“Que la señora Botín pague, si así lo elige, la misma cuota a la Seguridad Social que una comerciante de barrio es una anomalía”

La posible cotización por ingresos de los autónomos conocida esta semana ha vuelto a poner en evidencia las carencias del sector, que lleva años reclamando derechos que igualen su situación a la de los trabajadores asalariados. La secretaria general de la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (UATAE), María José Landaburu, analiza qué supondría esta medida e incide en una cuestión clave: el debate de fondo no son las cuotas –imprescindibles para una cotización justa y solidaria–, sino que el sistema sea solvente y suficiente para garantizar mejores coberturas sociales, prestaciones y pensiones para aquellas personas que trabajan por cuenta propia.

¿Cómo valoran desde UATAE la posible cotización por ingresos que supuestamente aprobará el Gobierno? ¿Qué supone para el colectivo?

Saludamos la voluntad del Gobierno de caminar hacia ese nuevo modelo y, aunque aún queda por concretar y acordar muchas cuestiones, nos parece un avance sustancial para el colectivo. Actualmente, las trabajadoras y trabajadores autónomos tenemos un sistema de cotización a la Seguridad Social deficitario e injusto que no se adapta la realidad de nuestro trabajo: cada cual elige qué cuota paga, lo que supone en la práctica que más del 80% paga la actual cuota mínima. ¿Qué quiere decir esto? Que quienes ingresan poco se asfixian con una cuota que, a pesar de ser la mínima, sigue siendo elevada para sus ingresos. Y que quienes ganan mucho no aportan lo que deberían.

Desde UATAE defendemos que es imprescindible superar esta anomalía con una cotización justa y solidaria, y ya en el año 2018 pasamos de la simple consigna a la propuesta rigurosa y detallada, planteando un estudio en profundidad sobre por dónde podría orientarse una reforma en esta clave. En principio, la reforma planteada por el Gobierno parte de esta misma filosofía y, según sus cálculos, más de un 70% de los autónomos acogidos pagarían una cuota inferior o igual a la actual. De los detalles que han trascendido, y a falta de conocer si se sustancia realmente como propuesta a negociar –porque el Ministerio de Seguridad Social no nos ha hecho llegar ese documento formalmente–, sí nos parece que plantear un periodo de transición de hasta nueve años para que quienes menos rendimientos netos tienen puedan pagar una cuota justa, es excesivo. Quien más dificultades tiene no puede esperar tanto.

¿Por qué se está tardando tanto en aprobar una reivindicación de años?

Hasta ahora, no ha habido voluntad política real, o no ha sido una prioridad para los sucesivos gobiernos. Creo, además, que el crecimiento del autoempleo en los últimos años, como producto de la expulsión de muchas personas del mercado laboral y por tanto de la necesidad de encontrar un refugio en el trabajo autónomo, ha contribuido a visibilizar que estamos en el cuarto de atrás de la precariedad y que debemos incorporarnos de pleno al Estado del Bienestar. Ahora hay más conciencia de la vulnerabilidad y desprotección que sufren los autónomos.

Se habla mucho, con esta reforma, de cuánto va a tener que pagar cada cual de cuota, pero no olvidemos que el debate de fondo es otro: el sistema tiene que ser más solvente y suficiente para garantizar mejores coberturas sociales, prestaciones y pensiones para quienes vivimos de nuestro trabajo por cuenta propia.

¿Entiende que pueda haber oposición o rechazo a esa medida?

Ya la está habiendo. Durante años, se ha intentado alentar un discurso oficial sobre las bondades del emprendimiento, del “sé tu propio jefe”, con políticas de cara a la galería como la de las tarifas planas para nuevos autónomos, que han sido injustas –porque se trata igual a quien ingresa mucho y a quien ingresa poco– e ineficaces –porque pasado el periodo de tarifa plana, se abandona a quien más lo necesita a su suerte–.

Hay quien cree que contribuir solidariamente a la hucha común que es la Seguridad Social es un sacrificio injusto, y suele ser la gente que precisamente debería aportar más en favor de quien menos tiene, o quien se erige como representante de esa gente. Pero este tema no debería ser discutido en términos políticos o ideológicos, porque es puro sentido común: que la señora Botín pague, si así lo elige, la misma cuota a la Seguridad Social que una pequeña comerciante de barrio que difícilmente llega a unos ingresos similares al salario mínimo pague la misma es una anomalía.

«Necesitamos que las ayudas directas aprobadas por el Gobierno central y que gestionan las comunidades autónomas lleguen lo antes posible»

¿Cuál es la situación general de las pymes y pequeños autónomos tras un año en pandemia? 

La situación económica es muy delicada y muy asimétrica y desigual. Medidas excepcionales que se tomaron al inicio de la pandemia, como los ERTE, la prestación extraordinaria por cese de actividad o los préstamos con aval público del ICO –a pesar de las condiciones impuestas por muchos bancos y de la opacidad con que se han gestionado en muchos casos– fueron un amortiguador real y cierto frente al golpe sobre la economía. El problema es que el desarrollo posterior de los acontecimientos, y la complicada evolución epidemiológica del COVID con una segunda, tercera y hasta cuarta ola, han ido pesando mucho y sembrando incertidumbre. Y la incertidumbre la afrontan mejor las grandes empresas que los autónomos y pymes, que, recordemos, suponen más del 99% del tejido empresarial en España.

El avance de la vacunación nos permite ir viendo la luz al final del túnel, pero necesitamos que se acompañe de más medidas de protección sobre quien todavía lo está pasando muy mal, y que las ayudas directas aprobadas por el Gobierno central y que gestionan las comunidades autónomas lleguen lo antes posible.

Valoran como herramientas cruciales medidas puestas en marcha por el Gobierno como la prestación por suspensión de actividad, la prestación compatible con la actividad cuando haya caída de ingresos y la prestación para autónomos de temporada. ¿Qué consecuencias tendrá para el sector si no se prorrogan como ha ocurrido con otras medidas de protección social que sí se han ampliado?

No concebimos que no vayan a prorrogarse, y así venimos reclamándolo al Gobierno, porque el impacto no solo sería muy duro para los autónomos de muchos sectores que siguen viéndose afectados por la crisis, sino que supondría desandar el esfuerzo que se ha hecho desde el Gobierno en los meses anteriores para evitar una sangría del trabajo autónomo. El autoempleo ha crecido en los últimos meses en parte y, si queremos que esa tendencia se apuntale, hay que mantener las prestaciones para quien sigue necesitándolas.

«Es necesario que los retos de la digitalización y la transición ecológica sean accesibles para los autónomos»

¿Qué habría que hacer para asegurar que los fondos Next Generation ayuden a los autónomos y autónomas realmente?

El acceso directo a la gestión de los fondos se ha pensado fundamentalmente para grandes consultoras y corporaciones de gran dimensión, ya que los requisitos y burocracias hacen complicado su solicitud a autónomos y pymes, lo que no quiere decir que los proyectos en que se traduzcan no puedan y deban capilarizar en la base del tejido productivo. Es necesario que los retos de la digitalización y la transición ecológica sean accesibles para los autónomos, y por ello debe haber proyectos vía esa financiación pensados y ejecutados para que así sea.

Ahora que también se está negociando la reforma de las pensiones. Denuncian desde UATAE que las autónomas sufren la doble discriminación como mujeres y como trabajadoras por cuenta propia, con una pensión media un 47% inferior a la del colectivo de trabajadores asalariados. ¿Qué habría que incluir específicamente en esa reforma para acabar con la brecha de género? 

Las mujeres autónomas sufrimos una doble brecha en las pensiones: la brecha de género y la del trabajo autónomo. El problema de fondo es que tenemos carreras de cotización más intermitentes y precarias. Uno de los colectivos más numerosos en las nuevas altas en el autoempleo, por ejemplo, es el de mujeres entre 50 y 59 años que, al no tener cabida en el mercado laboral como asalariadas, encuentran en el trabajo autónomo una alternativa de inserción por necesidad. Son mujeres que están precisamente en un tramo de su carrera de cotización decisivo para su jubilación, y se encuentran en muchos casos sin las herramientas de formación, asesoramiento y financiación adecuadas para que sus nuevos proyectos profesionales se consoliden.

No es un problema que vaya a solucionarse de la noche a la mañana, pero si combinamos la reforma de la cotización para que sea justa y progresiva, con la mejora de las prestaciones y con una dignificación en derechos del trabajo autónomo y en recursos de acompañamiento a las mujeres autónomas, podremos ir atajando esta desigualdad.

«El fenómeno de falsos autónomos es la cara B de la precariedad estructural que sufre el colectivo de trabajadores autónomos»

¿Es la seguridad laboral y la prevención una de las asignaturas pendientes del colectivo? ¿Qué medidas proponen desde UATAE en este aspecto?

Con la crisis sanitaria actual derivada de la pandemia, ha quedado más que patente la situación del conjunto del colectivo de trabajadores y trabajadoras autónomas y eso ha hecho visible las fracturas que los y las autónomas llevamos padeciendo durante años. Entre ellas, destaca desprotección en materia de salud y seguridad en el trabajo. Con el descenso de la actividad laboral en la etapa de la pandemia, y cuando en gran parte el teletrabajo se ha instaurado, se podría esperar que los datos sobre accidentes laborales en el empleo autónomo reflejasen un descenso notable, pero los datos que se extraen no lo exponen así. Se han recogido 28.496 casos de accidentes laborales pese a haber sido un periodo marcado por los cierres y los ERTE.

Desde UATAE venimos reivindicando que la seguridad no puede recaer únicamente en la concienciación y responsabilidad de los autónomos. Por ello, apostamos por la implementación de políticas que construyan pilares de protección hacia el colectivo. Además de campañas de concienciación sobre los posibles riesgos que se dan en el empleo autónomo, para revertir la situación actual es importante dotar de recursos para que los autónomos estén protegidos con un plan integral que actúe sobre la diversidad de actividad que desarrollamos.

La ‘ley rider’ ya es una realidad. Pero, ¿cómo se combatirán los casos de falsos autónomos que se dan en el amplio escenario laboral, más allá de los repartidores?

El pasado mes de junio, la hoy vicepresidenta Yolanda Díaz nos recibió a una representación de RidersXDerechos y UATAE y se comprometió a establecer el marco legal de algo que clamaba al cielo y sobre lo que se venían pronunciando reiteradamente la inspección de Trabajo y los tribunales. Menos de un año después, tenemos ‘ley rider’, y es verdad que su ámbito de actuación es reducido, pero también que es una iniciativa pionera en toda Europa, y tengo la convicción de que será solo el inicio de una progresiva ampliación a otros sectores y actividades. Además, es importante dotar de más recursos a la Inspección de Trabajo, diezmada por recortes de gobiernos anteriores.

Y cabe otra reflexión: ¿por qué se está generalizando tanto el fraude de los falsos autónomos? Porque a determinadas empresas les sale muy barato usar esa figura del trabajo autónomo para abaratar sus costes laborales y no tener que atender a los derechos de sus trabajadores. El fenómeno de falsos autónomos es la cara B de la precariedad estructural que sufre el colectivo de trabajadores autónomos. La mejor manera de atajarlo es reconocer más derechos y protección social a las y los ‘auténticos’ autónomos para que a estas empresas defraudadoras no les salga a cuenta el fraude. Debemos caminar a un nuevo Estatuto del Trabajo del siglo XXI que recoja en pie de igualdad de derechos y obligaciones la realidad del trabajo asalariado y el autónomo.