Usos perversos del idioma

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Un debate merodea de forma casi perenne sobre la industria cinematográfica española. Una queja. Una sensación de abandono institucional. “El cine necesita más apoyo del que recibe actualmente”, es lo que oímos aquí y allá, lo que decimos, lo que piensan y pensamos. También lo que algunos sectores critican, a lo que algunos se oponen. Aquí nace un debate público pero también una cuestión moral. Y por último, un asunto peliagudo en el que tiene mucho que ver un uso (quizás) perverso del idioma cuando de hacer referencia al apoyo público al audiovisual se trata.

La demanda de más protección pública para el mundo del cine posiciona a la industria (creadores, productores, técnicos, etc.) a un lado del debate. Son/somos los solicitantes. Se pide y se espera recibir. Esa protección puede darse de muchas formas pero, generalmente, una de las posibles líneas de apoyo parece ser más importante que el resto: las ayudas económicas al audiovisual. Se acepta que, dado que el cine es un arte costoso, se necesita un gran presupuesto. El cine en España es un arte subvencionado (al menos en un porcentaje muy importante de los títulos estrenados) y como tal ‘se requiere’ la atención estatal. Se precisa de ella. Se exige.

La palabra apoyo, como la palabra ayuda, tiene un significado muy concreto. Alguien (institución en este caso) apoya a alguien (industria del cine). Si llevamos esta banal reflexión un poquito más allá diríamos que, por ejemplo, el dinero del Ministerio de Cultura y Deporte (el dinero de todos los ciudadanos) mediante una línea concursal va a parar a una serie de productoras (unos pocos) para realizar películas. De esta concesión nace la queja. De un lado, opiniones como que el ICAA necesita más dinero público, que RTVE está infrafinanciada, que los presupuestos destinados al desarrollo cinematográfico desde nuestras instituciones públicas no son tan generosos como los de los organismos públicos franceses… Del otro, que no debería financiarse el cine con dinero público: ¡Subvencionados! ¡Titiriteros mantenidos! Etc.  Esta falta de consenso se prolonga año a año y se reduce a un choque de premisas muy conciso: se necesita más dinero público vs el cine no debe financiarse con dinero público. Y así, eternamente.

¿Pero qué sucede si lo planteamos desde otra perspectiva? ¿Qué ocurriría si nos diese por cuestionar el uso de las palabras “apoyo”, “subvención”, “protección” o “ayuda”? La industria del cine es apoyada, subvencionada, protegida o ayudada por las instituciones públicas. Pero preguntemos: ¿el audiovisual no apoya a las instituciones? ¿No ayuda a la sociedad? La interpretación del debate establecido presupone un ente que otorga y un sector que simplemente recibe, que es ayudado. Eso le brinda a la institución una gran superioridad moral sobre el sector. El gobierno en cuestión se eleva sobre la productora, el político sobre el creador. Sí, superioridad moral. El político da una ayuda. El creador recibe una ayuda. Entonces, al creador solo le queda estar agradecido, puesto que la política le da. La creadora, la productora, los técnicos o las actrices se ponen en marcha gracias a la voluntad de la política que destina dinero al cine. Nos ayudan, nos protegen, nos hacen funcionar.

Cambiemos el planteamiento. Discutamos, como digo, el uso de la palabra “ayuda”. De “donación” económica vamos a pasar a hablar de intercambio. Pongamos que la institución saca algo de provecho del audiovisual, que las dos partes ganan. Que el conjunto de la sociedad también se beneficia de dicho sector cultural. Supongamos que una película (así, en general) genera empleo. Supongamos también que una película como 8 apellidos vascos (así, en particular), provoca un cambio radical en el turismo de un municipio de Gipuzkoa. Vamos a suponer, además, que una serie de películas sintoniza con una de las grandes misiones de la prensa, como es la de controlar a la clase política, denunciar, crear pensamiento, generar debate. Pongamos que una película, Grupo 7, nos ayuda a entender que organizar la Expo de Sevilla obligó a cruzar barreras inasumibles, que Operación Ogro crea una imagen del atentado de Carrero Blanco que termina por formar parte del imaginario colectivo, que La caja 507 habla de crímenes urbanísticos años antes de que estalle la burbuja inmobiliaria. Pongamos que en un estante de una FNAC de París descansa la marca España en forma de una colección de películas de Almódovar. 

¿Qué pasaría si fuese cuantificable todo eso que el cine “apoyado” le da a toda la sociedad? ¿Sería lícito hablar de intercambio, de trueque? ¿Cuál sería la recepción pública si en lugar de hablar de ayudas se hablara de Oposiciones o de Concurso público de proyectos? ¿No es acaso una competición entre proyectos en la que una comisión especializada valora con gran exigencia el trabajo hecho por las productoras durante la fase de desarrollo? ¿Acaso no se está premiando a los proyectos mejor valorados? Si uno acude a las ayudas del ICAA se encontrará con un baremo en el que se ve claramente que una productora debe trabajar duramente si realmente quiere financiar una película. En el fondo, se “premia” a los que más y mejor han orientado su proyecto a las distintas convocatorias, por lo general más “autorales” en la convocatoria de ayudas selectivas, más “comerciales” o “industriales” en la convocatoria de ayudas generales (evidentemente hay muchos matices y variables que condicionan el resultado y que pueden resultar más o menos criticables). ¿Qué pasaría si en lugar de línea de ayudas habláramos de ese concurso de proyectos o de premios? Si hemos dicho que quien recibe una ayuda solo puede estar agradecido, el que recibe un “premio” o ha superado un concurso público se lo ha ganado, también estará agradecido, pero se le presupondrá un mérito. El resultado es el mismo. El origen de la financiación sería el mismo. El significado intuyo que sería diferente.

Los términos “ayuda”, “subvención”, “apoyo” y “protección” presentan el mismo dilema. Todos ellos definen una realidad en la que alguien concede y alguien recibe. ¿Podrían los proyectos de largometraje o cortometraje presentados a las comisiones públicas hacer valer su aportación a ese supuesto trueque? ¿El hecho de que los proyectos sean promovidos por particulares imposibilita que sea entendido como un intercambio? Y por último, ¿una revisión de los términos empleados y de la jerga típica de la financiación audiovisual, podría mejorar la percepción que desde una parte de la sociedad y del espacio político se tiene del mundo del cine? Poner en cuestión el uso de una palabra como “subvención”, aplicada a los programas de financiación del audiovisual, puede ayudarnos a entender que el uso del idioma es también un acto político. Ideología. Y como tal, exige un debate.