Pablo Iglesias se despide del Congreso: “Porque fueron, somos. Porque somos, serán”

Pablo Iglesias se va. El aún vicepresidente del Gobierno anunció en sus respuestas en la sesión de control que dejará, de forma inminente, su escaño como diputado y su asiento en el Consejo de Ministros para presentarse a las elecciones a la Comunidad de Madrid. Así lo exige la ley electoral regional, por lo que no podrá emular a Salvador Illa en los comicios catalanes y permanecer en el cargo hasta que empiece la campaña. Debe presentar su dimisión antes del 31 de marzo. En la misma tesitura se encuentra Hana Jalloul, secretaria de Estado de Migraciones, que irá como número 2 en la lista del PSOE, tras Ángel Gabilondo.

Las respuestas más informativas de Iglesias asomaron en un debate marcado por la bronca y las acusaciones. Los diputados de la oposición no quisieron dejarle marchar sin dedicarle una última ración de críticas hiperbólicas. En tan señalada ocasión, PP y Vox desplegaron lo más clásico de su repertorio, que va desde el «chalet de Galapagar» al «estalinismo».

Ante el profuso catálogo de recriminaciones personales desplegado por los diputados de la derecha, el líder de Unidas Podemos contraatacó eligiendo bien sus golpes. Adelantó que su grupo presentará una denuncia por «cohecho» en la Fiscalía Anticorrupción contra Teodoro García Egea. El secretario general del PP carga, desde el fracaso de la moción de censura contra el Gobierno de la Región de Murcia, con la sospecha de haber comprado los votos de tres diputados tránsfugas de Ciudadanos. «Porque ya está bien de corruptos, ya está bien de comprar diputados, ya está bien de impunidad», justificó Iglesias.

Para Iván Espinosa de los Monteros, diputado nacional de Vox, reservó el desdén («Su candidata [a la presidencia de Madrid] se presenta por otro partido, y eso les pone a ustedes en una situación complicada», dijo en referencia a Isabel Díaz Ayuso) y la reprobación personal: «Si no hubiera sido por la protección del PP de Madrid usted no hubiera podido ser promotor inmobiliario, no hubiera sobrevivido a las obras ilegales que hizo en su casa, ni al escándalo de vender apartamentos de lujo en suelo industrial, ni su candidata [la oficial, Rocío Monasterio] podría haber podido firmar proyectos arquitectónicos sin tener la licenciatura de Arquitectura».

En su despedida del Congreso, Iglesias quiso recordar a sus referentes ideológicos: «Quiero que mis últimas palabras en esta tribuna democrática vuelvan a ser un homenaje a esas generaciones de españoles y españolas que lucharon contra el fascismo, por la libertad y por la justicia social. Porque fueron, somos. Porque somos, serán».

La campaña por la vivienda

Tras 14 agitados meses en el Gobierno, el líder de Unidas Podemos deja todos sus cargos nacionales. En su última aparición en el Congreso, entró al hemiciclo abrazado a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que será su sucesora en la vicepresidencia. Iglesias se centrará ahora en la campaña electoral de la Comunidad de Madrid, donde se augura un tenso enfrentamiento con su socio de gobierno. El presidente, Pedro Sánchez, ha expuesto reiteradamente que sus formaciones pertenecen a «familias y tradiciones políticas diferentes», pero que son muchas más las cosas que los unen. Una de ellas, desde luego, no es la política de vivienda, que será uno de los grandes caballos de batalla en la campaña madrileña.

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, adelantó hoy en el Congreso el proyecto del Gobierno de construir 100.000 viviendas públicas. La iniciativa, aseguró, está pensada para ayudar a «las personas vulnerables». Pero de limitar los precios máximos del alquiler, nada de nada. Lo dejó claro hace unos días: la vivienda «es un bien de mercado».

Centrado en pregonar su peculiar concepción de la libertad, el de la vivienda no es un tema que interese al principal partido de la oposición. Demasiado materialista. El PP, que en Madrid echó de sus casas a los inquilinos y vendió, a precio de saldo, miles de pisos de protección oficial a fondos buitre extranjeros, prefirió centrarse en temas menos trascendentales para el ciudadano de a pie. Así, en la sesión de control al Gobierno, Pablo Casado acusó al presidente de «jugar al Monopoly con las instituciones». Se refería a las mociones de censura presentadas contra sus gobiernos regionales en Murcia y Castilla y León. Casado presumió de haber parado el golpe, sin reparar en la manera (presuntamente corrupta) en que lo hizo en el caso murciano.

En pleno desarrollo de la comisión de investigación por la supuesta financiación ilegal del PP, el líder popular anunció la petición de una nueva comisión de investigación. Esta vez contra el Gobierno, claro, por el rescate de la aerolínea Plus Ultra.