María Campuzano: “Hay que dar más visibilidad a la pobreza energética en verano”

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¿Por qué solemos asociar pobreza energética con el invierno? Hay estudios que dicen que la severidad climática es mayor en verano.

Esa es una de las reivindicaciones que tenemos desde la Alianza contra la pobreza energética. La pobreza energética no solo se sufre en invierno. Es una problemática que se sufre durante todo el año. Porque, mas allá de mantener tu casa a una temperatura adecuada, hay toda una serie de usos de la energía que también son necesarios para poder vivir dignamente. Es decir, la nevera, las lavadoras… Esto hay que usarlo todo el año. Y al igual que en invierno, necesitamos mantener la temperatura adecuada en verano. Eso significa, en los meses de máximo calor, poder tener el ventilador encendido…

Y es cierto que es un tema que poco a poco va calando cada vez más, cada vez genera más interés y es un tema que identificamos sobre todo en los países mediterráneos, donde hay mucha falta todavía de políticas de eficiencia energética y donde, además, está teniendo un gran impacto toda la cuestión del cambio climático. Por tanto, creemos que es importante hacer un cambio de chip para dar más visibilidad y más importancia a esta pobreza de verano.

¿De qué cifras hablamos?

Siempre referenciamos unas que publicaron hace unos años la Asociación de Ciencias Ambientales: 7.000 muertes prematuras podrían estar asociadas a la pobreza energética, muchas de ellas tienen que ver con las olas de calor y esto son cifras del Estado español. Pero aquí falta bastante información en relación con cómo impacta esta pobreza energética en verano.

Se habla de que la energía es un derecho, pero luego no se hace nada o no lo suficiente, porque los datos están ahí. ¿Por qué no se termina de entender la energía como un bien público? ¿Cómo se podría explicar?

Básicamente este es uno de los temas que pilota alrededor de todo nuestro discurso. El problema es que la energía se trata como si fuese una mercancía. Y creemos que no se trata como un servicio público, como un bien publico, porque esa gestión está prioritariamente en manos de empresas privadas, controladas mayoritariamente por grandes empresas trasnacionales que utilizan este recurso, este bien que necesitamos para vivir, como una mercancía. Eso precisamente es lo que imposibilita que se pueda tratar como un bien público, como un derecho, lo que provoca que se esté condicionando el acceso o no a una necesidad básica como es la energía a tener suficiente capacidad económica. 

Y aquí creemos que está la raíz del problema, y por eso siempre hablamos de que es necesario cambiar el modelo de gestión no solo de la energía, sino también del agua, para garantizar un acceso universal. Ese modelo tiene que tender a ser un modelo de gestión pública, comunitaria y, sobre todo, con control y participación de la ciudadanía, es decir, que podamos incidir sobre este modelo y decidir.

Da la sensación de que es un poco la pescadilla que se muerde la cola. Porque para acondicionar una casa, antes hay que tenerla. Y con la vivienda pasa lo mismo que con la energía: del derecho al hecho hay mucha diferencia. ¿Qué reflexión hace de ello?

Nosotras trabajamos muy conjuntamente el tema de los suministros con la vivienda. Siempre explicamos que para poder garantizar el acceso a una vivienda digna hay que tener garantizados estos servicios de agua y de energía. La vivienda es un derecho que sí que está reconocido en nuestra Constitución, pero no está garantizado para toda la población. Aquí de nuevo se trata un bien que debería ser de todo el mundo como una mercancía. Se está haciendo negocio con ello. Y no se está exigiendo responsabilidades a quien está haciendo ese negocio, tanto con la vivienda, como con la energía como con el agua. Ahí está la raíz del problema, insisto. Mercantilizar estos bienes esenciales.

¿Qué medidas efectivas debería adoptar el Gobierno sobre las empresas energéticas?

En Alianza contra la pobreza energética planteamos medidas a corto y largo plazo. A largo plazo: el cambio de modelo en la gestión de los servicios básicos. Sería imprescindible para poder erradicar la pobreza energetica de raíz. Y sigo con el corto plazo. Mientras sigamos teniendo el modelo que tenemos, lo que pedimos al Gobierno es que establezca en el ámbito estatal un mecanismo efectivo para prohibir los cortes de las familias en situación de vulnerabilidad.

Y tenemos una propuesta muy concreta, que es implementar el principio de precaución, una medida que funciona en Catalunya desde 2015. Aquí conseguimos que una ILP que incluía esta medida se aprobase por unanimidad en el Parlament, y está logrando parar miles de cortes en toda Catalunya. Ahora lo que queremos es que se extienda a todo el Estado español. ¿Qué significa esta medida? No es más que las empresas, antes de cortar, tengan que preguntar al Ayuntamiento si esa persona se encuentra en situación de vulnerabilidad o no. Y, evidentemente, si es sí, se tiene que garantizar el suministro. Hay que comprobar primero si la persona es vulnerable.

¿Funcionan las medidas como los bonos sociales?

En el ámbito estatal también estamos pidiendo que esta medida del principio de precaución vaya acompañada de una tarifa social progresiva en función de los ingresos de las familias porque, efectivamente, creemos que el bono social no es suficiente.

Los criterios de renta que se tienen en cuenta para poder acceder son muy bajos. Dejan a muchas personas fuera. Lo vemos en el día a día de nuestras asambleas. Mucha gente que sufre pobreza energética no puede acceder al bono social. Y, por otro lado, se trata de un descuento fijo entre el 25% o el 40% que, en muchos casos, tampoco es suficiente. Además, hay mucha burocracia. Por tanto, pedimos que se amplíe la definición de vulnerabilidad.