Vacunas libres o cómo hacer de la ciencia un bien público

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Suponiendo que hay fondos, que hay estabilidad, que hay planificación y menos burocracia en el ámbito científico, todavía quedarían más problemas y de mucho calado por solucionar. La pandemia también lo ha puesto de manifiesto con la distribución de las vacunas, aunque es un escollo tan antiguo como las farmacéuticas. La Fundación Salud Por Derecho viene reivindicando desde hace años la necesidad de hacer de los medicamentos, como resultados de la ciencia, un bien público.

“Faltan criterios que garanticen la defensa del interés público en la inversión que se realiza en I+D biomédica con el dinero de todos y todas. Por ejemplo, los gobiernos invierten mucho, pero luego no hay capacidad para controlar el precio de los medicamentos, o casi siempre la transferencia de ese conocimiento se hace con una licencia en exclusiva a una compañía que va a tener la patente y por tanto la capacidad de producción y comercialización. Y esto no es una cosa solo de España. Es algo que hay que modificar. Lo que está pasando con las vacunas de la COVID-19 debería fomentar un debate político para que esto cambie”, denuncia la directora de Salud Por Derecho, Vanessa López.

Tanto esta organización como Médicos Sin Fronteras pidieron al Gobierno que apoye la propuesta de India y Sudáfrica y la C-TAP (una iniciativa de la OMS para compartir el conocimiento científico desarrollado contra la COVID-19 de forma voluntaria) para que se suspendan ciertas medidas de propiedad intelectual en medicamentos, vacunas, pruebas de diagnóstico y otras tecnologías sobre este virus mientras dure la pandemia. Hasta la fecha, España no ha mostrado su respaldo a ninguna de las dos.

“La respuesta que hemos recibido del jefe de Gabinete ha sido decepcionante –indica López–, porque viene a decir que sigue la posición europea, que es de bloqueo a la propuesta de India y Sudáfrica, y no se compromete ni mucho menos a modificar o intentar modificar la posición de la UE. Es decir, los países ricos están poniendo palos en la rueda. Y mientras los gobiernos dicen que las vacunas son un bien público, los hechos no se corresponden con sus declaraciones”.

Ya el pasado septiembre, Oxfam Intermón denunció que países ricos que suponen el 13% de la población mundial habían comprado suministros futuros del 51% de las vacunas contra el coronavirus. “Si un organismo público ha desarrollado una vacuna, es el propio gobierno el que se tiene que ocupar de marcar una política que la blinde como un bien público global –expresa López–. Por ejemplo, el CSIC está investigando actualmente diferentes vacunas que, si llegan a tener éxito, podrían licenciarse a diferentes compañías -sin exclusividad- y aumentar así su producción mundial”.

Estaríamos contribuyendo –prosigue la directora de Salud por Derecho– a que una vacuna exitosa pueda llegar a cualquier lugar y que la propiedad intelectual no sea un freno: “La de AstraZeneca se desarrolló en la Universidad de Oxford y se licenció en exclusiva a esta empresa. Y ahora todo el mundo depende de su capacidad de producción y de su estrategia comercial”.

No obstante, algo alentador que ha sucedido en España, según López, es la política que parece haber adoptado el CSIC para que todos los productos sanitarios que se desarrollen para la COVID se licencien bajo un régimen de no exclusividad. El primero de estos ejemplos de éxito, cuenta, es una prueba diagnóstica que ha licenciado a una empresa española: “Y eso significa que la inversión pública podría terminar orientándose hacia un modelo de licencias no exclusivas que permita romper el monopolio, que es la piedra angular en el problema de acceso a los medicamentos. Esto mejoraría el panorama actual en el acceso a las vacunas para la COVID-19 y tendría que extenderse no solo a las tecnologías sanitarias para esta enfermedad, sino que debería ser la política pública habitual”.

Los precios de los medicamentos

López apunta a otra cuestión de fondo: la falta total de transparencia sobre los costes reales de I+D y producción de los fármacos: “Las farmacéuticas dicen que los costes son elevadísimos pero no hay información real que muestren a la sociedad”.

Un estudio de la Universidad de Liverpool publicado en Journal of Virus Erradication calcula que el coste mínimo de producción del remdesivir es de 0,93 dólares (0,83 euros) por dosis. La farmacéutica Gilead, que posee la patente, le puso un precio comercial de 2.083 euros por paciente. Otro estudio de Salud por Derecho señala la duplicidad en los ensayos clínicos: “España es de los países que peor reporta la información sobre los ensayos clínicos, y es fundamental para poder tomar decisiones sobre la seguridad y eficacia de los fármacos, o sobre cuáles se financian y cuáles no. Esta falta de transparencia también es un freno para investigadores y personal sanitario que no pueden aplicar esa información a sus propias investigaciones y a la práctica médica. Además, es importante para que puedan hacerse estudios combinados y avanzar en el conocimiento”.

En ello insiste el epidemiólogo Daniel López Acuña, que ha trabajado durante 30 años para la Organización Mundial de la Salud: “Los espacios para la investigación no son solo las universidades y es muy importante entender que se da un trabajo importante en el ámbito de las instituciones públicas, como las escuelas de salud pública, que es distinto a la investigación básica o clínica. Hay que establecer, por tanto, un vínculo muy estrecho entre investigación y práctica de la salud pública”. López

Acuña es profesor en la Escuela de Salud Pública en Andalucía, que desaparecerá como tal según las previsiones de la Junta (PP y Ciudadanos), que quiere integrarla en un Instituto de Salud de nueva creación. “En el caso de España –asegura el epidemiólogo– es muy importante que esto no se deje caer como ha pasado con la Escuela Nacional de Sanidad del Instituto Carlos III y no se amenace con su cierre, como con la Escuela andaluza de Salud Pública. Son planes muy ideologizados contra la salud pública. Además, esta pandemia ha mostrado que es un capital intelectual imprescindible para poder tener una verdadera capacidad analítica de la toma de decisiones. La acción debe estar muy conectada con la realidad y ser muy pragmática”.