Dinero público para acompañar a la minería en Extremadura (y 4)

De acuerdo con el informe Minería especulativa en España de Ecologistas en Acción, a menudo “los gobiernos locales y regionales, con la esperanza de crear empleos, proveen a estas empresas de subvenciones y fondos”. De esta forma, la proactividad de la Junta de Extremadura no solo se muestra con palabras. El 30 de abril de este mismo año se abría el plazo para solicitar una de las subvenciones creadas por parte de la Dirección General de Industria, Energía y Minas “para el fomento y apoyo de la seguridad minera en Extremadura”. A través de estas ayudas, pymes, autónomos, cooperativas y grandes empresas podrán conseguir un 40% del coste de la inversión, con un límite máximo de 40.000 euros por beneficiario.

Pero en los últimos años, hay más ejemplos. En 2018, la Dirección General de Empresas y Competitividad concedió una ayuda de 5,32 millones de euros a la compañía minera Iberian Resources Spain –filial de WResources– para que esta pudiese sacar adelante su proyecto de mina de wolframio de La Parrilla en la localidad cacereña de Almoharín. El 80% de la subvención se sufragó gracias a los Fondos FEDER de la Unión Europea.

Sin embargo, ha sido el relato de la búsqueda de la soberanía tecnológica y minera el que ha hecho que desde la Unión Europea se apueste por apoyar algunos de los proyectos localizados en Extremadura, principalmente aquellos que pretenden extraer litio. EIT InnoEnergy es un organismo que canaliza fondos de la Unión Europea (UE) y que gestiona la Alianza Europea de Baterías (EBA, por sus siglas en inglés), la cual incluye a la Comisión Europea, al Banco Europeo de Inversiones y otros importantes actores industriales como los fabricantes de automóviles o a los productores de baterías. La EBA es uno de los principales lobbies que sostienen esta narración sobre la soberanía europea: “El objetivo de la EBA es crear una cadena de fabricación de baterías competitiva y totalmente integrada en Europa y evitar una dependencia tecnológica de Asia”.

Debido a esto, los promotores de la mina de San José Valdeflórez, en Cáceres, firmaron el pasado año un acuerdo con EIT InnoEnergy: “La parte inicial del paquete es una inversión (colocación) en Infinity de 800.000 euros, con una prima del 66% sobre el último precio negociado de la acción”, explican en una nota de prensa. Con ello se pretende financiar la Fase I del proceso de conversión de litio. Asimismo, EIT InnoEnergy también se encargaría de conseguir inversión para la Fase II, cuyo coste se estima entre 1,6 y 2,4 millones de euros. Finalmente, “el acuerdo incluye apoyo para obtener inversiones de hasta 300 millones de euros en deuda y capital para financiar el desarrollo del proyecto”. Aunque la explotación del yacimiento está en el aire, desde San José Valdeflórez aseguran que “el acuerdo sigue vigente” y que permitirá “instalar esta industria única en Cáceres”. 

Pero EIT InnoEnergy también lidera el consorcio español Battchain, creado a principios de año y cuyo objetivo es desarrollar el negocio de las baterías para automóviles en España. Su intención es optar a los fondos europeos que repartirá el Ministerio de Industria y para ello requiere una inversión de 1.200 millones, con lo que promete crear más de 1.700 puestos de trabajo directos y 12.000 indirectos. Dentro se incluye la mina de San José Valdeflórez de Infinity Lithium y Sacyr, considerada por estas compañías como “el eslabón inicial de la cadena de valor integral para la producción de baterías de ión litio y su reciclaje”.

Phi4tech, la compañía impulsora de la fábrica de celdas de baterías en Badajoz, también tratará de hacerse con un pellizo de los Fondos Next Generation mediante su integración en el Manifiesto de Interés liderado por SEAT, Iberdrola y Telefónica dentro del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) para la fabricación del Vehículo Eléctrico y Conectado.

Según defiende Anxo Pirés, miembro de la plataforma de Alconchel, estas empresas han encontrado en la transición ecológica una forma de obtener dinero público y “pegar el pelotazo ahora que se financian este tipo de proyectos”. Para Pirés, las subvenciones tanto europeas como regionales, se otorgan “con criterios especulativos”: “Los grandes lobbies tienen sus despachos en frente de los despachos de los consejeros europeos. Son un núcleo de presión importantísimo y lo que acaban provocando es que la financiación no se otorgue en base a la necesidad sino cuando se detectan movimientos de bolsa y oportunidades de negocio”. 

De acuerdo con los datos obtenidos por la plataforma Alconchel y comarca de Olivenza sin minas a través del Documento Oficial de Extremadura (DOE), las diferentes empresas de Río Narcea, filiales de la canadiense Lundin Mining Corporation, habrían obtenido 1,8 millones de euros otorgados por la Junta de Extremadura entre 2002 y 2012 para exploraciones e investigaciones en múltiples proyectos de la compañía en el sur de Badajoz, en la zona de Ossa Morena. Esta compañía tampoco ha respondido a las cuestiones enviadas por este medio.

En 2015, Valoriza Minería, filial de Sacyr, llegó a un acuerdo con Rio Narcea Nickel S.A. para participar en los múltiples proyectos de exploración de la compañía en la zona, un total de 24 en esos momentos que ocupaban 1.120 km2. Asimismo, contaba con la concesión de la explotación de la mina de níquel y cobre de Aguablanca, en Monesterio (Badajoz), la cual abandonó en 2016. Ese año, Sacyr se quedó con todos los activos de Lundin, entre ellos la mina de Aguablanca, que acabó vendiendo la explotación a los empresarios impulsores de la fábrica de baterías de litio. Este yacimiento se ha convertido, según Pirés, en “la moneda de cambio” entre multinacionales y Junta de Extremadura a la hora de apoyar un proyecto u otro.

Ya desde 2019, Valoriza Minería figura como administradora única de Río Narcea Nickel S.A., que “es la empresa pantalla, la que se encarga de conseguir los permisos. Luego, los beneficios se los queda la multinacional, que en este caso es Valoriza Minería”, explica Pirés, quien añade: “Les estamos pagando las explotaciones con dinero público. Es un negocio perfecto”.

Fuera de las fronteras extremeñas, Valoriza Minería también ha sabido ampliar su cuenta de resultado a base de dinero público. Según recoge el mencionado informe de Ecologistas en Acción, esta filial de Sacyr “pudo sostener su operación en San Finx, en Galicia, a través de financiación para actividades de I+D proveniente del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), ahora dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades”. De la misma forma, también pudo acceder a fondos del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología en Materias Primas (EIT RawMaterials) y del consorcio NEXT (Nuevas Tecnologías de Exploración).

Este es el cuarto artículo de una serie sobre la minería en Extremadura, publicada en colaboración con el Investigative reporting project Italy (IRPI), en la que han participado los periodistas Giulio Rubino (IRPI), Magda Bandera (La Marea) y Eduardo Robaina (Climática). En esta pieza se incluye parte del reportaje Extremadura, tierra de sacrificio publicado en #LaMarea82.