Acuerdo en la UE por la transparencia fiscal de las multinacionales: ¿gran paso o solo un pasito?

“Una importante medida” y “una victoria para los ciudadanos y ciudadanas”. O “un sabor amargo” y “una sensación agridulce”. El acuerdo en el seno de la Unión Europea para lograr una mayor transparencia fiscal y obligar a las grandes multinacionales a declarar sus beneficios e impuestos país por país ha obtenido una importante acogida por parte de determinadas organizaciones de la sociedad civil. Otras, sin embargo, lo ven como un paso insuficiente.

Ricardo García, miembro de la junta directiva del grupo de economistas ATTAC, sostiene que la valoración que hacen es “positiva” y consideran que la propuesta es “una importante medida” que permitirá “cazar” a esas grandes empresas que tratan de eludir impuestos volcando parte de sus ingresos y beneficios en paraísos fiscales.

De esta forma, el acuerdo entre la Comisión Europea, el Consejo y el Parlamento afectará a aquellas empresas multinacionales que facturen más de 750 millones de euros anuales durante dos años consecutivos. Con la nueva medida, tendrán la obligación de declarar cuántos beneficios obtienen en todos los países de la Unión Europea, así como los impuestos que pagan y los empleados y empleadas que tienen en las diferentes regiones.

Se quedan fuera todos los territorios de fuera de la UE, a excepción de aquellos paraísos fiscales incluidos en las listas negras y gris de paraísos fiscales que elabora el Consejo. En la primera, aprobada hace algunos meses, están incluidos lugares como Samoa Americana, Anguila, Dominica, Fiyi, Guam, Palau, Panamá, Samoa, Seychelles, Trinidad y Tobago, Islas Vírgenes Americanas y Vanuatu. No entran en esta lista países europeos como Irlanda, Holanda o Luxemburgo, con unos sistemas tributarios muy laxos.

De acuerdo con el informe La hora del compromiso, de Oxfam Intermón, multinacionales españolas del IBEX 35 como Mapfre (4),  ACS (1), ArcelorMittal (2), Banco Santander (1), Meliá Hotels (2), Naturgy (4) o Repsol (2) tienen filiales en algunos de estos territorios incluidos en la lista negra. Sin embargo, tal y como explica Javier Martín Cavanna, director de la Fundación Compromiso y Transparencia, la propuesta no afectaría a las transnacionales españolas, ya que “la obligación de informar de los impuestos pagados país por país es una práctica que existe en España desde hace varios años”. De esta forma, serían las compañías extranjeras que operen en el país las que se vean obligadas a una mayor transparencia fiscal.

García es consciente de que “siempre se puede hacer algo más y siempre hay que hacer más”, ya que el acuerdo “no resuelve en su conjunto el problema de la elusión fiscal”. Aun así, defiende que la medida “es un paso importante que hace más difícil el robo”. “Porque es un robo”, apostilla en relación con la elusión fiscal.

Mucho más crítica se muestra Susana Ruiz, responsable de Justicia Fiscal de Oxfam Intermón, quien cree que la propuesta “se queda muy corta” y demuestra “que los gobiernos europeos no están comprometidos con la transparencia fiscal real”. Ruiz defiende que la medida “más allá de dar un buen titular, no permite desincentivar las malas prácticas de las grandes empresas”.

Y es que la resolución europea llega prácticamente un lustro después de que fuese propuesta por parte de la Comisión Europea. Desde ATTAC ponen en valor el trabajo llevado a cabo por europarlamentarios como el catalán Ernest Urtasun, quien asegura que “se trata de una victoria para los ciudadanos y ciudadanas y demuestra que la UE puede actuar en cuestiones que preocupan a la gente”. Susana Ruiz argumenta que, después de 5 años bloqueado por algunos países europeos, este acuerdo se queda “corto” y cree que Estados como el español tendrían que haber presionado más para hacer la medida más ambiciosa: “Es difícil decir que no es un avance, porque lo es, pero se te queda un sabor amargo después de todo este tiempo”.

Un tipo mínimo para las multinacionales

De manera paralela, tras el paso dado por el gabinete del presidente de EEUU Joe Biden, se debate en Europa un impuesto mínimo global para las multinacionales que podría ser del 15%, aunque también se debate si podría llegar al 21%. En este segundo caso, España podría recaudar hasta 5.400 millones más cada año. Así lo ha cifrado el Tax Observatory, una entidad presentada el pasado 1 de junio por el comisario europeo de Finanzas, Paolo Gentiloni.

Empresas españolas como ACS, Iberdrola, Repsol, Telefónica o Banco Sabadell verían reducidos sus beneficios. De esta manera, el grupo empresarial presidido por Florentino Pérez tendría que pagar un 345% más de impuestos que ahora. Las energéticas, por su parte, verían incrementados sus tributos en un 60% y en un 14%, respectivamente. La teleco y el banco, en un 70% y un 45%.

A la responsable de Justicia Fiscal de Oxfam Intermón le preocupa “el tono de euforia” que se está produciendo en torno a ambas propuestas, las cuales –asegura– “no se pueden vestir de avances históricos ya que se quedan cortas”: “Es un avance, sí, pero insuficiente. Muchos de los fondos europeos van a ir grandes empresas y no sabemos cómo es su comportamiento fiscal. Priman los intereses de grandes corporaciones y de determinados países antes que los de la ciudadanía”, denuncia.

Para Martín Cavanna, director de la Fundación Compromiso y Transparencia, lo importante no es el tipo mínimo que se fije sino la transparencia fiscal: “Lo que tienen que hacer las empresas es explicar cuánto pagan y por qué. Depende del contexto se puede justificar que se pague más o que se pague menos, pero hay que saber el motivo”, sostiene. Algo similar cree que debe ocurrir con la presencia en paraísos fiscales: “Nosotros no decimos que no tengan que estar en esos territorios, pero lo que tienen que hacer es decir por qué están ahí. Simplemente eso”, termina.