque con gran oferta de empleo público que reponga tantos años de recortes, las cosas podrán cambiar de nombre, pero poco más”, se explaya Palazón. 

Así ocurrirá, tal y como recoge el anteproyecto, con las nuevas categorías de “titular laboral” o “catedrático laboral”, que serán administradas desde las comunidades autónomas, un hecho que desde la FJI denominan como “un grave error” y “una forma de escurrir el bulto” por parte del Ministerio. Palazón también se refiere a la alta burocratización a la que se enfrentan en su gremio, pero acepta que en ocasiones es una salvaguarda para evitar ciertas irregularidades.

La endogamia universitaria

En este sentido, el texto presentado por Castells refleja la eliminación de una acreditación para poder llegar a la categoría de “profesor ayudante doctor”, y aunque desde la FJI critican los criterios que hay para obtenerla, también defienden que es mejor la normativa actual que su supresión. “Quitar el filtro externo va a dar más poder a cada universidad para hacer lo que quiera, y la endogamia seguirá. Continuará la prevaricación en las contrataciones que, encima, las gestionan los departamentos de cada centro de estudios. Retuercen los baremos, o se publican después de la presentación de candidaturas, o se aplican valores de afinidad. Esas plazas salen con nombres y apellidos, aunque se supone que son públicas”, comenta Palazón a La Marea.

Este aspecto de la endogamia sí podría cambiar algo si se llega a materializar otra idea recogida en la LOSU en relación con que los tribunales que deciden esas plazas estén constituidos por una mayoría de personas externas al centro y elegidas por sorteo. De hecho, esta cuestión es de gran importancia para investigadoras como Nozal, quien se trasladó a Madrid al ser la región en la que se concentran mayores posibilidades de futuro. “Deberían evaluar mi carrera investigadora, lo que yo he hecho, mi expediente, pero no si he colaborado con ese departamento o estudiado en esa universidad. Si cambia la endogamia que hay, quizá sí me piense retornar antes del país al que me iré”, afirma.

La movilidad internacional, tan importante en el terreno de la investigación, actualmente se encuentra estancada en España. Las personas extranjeras que quieran homologar sus títulos tienen que esperar hasta dos años, pese a que el propio Castells afirmó que este proceso no duraría más de seis meses. “Hasta dos años para homologar un título de un país comunitario… En esas condiciones nadie va a venir a España a investigar porque no hay la estabilización necesaria”, concretiza Palazón.

Una normativa clara, la solución

Este integrante de la FJI vuelve a la idea del Estatuto del Personal de Investigación, al igual que sucedió con la aprobación de un estatuto que tan solo englobaba a sus compañeros predoctorales. De esta forma, quienes ya se han doctorado, cuentan con menos derechos y prestaciones que los anteriores, frenando, de nuevo, la incentivación a continuar la carrera investigadora. “Queremos un diseño de carrera científica medianamente racional, no lo que hay ahora, que es todo un conjunto de convocatorias públicas, internacionales, nacionales o privadas sin ningún tipo de garantía”, sostiene el investigador de Valencia.

Así pues, la FJI propondrá al Ministerio de Universidades y al de Ciencia un modelo denominado 4+5. Se trataría de cuatro años de formación predoctoral y unos 5 ó 6 de postdoctoral, en donde se puedan definir dos categorías: los junior y los senior. “Queremos objetivos claros y de sostenibilidad, y tampoco hace falta empezar de cero porque ya hay muchos programas que son válidos, como los de la Agencia Estatal de Investigación. Lo único que hay que hacer es acortarlos y establecer una serie de objetivos preestablecidos para que la gente valore si le interesa o no, pero no vivir en esta incertidumbre constante”, profundiza el mismo Palazón.

La LOSU se queda corta

Nozal, por su parte, aqueja una falta de mecanismos de control en la LOSU para el personal de su categoría, que realiza su tesis en el CSIC con un contrato de formación de profesorado universitario (FPU): “A los doctorandos se nos exprime al máximo cuando por contrato solo podemos dar 180 horas de docencia. La precariedad en la universidad hace que falte profesorado por todas partes, y la carga docente recae en los investigadores jóvenes”, ilustra la investigadora.

Esta carga docente a la que alude se materializa en ser los responsables de grupos o la corrección de exámenes, dos funciones que no deberían realizar. Ella, docente en la UCM, afirma: «Existen muchas prácticas que siguen perpetuándose en la universidad pero que los predoctorales no tenemos la manera de decir que suceden”. Asimismo, ella asegura que consiguió uno de los contratos de excelencia que otorga el Ministerio de Universidades, los FPU. En este sentido, los tiempos ministeriales en cuanto a publicación de ayudas y otras prestaciones no van parejos a las necesidades reales de los investigadores.

El Ministerio no acompaña a los investigadores

Así lo explica la propia Nozal: “Esas ayudas las solicitamos en diciembre de un año y las adjudican en julio, que ya es algo tarde aunque normal. Pues este año estamos en septiembre y todavía no las han resuelto, así que hay más de 2.500 investigadores jóvenes que no saben dónde van a estar en un mes”. Ese es el momento en el que salen a relucir esa carrera obligada y desenfrenada de los méritos: “En este tiempo entre contrato y contrato, muchos laboratorios te dicen que puedes seguir yendo a trabajar con la excusa de los méritos o firmar en un paper, pero ahora sin contrato porque estos centros tampoco tienen dinero para contratarte. Al final es la rueda que te pasa por encima”, comenta esta investigadora del CSIC, que cobra poco más de 1.200 euros netos al mes.

Desde su punto de vista, la LOSU “tiene un tinte de quitar plazas funcionariales para suplirlas por otras laborales”, lo que es un grave error según su lectura: “Se tiende a pensar que los funcionarios se apoltronan, pero no nos imaginamos lo que seríamos capaces de hacer si un científico no se tuviera que preocupar por la financiación y burocracia de sus proyectos para poder enfocar toda su capacidad en la investigación”.

Nozal será otra de las cientos de personas que marcharán de España para poder seguir investigando, una vez doctorada. “Yo no me planteo ni tener hijos ni poder casarme ni nada de esto. Yo me iré al extranjero, y el principal problema es que no sé si volveré. Aunque me vaya cinco años y me convierta en la mejor investigadora, tampoco tendría muchas más opciones de conseguir cierta estabilidad en España”, concluye.