¿Cabe todo el alumnado de secundaria con las distancias determinadas por las administraciones?

PABLO GUTIÉRREZ DE ÁLAMO // La presencialidad debe ser absoluta. Después de un curso ensayando la semipresencialidad en los últimos años de secundaria y en bachillerato y dadas las cifras de la pandemia, el objetivo del Ministerio de Educación y FP y de las consejerías del ramo es que todo el alumnado pueda volver a las aulas con normalidad este mes de septiembre. Para ello se fijaron finalmente a finales de agosto las medidas mínimas que habrán de cumplirse, es decir, una distancia de 1,2 metros entre chicas y chicos.

De esta manera parece que querían garantizar que, con las ratios actuales, todo el mundo pudiera volver en condiciones de seguridad a las aulas. No se ha tenido en cuenta el tamaño de muchas de las clases de los institutos públicos por todo el país, de manera que llegados a septiembre, no pocas direcciones se han encontrado con que no les caben todos los alumnos en el aula y que no tienen otros espacios disponibles, o no tienen docentes suficientes para utilizarlos.

La Comunidad de Madrid envió unas instrucciones de inicio de curso en las que el planteamiento para el escenario 1, es decir, presencialidad total, no hay ni una indicación sobre cómo deben proceder los equipos directivos. Como denuncia CCOO en la Región, existen muchas aulas de 30 metros cuadrados en los que es imposible que con ratios de 30 alumnos, o incluso 38 en algunos bachilleratos, se mantengan las medidas sanitarias básicas. De momento, desde Educación no se ha dado ninguna salida. No hay intención de aumentar las plantillas con el motivo de la pandemia a pesar de que la comunidad, según cálculos de CCOO, recibirá 500 millones.

Fuentes de la Consejería de Educación de la Comunidad aseguran que las informaciones sobre decenas de centros que piden estas instrucciones son falsas y que solo recibieron, en el mes de julio, 17 comunicaciones en este sentido y que estas fueron atendidas en su momento de manera satisfactoria.

Raimundo de los Reyes, director jubilado y presidente de Fedadi, la federación que agrupa a las y los directores de la pública, asegura que esto que sucede en Madrid también está pasando en algunos centros de su Comunidad, Murcia. Dependiendo de la ubicación de los centros, de su construcción y de las materias que se imparten en los grupos, hay docentes en cuyas clases no caben todos los alumnos si hay que mantener las normas sanitarias acordadas en la última Conferencia Sectorial.

Para este director, entre los diferentes problemas que se están dando está el hecho de que algunas autoridades educativas están tomando sus propias decisiones al margen de las sanitarias. De los Reyes insiste en la idea de que estas últimas son las que marcan las directrices y aquellas las que deben proveer de los medios para que puedan cumplirse. Lo comenta en relación a las informaciones publicadas sobre la posibilidad de que la Consejería de Educación murciana estuviera estudiando la posibilidad de que las mascarillas no sean obligatorias en los recreos.

El pasado jueves tuvieron una reunión con la ministra de Educación, Pilar Alegría en la que, entre otros asuntos, trataron sobre el reparto de los fondos extraordinarios que el Gobierno transferirá en las próximas semanas a las autonomías. El hecho de que dicho dinero no sea finalista hará, a su juicio, que algunos territorios como Murcia o Madrid, no inviertan en la contratación del personal docente suficiente para desdoblar grupos y atender, en condiciones de seguridad, a todo el alumnado y el profesorado. «Va a haber una porción importante de aulas en las que no se van a poder cumplir» la distancia social de 1,2 metros, asegura. Frente a esto, De los Reyes opina que si se hubiera contratado a docentes de apoyo y refuerzo suficientes, se hubiera facilitado.

Comenta que, en la Región de Murcia, Educación le ha explicado a las y los directores que si tuvieran problemas para cumplir con las normas sanitarias, deben incidarlo en los planes de contingencia que han de tener todos los centros. Además de que, de la financiación extraordinaria que llegue del Gobierno, no están seguros de que puedan utilizar algo para la Educación.

Desde Andalucía, Miguel Dengra, presidente de las y los directores, cuenta situaciones parecidas. En los centros con ratios de 30 o 32 alumnos, va a ser complicado mantener la distancia de 1,2 metros. «Va a ser el gran reto», asegura. Sabe que Educación contratará a cerca de 5.000 docentes en primaria y secundaria para realizar estos apoyos, aunque aún hoy, no conoce cuántos irán a los institutos. Explica que el compromiso de la Consejería es dar a conocer, al menos, los criterios de asignación de este personal, de modo que los institutos puedan hacerse una idea aproximada de cómo podrán organizar estas primeras semanas de trabajo.

Nadie se hace responsable

La responsabilidad de que los centros educativos puedan o no cumplir con las normaticas acordadas por las administraciones públicas es, finalmente, uno de los escollos importantes. Nadie parece tener claro qué entidad pública es la responsable última de que esto sea así.

Desde el Ministerio de Educación y FP se recuerda que los acuerdos alcanzados en las conferencias sectoriales son de obligado cumplimiento, incluso para aquellas comunidades autónomas que no los hayan firmado. De igual manera, fuentes del Ministerio de Sanidad insisten en que las medidas han sido acordadas sin mayor problema por las diferentes administraciones. A lo que se suma el hecho de que sanidad y educación son políticas transferidas, es decir, que la gestión, más allá de las líneas generales, es puramente autonómica.

En cualquier caso, ambas fuentes aseguran que ninguno de los ministerios tiene capacidad o potestad para vigilar y evaluar que las medidas de seguridad en los centros educativos se estén cumpliendo. Y aunque pudieran hacerlo, tampoco tienen potestad sancionadora en el momento en el que eventualmente se incumpliesen.

Al final parece que, de haber algún problema de contagio en algún centro educativo, quedaría en manos de las familias o el profesorado el tener que tomar las medidas necesarias, por la vía judicial, para que se busque a los responsables de estos incumplimientos.