Un Foro Permanente para los Afrodescendientes en la ONU: un paso fundamental ignorado por instituciones y medios españoles

En una histórica decisión que ha tardado años en llegar, los Estados miembros de la Asamblea General de Naciones Unidas acordaron establecer el pasado 2 de agosto el Foro Permanente para los Afrodescendientes. Una plataforma que funcionará a partir de 2022 con el fin de “mejorar la calidad de vida y medios de subsistencia de los afrodescendientes y contribuir a su inclusión política, económica y social en condiciones de igualdad”, según el texto refrendado.

La resolución, aprobada por consenso, otorga al Foro la función de órgano asesor y consultivo del Consejo de Derechos Humanos, convirtiéndolo en el de mayor jerarquía dedicado a estas cuestiones. Además, será quien elabore la Declaración Oficial de los Derechos de los Pueblos Afrodescendientes, primer instrumento jurídico específico sobre la promoción y pleno respeto de los derechos humanos de personas y comunidades afrodescendientes. Su derecho a ser diferentes y a estar libres de toda forma de discriminación. El órgano estará liderado y compuesto en su mayoría por representantes de la sociedad civil afrodescendiente.

La iniciativa, trabajada desde hace años, tuvo su punto de inflexión en 2019, año en que Naciones Unidas organizó en Ginebra diversas reuniones acerca de la creación del foro, llegando a juntar por primera vez en la historia organizaciones afrodescendientes de todas las regiones. Allí acudieron representantes de gobiernos y sociedad civil afrodescendiente de América del Norte y del Sur, Caribe y Europa, incluido el Equipo del Decenio Afrodescendiente en España. Todos ellos participaron en consultas previas y realizaron propuestas respecto a lo que debía ser su espacio permanente de incidencia dentro de la ONU.

El documento de su aprobación reconoce a la población afrodescendiente como víctima del racismo, la esclavitud, la discriminación y la denegación de sus derechos desde hace siglos. Una vinculación recientemente pronunciada por la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, durante la presentación de un informe que denuncia el racismo sistémico a nivel global y la impunidad de las Fuerzas del Orden. Un estudio que llegaba tras un año de protestas mundiales a consecuencia de los asesinatos racistas como el de George Floyd en EEUU o el de Adama Traoré en Francia.

Una estructuralidad del racismo que ya se denunció en la investigación del Grupo de Trabajo de Expertos sobre los Afrodescendientes de la ONU en 2020, al evidenciar la violencia policial durante la pandemia, las condiciones “inhumanas” de retención de personas migrantes y solicitantes de asilo y la falta de datos desglosados por raza y etnia. Este documento enfatiza que “pasar por alto la raza lleva a cometer errores críticos” en la respuesta a la COVID-19 y coloca a España como el segundo país más nombrado en relación a la violencia policial contra personas afrodescendientes, solo por detrás de los EEUU.

España guarda silencio ante el establecimiento del Foro

La creación del Foro es una decisión de gran relevancia que, sin embargo, ha pasado desapercibida para las instituciones del Gobierno y los medios de comunicación españoles. No ha sido así en las plataformas web y redes sociales de los distintos países miembros. Por su parte, Canadá y Costa Rica han ido un paso más allá al crear espacios de trabajo entre gobiernos y sociedad civil, con el fin de tratar cuestiones relativas al Foro.

Sin embargo, un mes después, España no ha comunicado esta decisión a la amplia población afrodescendiente que compone su ciudadanía, lejos de las recomendaciones de la ONU y los distintos organismos en defensa de los derechos humanos que piden a las administraciones fomentar que estas comunidades sean parte activa en los espacios internacionales, permitiéndoles reclamar sus derechos en aras de construir sociedades más democráticas.

En el Estado español se ha optado por invisibilizar una decisión sin precedentes, a pesar de que la preocupante situación de las comunidades afrodescendientes en España no permite mantenerse al margen de espacios como el que se acaba de crear. Recientemente, un estudio sobre el impacto de ese racismo sistémico ha aportado datos más que alarmantes sobre la discriminación racial que sufren en los ámbitos de la educación, el empleo, los servicios sociales, la salud y la vivienda. Una situación que, según señala la misma investigación, ha empeorado con la crisis de la COVID-19. 

Se trata de una denuncia que ya fue expresada por el Grupo de Expertos sobre los Afrodescendientes de la ONU tras visitar España en 2018 y señalar que “la discriminación racial está presente en todos los ámbitos de la sociedad”. La Asamblea General proclamó el periodo 2015-2024 como el Decenio Internacional para los Afrodescendientes, aspirando a concretar los compromisos y obligaciones de los 193 Estados miembros, con la vista puesta en las injusticias que enfrentan a diario las personas africanas y afrodescendientes. A tres años de su finalización, pocos han sido los compromisos del Gobierno español en la implementación de medidas que aspiren a superar el racismo estructural y garanticen la dignidad de las diferentes comunidades afectadas por este.

Lejos de asumir estos compromisos, durante los años 2019 y 2020 España se abstuvo en la votación de la Asamblea General de las Naciones Unidas en dos resoluciones que recogían una serie de medidas para la eliminación del racismo, la discriminación racial, la xenofobia y todas las formas conexas de intolerancia. Casualmente, ambas resoluciones incluían la decisión de establecer el Foro Permanente para los Afrodescendientes, que ahora es una realidad, pero que es sobre todo, una nueva oportunidad que no se puede desaprovechar.

En el marco del centésimo aniversario de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Negros del Mundo, la Asamblea de la ONU adoptó el pasado mes de diciembre una propuesta para la conmemoración, cada 31 de agosto, del Día Internacional de las Personas Afrodescendientes, destinado a reconocer las contribuciones de los afrodescendientes y las diásporas alrededor del mundo.  Epsy Campbell, vicepresidenta de la República de Costa Rica y primera mujer negra vicepresidenta en América Latina fue quien lideró la propuesta apoyada por 52 países.  Campbell, a su vez, ha tenido un papel fundamental en el impulso y creación del Foro Permanente de los Afrodescendientes.