Extremadura, un festín para los buitres de la minería (1)

“Extremadura es una tierra desafortunada. Contando con importantes recursos naturales, su población apenas disfruta de ellos. Expoliada de sus riqueza, sus capitales, […] el sistema le ofrece con largueza los detritus del desarrollo en forma de centrales nucleares, papeleras, plantas de tratamiento de uranio… sumando a la anterior colonización económica, cultural, política, un colonialismo ecológico mucho más amenazante e irreversible”. 

Con este extracto comenzaba el primer capítulo de Extremadura saqueada, un libro colaborativo publicado en 1978. Hace más de cuatro décadas, este trabajo analizaba “las relaciones de dominación y dependencia” sobre las que se asentaba un territorio maltratado en el que la rapiña de las clases nobles ha venido desvalijando una tierra rica durante siglos.

El fragmento anterior, sin embargo, no resulta anacrónico en pleno 2021. Extremadura vuelve a ser noticia debido a una obcecación histórica por mantener un modelo económico extractivista caducado en los países desarrollados, con el que se pretende seguir alimentando a un territorio que acaba por añurgarse con las consecuencias.

En la actualidad, en esta comunidad hay más de 200 proyectos mineros a cielo abierto en distintas fases de tramitación. En sus suelos se han encontrado importantes depósitos de litio, un material importantísimo para la denominada transición ecológica. Y una ingente fuente de beneficios para grandes empresas. Según Elena Solís, abogada ambientalista y coordinadora nacional del área de Minería de la organización Ecologistas en Acción, Extremadura es uno de los objetos de deseo de la industria minera por varios factores. Uno de ellos es su pasado. “Muchos de estos proyectos se hacen sobre otros antiguos, lo que es una garantía para las bolsas en las que cotizan las empresas”, explica. 

Las grandes corporaciones suelen fijarse, también, en aquellos territorios ricos en materiales en los que, además, la movilización social sea escasa. La comunidad extremeña cumple con ambos requisitos. “En Extremadura hay mucha sociedad política y muy poca sociedad civil. Hay una hipertrofia de lo político-partidario, una estructura política clientelar construida a lo largo de muchas décadas y a la vez una sociedad civil muy, muy débil”, señala Manuel Cañada, diputado autonómico entre 1992 y 2003, además de exsecretario del Partido Comunista de Extremadura y antiguo coordinador regional de Izquierda Unida (IU). Y en ello incide una de las empresas que pretende explotar varios yacimientos en la región: “Esta zona escasamente poblada es muy adecuada para la exploración y la minería”, apuntaba Valoriza Minería –filial de la constructora Sacyr– en uno de sus documentos sobre sus exploraciones en Extremadura, según denuncia un informe de Ecologistas en Acción publicado en diciembre de 2019. La compañía ha declinado responder a las preguntas enviadas por este medio.

Sin embargo, esa “voz dormida” con la que tituló su última novela la extremeña Dulce Chacón y que esperaban encontrar las grandes compañías en la región, ha despertado. Ocurrió lo mismo con la apertura de la Central Nuclear de Valdecaballeros durante los 90 o la puesta en marcha de la refinería Balboa a partir de 2005, “las dos grandes victorias de la sociedad civil extremeña”, en palabras de Manuel Cañada.

Las plataformas antiminería han puesto en pie a una parte importante de la población cansada de jincá las roillas en el suelo, como escribió el poeta Luis Chamizo. Una de las más activas ha sido la Plataforma Salvemos la Montaña de Cáceres, creada en julio de 2017 para tratar de evitar la autorización de una mina de litio a cielo abierto a menos de dos kilómetros del casco urbano de la ciudad, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. “Es inviable. El riesgo y el daño sería incalculable”, denunciaba a finales de marzo Montaña Chávez, portavoz de la plataforma. Lo hacía a las puertas de la sede de la presidencia del Gobierno, en Mérida, tras una marcha a pie durante cuatro días que sirvió para conseguir una reunión con el presidente de la Junta, el socialista Guillermo Fernández Vara, el cual había rechazado otros encuentros anteriores. Desde Presidencia, no han respondido a las cuestiones de este medio.

Un “Gobierno regional proactivo” con la minería

Además de la diversidad geológica y la riqueza minera, Extremadura cuenta con dos características que la hacen especialmente interesante para las grandes corporaciones extractivistas: “Estabilidad legal, bajos impuestos y tasas, importantes ayudas e incentivos” y un “Gobierno regional proactivo e involucrado en el desarrollo del sector minero”.

Los entrecomillados pertenecen a un folleto editado y publicado por parte de la Junta en 2019 bajo el título de Extremadura (España), una región minera en Europa, en el cual se exponen las “razones para invertir en el sector minero de Extremadura”. Además de las ya mencionadas, también se pone a disposición de los inversores una “completa infraestructura cartográfica geológico-minera, geoquímica y geofísica regional” y el Sistema de Información Geológico y Minero de Extremadura (SIGEO), un portal donde se recoge toda la información geológica de la comunidad. 

Según Anxo Pirés, doctorado en Documentación y miembro de la plataforma Alconchel y comarca de Olivenza sin minas –al sur de la comunidad–, el SIGEO es un instrumento con el que solo cuenta la Junta de Extremadura: “La administración lo único que hace es alentar el expolio de nuestros recursos por parte de multinacionales. Estamos pagando con dinero público herramientas que solo benefician a la iniciativa privada. Es una vergüenza”, añade.

La secretaria general del partido Unidas por Extremadura (oposición de izquierda al gobierno del PSOE en la comunidad), Irene de Miguel, criticaba en abril las “alfombras rojas” que se colocan a este tipo de proyectos extractivistas por parte de los dirigentes de la comunidad. A pesar de ello, la mina de Cáceres ha sido rechazada incluso por el alcalde de la ciudad, el también socialista Luis Salaya, quien ha amenazado con dimitir si sale adelante. “En el caso de que la Junta de Extremadura autorice el proyecto minero de Valdeflores, el PSOE dejará de tener un alcalde en Cáceres porque presentaré mi dimisión”, aseguró el mismo día en que comenzó la marcha ciudadana entre Cáceres y Mérida. Salaya sostiene que “ninguna fábrica de baterías se alimentará del yacimiento de litio de la mina de Valdeflores de Cáceres, porque el PGOU [Plan General de Ordenación Urbana] no lo permite” y, además, “una gran mayoría de los concejales del Ayuntamiento de Cáceres se han opuesto a este proyecto”. 

No obstante, el edil cacereño considera que otros yacimientos sí pueden aprovecharse “si cuentan con el respaldo social de los vecinos y son respetuosos medioambientalmente”. Su argumento es el siguiente: “Deben servir para el desarrollo de la zona donde se extrae, generando riqueza, industria y empleo. Ya ha llegado el momento de que los recursos de Extremadura también sirvan para el desarrollo de nuestra región, es de justicia”.

Montaña Chávez es más tajante: “No se puede arrasar el territorio. No pueden venir a conquistarnos, a colonizarnos, a expropiar terrenos de familias que se dedican a la agricultura, a la ganadería o al turismo de naturaleza para que una empresa extranjera arrase con todo”. Se refiere, en este caso, a la multinacional australiana Infinity Lithium, que ejerce de socia de la constructora española Sacyr –a través de su filial Valoriza Minería– en esta explotación. En noviembre del pasado año, la compañía contrató los servicios del exlíder de Ciudadanos [liberal center-right] en Extremadura, Cayetano Polo, como jefe de relaciones institucionales en España para desbloquear el proyecto. La empresa, sin embargo, defiende que “es improcedente hablar de puertas giratorias” en este caso y sostiene que Polo, “ingeniero con una dilatada experiencia en multinacionales, era el candidato perfecto”.

En la actualidad, no obstante, el proyecto cuenta con importantes problemas para salir adelante. La Junta denegó en abril el permiso de investigación a la compañía debido a que el plan municipal de urbanismo de Cáceres no lo permite y desestimó en julio los recursos de alzada presentados por Infinity Lithium. Aunque todavía hay otros permisos pendientes de aprobación en manos de la Consejería de Industria, las posibilidades de aprobación son prácticamente nulas. A pesar de ello, la compañía ha indicado a este medio que ha iniciado “una resolución vía contencioso-administrativa con el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura” para “defender los derechos sobre los Permisos de Investigación que la Junta de Extremadura otorgó en primera instancia” en 2015.

Este es el primer artículo de una serie sobre la minería en Extremadura, publicada en colaboración con el Investigative reporting project Italy (IRPI), en la que han participado los periodistas Giulio Rubino (IRPI), Magda Bandera (La Marea) y Eduardo Robaina (Climática). En esta pieza se incluye parte del reportaje Extremadura, tierra de sacrificio publicado en #LaMarea82.