Sociedad

Ocho días de sanción económica para el teniente coronel que propuso una solución armada en Catalunya

El artículo del teniente coronel Enrique Área, sancionado por el Tribunal Supremo, fue publicado en uno de los principales portales ultras de difusión de bulos y desinformación.

El Tribunal Supremo en Madrid. FERNANDO SÁNCHEZ / ARCHIVO

Sanción económica disciplinaria de ocho días. Ese ha sido el castigo que el Tribunal Supremo ha impuesto al teniente coronel en la reserva Enrique Área “por quebrantar el deber de neutralidad política”. Lo hizo en agosto de 2018 a través de un artículo publicado en un portal web bajo el título “El teniente coronel Enrique A.S. advierte a los dirigentes separatistas: No les quepa la menor duda que si no entran en razón, nos quedaría la solución armada con toda su contundencia”.

La Sala de lo Militar del Alto Tribunal considera que “concurren todos los requisitos legalmente exigidos para calificar su conducta como una falta grave consistente en efectuar con publicidad manifestaciones o expresar opiniones que supongan infracción del deber de neutralidad política, prevista en el artículo 7, apartado 32, del Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas”, se explica en el comunicado.

En el texto se afirmaba de manera textual que, si no se consigue una buena voluntad por las dos partes, en referencia al Estado español y a Catalunya, “como militar nos quedaría la solución armada en la que se aplicará la Ley del Estado con toda su contundencia…”. Asimismo, realizaba críticas a la Ley de la Memoria Histórica y se refería a la “extrema morada izquierda que quiere dilapidar la nación española como los artistas políticos del sexenio revolucionario”.

La Sala señala que el texto fue firmado como “Teniente Coronel de Infantería y Doctor por la Universidad de Salamanca” en un momento en el que este se encontraba en la reserva. Por ello, todavía estaba sujeto al régimen disciplinario de los miembros de las fuerzas Armadas: “La ostentación de la condición militar y del empleo de Teniente Coronel en el artículo en cuestión […] así como la propagación de dicho artículo en un medio de acceso libre de comunicación social, […] denotan la incuestionable concurrencia del dolo exigible como elemento subjetivo del tipo disciplinario aplicado”.

“Bulos y desinformación”

El portal web en el que fue publicado es Alerta Digital, definido por infoLibre como una “fábrica de noticias falsas” comandada por el que fuera el jefe de prensa de Jesús Gil, José Armando Robles Valenzuela. 

Un estudio de la Fundación Rosa Luxemburgo, coordinado por el colaborador de lamarea.com Miquel Ramos, incluye a la web en la sección dedicada a “Medios o portales generadores de bulos y desinformación”. Como se explica en el informe, “en el medio participan otras personalidades relacionadas con la ultraderecha nacionalcatólica de España”. En la actualidad, Alerta Digital se encuentra pediente de un juicio que podría acabar dictaminando su cierre “por sus constantes mensajes de odio y bulos hacia colectivo LGTBI y la población racializada”. 

Por este motivo, dos de sus colaboradores y el propio director del medio han sido denunciados. Uno de los demandados es Custodio Ballester, que en la actualidad ejerce como cura y que antes fue militar. Son conocidas sus proclamas contra el colectivo LGTBI o los migrantes y a favor del franquismo: “La represión tendría que haber sido mayor para así evitar muchos de nuestros actuales males”, ha llegado a señalar.

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Comentarios
  1. Así garantiza España el libre enaltecimiento de la dictadura.
    Durante 2020 hubo al menos 50 actos de enaltecimiento del franquismo en distintos puntos del país, sin que sus organizadores enfrentasen trabas de ningún tipo.
    El próximo día 28, el Movimiento Católico Español (MCE) hará un tour por Madrid para celebrar su «liberación», término empleado por este grupo ultraderechista para referirse a la caída de la capital en manos de la dictadura. («el asedio a una ciudad que fue bombardeada en forma inmisericorde por parte de los golpistas con ayuda de sus aliados»). Este nuevo acto de apología de los crímenes del franquismo correrá la misma suerte que los otros 50 que se celebraron en 2020: no habrá ninguna actuación del Estado para impedir una nueva afrenta a las víctimas del franquismo.
    «A veces las delegaciones de gobierno favorecen o tienen más facilidad para legalizar actos fascistas que antifascistas», afirma Emilio Silva, portavoz de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH). «Nadie lo entendería en el caso del terrorismo, donde sí hay una persecución de quienes lo reivindican. Aquí, en cambio, nos saltamos todo: aún tenemos títulos nobiliarios a grandes criminales de guerra, torturadores condecorados o el colmo de la apología, que es la Fundación Francisco Franco, todavía consentida», sostiene. A su juicio, se trata de «un ejercicio de doble moral».
    En efecto, en la hemeroteca de Euskadi existe un amplio listado de manifestaciones que fueron prohibidas porque se consideraba que podrían incurrir en actos de enaltecimiento del terrorismo, algo perseguido en el Código Penal. En Navarra, la Delegación de Gobierno llegó a impedir en septiembre de 2018 que se celebrase un acto en recuerdo a los cinco últimos fusilados por el franquismo que había organizado una asociación de memoria histórica.
    Ese mismo año, Julen Ibarrola, un joven de la localidad alavesa de Amurrio, ingresó en prisión acusado de haber dibujado el símbolo de ETA con un rotulador en la pared de una vivienda en Lesaka (Navarra) junto a la siguiente frase: «Estamos orgullosos de vuestra lucha, viva vosotros, el pueblo está con vosotros».
    «El terrorismo de Estado no está reconocido en nuestra legislación y las víctimas de la dictadura no tienen protección jurídica alguna, a diferencia de lo que acontece con las víctimas del terrorismo que no solo tienen una ley integral sino que también tienen la protección penal recogida entre otros en el artículo 578 del Código Penal», afirma el abogado Jacinto Lara, quien representa a las víctimas del franquismo en la querella impulsada en Argentina.
    La jueza Garbiñe Biurrun, presidenta de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, habla precisamente de ese inmenso agravio comparativo. «No es lo mismo una organización terrorista que un Estado criminal, ni siquiera en el volumen, cantidad y cualidad de los crímenes: es muchísimo más grave un Estado criminal que una organización terrorista»….
    https://rebelion.org/asi-garantiza-espana-el-libre-enaltecimiento-de-la-dictadura/

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