Desde que comenzó el registro oficial de menores víctimas de violencia de género, en 2013, han sido asesinados 38 niños y niñas por sus padres, parejas o exparejas de sus madres. A este tipo de violencia se le denomina violencia vicaria. Y es, en definitiva, la violencia que se ejerce sobre los hijos e hijas para hacer el mayor daño posible a la mujer.
El caso de las niñas de Tenerife ha vuelto a poner sobre la mesa un asunto que no es nuevo –lo vimos, por ejemplo, con la historia de Ruth y José, en 2011, o con la historia de Nerea y Martina, en 2018–; pero que continúa siendo desconocido o ignorado por buena parte de la sociedad y la política. «El Estado tiene una responsabilidad absoluta. No me creyeron», denunció Itziar Castro, la madre estas dos menores. Porque también las leyes –la fecha de inicio del registro, 2013, ya da una idea de ello– han ido muy por detrás de esa cruel realidad que, en ocasiones, se resume en frases del siguiente tenor: «No vas a volver a ver a tus hijos».
El mismo 2013, el Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) condenó a España por no proteger a Ángela González y a su hija, de siete años, a la que el maltratador asesinó en 2003 –diez años antes de que comenzara el registro oficial– en una de las visitas establecidas en el régimen de separación.
En España, de hecho, se ha legislado antes la posibilidad de intervención psicológica a menores sin consentimiento del padre, cuando este es un agresor, que en convertir en obligatoria la retirada del régimen de visitas o la patria potestad al agresor que está dañando al menor y, por tanto, ocasionando en su descendencia la necesidad de terapia.
En un especial sobre menores en PorTodas, el proyecto de investigación impulsado por La Marea sobre los asesinatos machistas, la periodista Anna Gimeno explica de manera detallada todas estas cuestiones que, por otro lado, corren el riesgo de ser espectacularizadas. A menudo “se olvida que estas niñas y niños no son meros testigos de la violencia machista sino víctimas”, señala la fiscal de violencia de género de Valencia, Rosa Guiralt.
Como explica el especial, que puedes leer completo aquí, las personas menores de edad son las más vulnerables e indefensas en los entornos de violencia machista. Son también las más ignoradas y maltratadas por el sistema. Solo un 2,9% de las medidas de protección dictadas sobre casos de violencia machista en 2018 incluían la suspensión del régimen de visitas de los maltratadores con sus hijos e hijas, según datos del Consejo General del Poder Judicial. Más de un 73% de las mujeres víctimas de feminicidio entre 2013 y 2017 tenían hijos o hijas menores, según ha estimado la Fundación Mujeres.
Pueden ser las vidas sobre las que se descarga la violencia vicaria o el arma que los agresores machistas utilizan, aprovechando la desprotección de los menores, para matar en vida a las mujeres, como sostiene la misma fiscal. Hasta tal punto se llega a obviar la huella de la violencia de género sobre las niñas y niños, que la violencia vicaria que afecta a menores se está juzgando, en la mayor parte de los casos, fuera de los juzgados especiales de violencia de género, es decir, en juzgados ordinarios sin profesionales especializadas. De hecho, por el momento solo se conocen en España tres sentencias de violencia vicaria contra menores dictadas por juzgados específicos.
“Si los y las menores no han sido agredidos física o psicológicamente de forma directa por el agresor, la violencia de la que son víctimas directas simplemente como testigos se tiene en cuenta como agravante de la pena que pueda ser impuesta por la violencia sufrida por sus madres, pero no ocasiona una pena directa por la violencia sufrida por cada menor”, explica Pilar Gil Cabedo, jurista experta en violencia de género y en atención a las víctimas.
En el debate, de fondo, también intervienen otras cuestiones que suelen pasar de largo: los puntos de encuentro familiar, la falta de perspectiva de género en la judicatura, la atribución a las mujeres de síndromes falsos como el SAP –Síndrome de Alienación Parental– en sentencias y en la atención psicosocial; la violencia por poderes, es decir, cuando el agresor realiza denuncias reiteradas contra la víctima para mantener durante años el control sobre ella; la nueva figura de coordinación parental que trata de privatizar la función jurisdiccional y tutorizar a las mujeres o la denuncia a la víctima como estrategia de defensa de los agresores.
Son solo algunas de estas herramientas que están en el ojo de un huracán que sigue arrasando vidas allá por donde pasan, concluye el especial.