Fraguas: historia de una repoblación

Fraguas, un pueblo en la Sierra Norte de Guadalajara, volvió a llenarse de vida cuando en 2013 varias personas decidieron asentarse allí. Su idea: vivir en armonía con la naturaleza, de forma autogestionada y tomando las decisiones de forma horizontal y a unos ritmos mucho más sanos que los preponderantes de la ciudad. El paso de los años no ha conseguido variar su modelo de vida, aunque sí ha trastocado la esperanza y futuro de este proyecto que lleva torpedeado desde 2018.

Ese año finalizó un proceso judicial contra seis de los nuevos vecinos de Fraguas: la sentencia firme los condenó por un delito contra la ordenación del territorio y otro de usurpación. Este último lleva aparejado el pago de una responsabilidad civil que responde a las costas de la demolición de las viviendas reconstruidas, pero los presupuestos presentados por la Junta de Castilla-La Mancha han introducido en dicha cuantía algunas edificaciones que no fueron juzgadas. El primero de ellos ascendía a 43.000 euros. El segundo, que tampoco se ajusta a las edificaciones enjuiciadas, a los 34.000. El abogado de los jóvenes alerta de que si no hacen frente a esta pena económica, el delito de usurpación se convertiría en pena de prisión, que sumado al otro superarían los dos años de cárcel. Además, tendrán que hacer frente a una multa de 2.700 euros cada uno de ellos.

Cuando se decidió repoblar Fraguas, su historia y localización fue determinante. Se trata de uno de los tantos pueblos expropiados por el franquismo, que después pasaría a estar dentro de una zona de operaciones militares para ahora establecerse en un coto de caza privado. Su cercanía con Madrid y Guadalajara, así como la posesión de terrenos fértiles para cultivar, fácil acceso al agua y árboles frutales a su alrededor, fueron algunos de los factores que propiciaron la ocupación del pueblo. “Desde el principio hemos tenido algunos rifirrafes con los agentes forestales, siempre con multas administrativas. Por ejemplo, nos identificaban y multaban por estar en una zona forestal en la que en teoría no se puede acceder con coches, pese a que los cazadores lo hacen sin problema”, comenta María García, una de las actuales vecinas del pueblo.

Durante el proceso judicial en el que se vieron inmersas las seis personas que querían huir de la vorágine de la ciudad y ayudar a potenciar la vida en el campo, se desechó el delito de daños contra el medio ambiente, del que también les acusaban. Según García, la condena es contradictoria en sí misma: “No nos pueden acusar de cometer un delito contra la ordenación del territorio cuando Fraguas fue expropiado por el franquismo y se borró cualquier prueba de que aquí, un día, hubo vida, como intentamos que vuelva a suceder”.

Conversaciones infructuosas con la Junta

Esta pedagoga de 28 años que vivía en Madrid antes de instalarse en Fraguas agrega que las personas condenadas ya no están en el pueblo alcarreño. “Se han ido marchando poco a poco porque este acoso y derribo desgasta mucho en nuestras proyecciones, tanto personales como colectivas”, explica. Mientras tanto, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha mantenía una posición ambivalente ante los hechos. El pasado año, los afectados por la sentencia de 2018 se pusieron en contacto con José Luis Escudero, consejero de Desarrollo Sostenible en la región. Esas conversaciones sirvieron para que Fraguas fuera protegida patrimonialmente al incluirla en la lista de “despoblados” de la Consejería de Cultura.

La Justicia hizo caso omiso a dicho acuerdo y, casi al mismo tiempo, la Junta cambió de parecer para volver a defender el derribo de Fraguas con todas sus consecuencias. Todo ello se materializó en marzo de 2021, cuando la Consejería de Desarrollo Sostenible aprobaba la “recuperación de oficio de la posesión” mediante una resolución publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. Pero la resolución iba más lejos al “ordenar la inmediata paralización de obras sobre cualquiera de las construcciones existentes y el cese de actividades que se pudieran estar realizando sin autorización en el Monte propiedad de la Junta y requerir al abandono del terreno del Monte”. 

Sin embargo, a principios de abril el Instituto de Ciencias del Patrimonio (Incipit), dependiente del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), pidió la inmediata paralización del derribo ya que el pueblo podría catalogarse como patrimonio histórico y etnográfico. El escrito registrado ante el Juzgado de lo Penal Nº1 de Guadalajara menciona la Ley de Patrimonio de Castilla-La Mancha (4/2013) según la cual la arquitectura negra de la iglesia de la localidad está considerada como patrimonio cultural. Asimismo, afirman que “el pueblo en su conjunto se puede considerar patrimonio arqueológico”. García, la vecina de Fraguas, valora este avance como “importante” y una buena señal para evitar el derribo “o que al menos no tiren las casas construidas a ras de suelo, sin respetar las ruinas que había anteriormente”, en sus propias palabras.

La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha no se pronuncia sobre por qué ha incluido hasta en dos ocasiones edificaciones para derribar que no aparecían en la sentencia, pero sí admiten que su objetivo es “conservar en su totalidad el patrimonio arqueológico que reúne valores a preservar”. Y agregan: “Para llevarlo a cabo se ha contratado un estudio arqueológico-cultural que ha elaborado una entidad independiente, con una gran trayectoria en actuaciones similares y de reconocido prestigio como es la Universidad Politécnica de Madrid”.

Actualmente, la demolición de Fraguas se ha paralizado temporalmente a la espera de un estudio del Seprona de la Guardia Civil. 

El día a día en Fraguas

Mientras tanto, la vida pasa en, por y con Fraguas. “El día a día funciona a través de trabajos colectivos, sin especialización. Una vez a la semana tenemos una asamblea en la que vemos lo que hay que hacer para organizarnos, y si vemos que necesitamos apoyo le decimos a más gente que venga a ayudarnos”, relata García. Se refiere a trabajos manuales, los imprescindibles para autofinanciarse y los necesarios para el mantenimiento: “Aquí trabajamos de sol a sol en la huerta, elaborando productos artesanos como cremas, pinturas y miel, reconstruyendo las ruinas y en el mantenimiento del agua o las placas solares, por ejemplo”.

Cuando dice que trabajan de sol a sol, lo dice literalmente. De hecho, en Fraguas no se cambia la hora como en el resto de España. “A nosotras nos viene mejor que anochezca un poco más tarde para poder evitar levantarnos tan pronto, porque nuestra jornada se basa en las horas de luz”, comenta al respecto. Algo más de una decena de repobladores se asientan en Fraguas de manera continuada, aunque el vaivén de curiosos, simpatizantes y compañeros hace que por el pueblo hayan pasado miles de personas que no comprenden por qué una Administración pública litiga contra los jóvenes.

“Ahora vende mucho hablar de la España vaciada, que es lo que ocurre en las castillas. Ponen en marcha medidas como bajar los impuestos a las personas que viven en los pueblos, cuando la mayor parte de los allí empadronados ya vive en las ciudades. ¿Qué tipo de medidas aplican para fomentar el estilo de vida que queremos nosotros? Tan solo pretendemos trabajar la tierra, estar en el campo y cuidarlo. Que nos salgamos tanto de su control no les interesa, al igual que no les interesa que la juventud vea que en las ciudades no tienen futuro y que la vida se puede construir de otra manera”, se explaya García. 

Continúa la persecución

García denuncia también que hay «intereses» en la zona en la que se ubica Fraguas, perteneciente a la pedanía de Monasterio: «Da mucho dinero a la Junta y a los cazadores les molestamos”. Y señala el monocultivo del pino y la explotación maderera que predomina en el lugar. 

Ertlanz Ibarrondo es el abogado de los seis jóvenes que pueden terminar en prisión. Desde su punto de vista, lo realmente alarmante del proceso son los presupuestos que la Junta ha realizado de las demoliciones y en los que ha incluido edificaciones que no constaban en la sentencia. “Además, la propia Junta ha iniciado un procedimiento administrativo sin respetar el penal que ya hay en ejecución. Quieren recuperar el monte y va dirigido contra las seis personas condenadas pero también otras que estaban allí de casualidad, en alguno de los eventos o jornadas que desarrollan. No sabemos por qué a esta gente también les han incluido en el nuevo proceso”, explica el letrado.

En principio, este último movimiento por parte de la Junta ni siquiera contempla multas económicas pero sí va encaminado a la recuperación del monte: “Entendemos que quieren derruirlo”, explica Ibarrondo.  Pese a que el segundo presupuesto planteado por la Junta es menor que el primero, el abogado afirma que han vuelto a incluir construcciones que no fueron juzgadas, así que lo han recurrido de nuevo. Ni siquiera los pobladores originales de Fraguas a quienes hace décadas expulsaron de sus casas se explican lo sucedido. “Allí no molestan y nadie más que la Junta ha presentado una denuncia contra ellos”, continúa el defensor.

“Cuando lleguen las excavadoras a tirar todo lo que hemos construido con nuestras manos esperamos que haya mucha gente aquí mostrando su apoyo, porque vamos a intentar frenar por todos los medios que tiren abajo nuestras casas. Ya que parece que todo corazón que lucha por la libertad solo tiene derecho a una celda, yo exijo mi parte”, concluye García adaptando a su propia realidad la famosa cita de Louise Michel.

Actualización 17.55h (06/05/2021)