¿Hasta dónde van a poder?

Este artículo forma parte del dossier ¿Hasta dónde van a poder?, publicado en febrero de 2020, antes del inicio de la pandemia. Recuperamos el análisis tras el último encontronazo entre PSOE y Unidas Podemos por las políticas de vivienda.

«¿Y los empresarios también? También. ¿Han firmado todos? Todos”. Este breve diálogo entre una mujer y su marido, ambos jubilados, se produjo mientras la ministra de Empleo, Yolanda Díaz, informaba a los periodistas, en una rueda de prensa televisada, del acuerdo alcanzado entre el Gobierno y los agentes sociales sobre la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a 950 euros.

Son solo 50 euros más con respecto al último incremento realizado por el Ejecutivo en solitario de Pedro Sánchez. Está lejos aún de los 1.200 euros prometidos en el acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos. Pero la medida, por varias razones –por el valor de llegar a un acuerdo en sí, por la rapidez en alcanzarlo y porque la artífice de ese acuerdo ha sido la ministra ‘comunista’– genera al menos dos interrogantes que pueden extenderse a toda la acción futura de un Ejecutivo que, por unos momentos, llevó a España a engrosar la lista Google de gobiernos comunistas en el mundo: ¿Dejará el sistema, entendido como los poderes fácticos de este país, hacer a este primer Gobierno de coalición lo que ha prometido hacer? 

Es decir, ¿subirá el salario mínimo hasta los 1.200 euros? ¿Se hará la derogación completa de la reforma laboral? ¿Hasta dónde llegarán las presiones del IBEX? ¿Qué pasará con las políticas de vivienda? ¿Hasta dónde llegarán las presiones de la Iglesia? ¿Hasta dónde llegará el Gobierno? ¿Simbolizarán esos 50 euros el máximo a lo que podrá aspirar? ¿Hasta dónde podrá empujar Unidas Podemos al PSOE en el camino hacia la izquierda? ¿Serán suficientes los aplausos protocolarios al rey para cumplir lo prometido? 

Habrá que esperar para analizar los hechos, porque aún es pronto. Los pasos que ha ido dando el Ejecutivo –salvo con la ley de eutanasia– serán o no definitivos . Lo que sí parece haber comenzado a diluirse –o al menos a no martillear con tanta fuerza–, en parte por ese acuerdo social, en parte por los insospechados apoyos internacionales –“Las políticas del nuevo Gobierno son alentadoras, incluida la subida del salario mínimo”, dijo la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, en un encuentro reciente recogido por El País– es  ese miedo al ‘que vienen los comunistas’ insuflado por la derecha y la ultraderecha. A algunos  sectores, incluso, les ha sorprendido la “elegancia imprevista” de la ministra de Trabajo.

“Marx decía que el comunismo es exigir a cada uno según su capacidad y darle según su necesidad. Según eso, y así lo creo yo, la sanidad universal es puro comunismo. De lo cual se deduce, a tenor del grado de aceptación que ese servicio público tiene, que el comunismo, entendido de esa manera no es tan indeseado como parece sino más bien todo lo contrario. A mí me parece que el miedo al comunismo no viene por lo que tengan de ‘comunistas’ algunas medidas, que en realidad son de justicia social elemental. Helder Cámara lo decía claro: si doy de comer al pobre, me llaman santo. Pero si pregunto por qué pasa hambre, me dicen que soy un comunista”, explica el economista Juan Torres, asesor de Podemos en sus inicios y autor de obras como La renta básica y Economía para no dejarse engañar por los economistas. Torres considera que lo más dificil de este Gobierno será poner en marcha todo aquello que requiera mayoría parlamentaria suficiente. “No creo que se pueda confiar en ERC como un socio estable de gobierno. De hecho, incluso tengo dudas sobre la viabilidad de unos primeros presupuestos. Y, si salen, estarán muy retocados. Será difícil que puedan ser unos presupuestos que permitan llevar a cabo medidas de profundidad”.

Las trabas no solo estarán fuera, sino también dentro –la sentencia europea sobre las devoluciones en caliente puede ser un ejemplo–, como el propio Sánchez advirtió, tras el 28-A, sobre su temor a que hubiese dos gobiernos dentro del mismo gobierno. Es posible, por tanto, que a lo largo de la legislatura se produzcan otras fotos menos idílicas que las tomadas el pasado febrero en la finca de Quintos de Mora (Toledo), donde los ministros y ministras se reunieron para planificar la agenda legislativa del trimestre, el contexto económico y la estabilidad presupuestaria. O que el presidente del Gobierno, de repente, tenga problemas para dormir. Ahora mismo, su equipo económico es quien mejor vela por su sueño.  Nada más comenzar la legislatura, la ministra de Economía y vicepresidenta, Nadia Calviño, enfrió los ánimos con respecto a la medida de la regulación de los precios abusivos del alquiler que había proclamado Unidas Podemos durante la campaña electoral. Esto dijo Ana Patricia Botín, presidenta del Banco Santander, de la dirigente socialista cuando el PSOE gobernaba en solitario: “En un momento clave para la Unión Europea, tener a Nadia Calviño como nuestra nueva ministra de Economía es una garantía de que España seguirá aumentando su peso en las instituciones europeas. Enhorabuena, Nadia”.  

Calviño ha trabajado desde 2006 para las instituciones europeas y, justo antes de ser fichada por Pedro Sánchez, había ejercido como directora general de Presupuestos de la Comisión Europea. La ‘tranquilidad’ se extiende a su equipo. El resto de cargos del ministerio –secretarías de Estado, secretarías generales o direcciones generales– han sido ocupados en su mayoría por técnicos comerciales y economistas del Estado, más conocidos como tecos, un cuerpo al que la propia Calviño pertenece y que cuenta con unas de las oposiciones más difíciles de la Administración. Según explica Andrés Villena en su libro Las redes de poder en España. Élites e intereses contra la democracia (Rocaeditorial, 2019), los cuerpos de los altos funcionarios acaban funcionando como una red de tecnócratas donde la ideología individual se diluye en favor de una “ideología dominante” y acaba por constituir una especie de “clase administrativa” que pugna por “colonizar los distintos ministerios y espacios de poder”. Este componente de red se hace patente de una forma clara en el Ministerio de Economía y, más en concreto, en la secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa. “Calviño se ha rodeado de los suyos, de los que piensan igual que ella. Pero es que, además, vemos sagas familiares muy claras que, con ambición política, siguen colonizando estos puestos clave del gobierno. Aunque aparentemente sean puestos meritocráticos, las conexiones familiares están ahí”, afirma Villena. 

Según el organigrama, la secretaria de Estado de Economía es Ana de la Cueva Fernández, expresidenta de la asociación de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado y sobrina del exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez, más conocido como Mafo. De la Cueva había sido la jefa de gabinete del secretario de Estado de Economía entre 2004 y 2009, David Vegara, actualmente consejero del Banco Sabadell. Carmen Balsa  –pareja de Vegara– es la jefa de gabinete de Calviño. Y teco.

Más hacia abajo se sitúa el secretario general del Tesoro y Financiación Internacional, Carlos San Basilio Pardo, director general del Patrimonio del Estado y vocal asesor del Ministerio de Hacienda con Rajoy, ascendido con Calviño. San Basilio también fue director de la secretaría técnica del Banco Santander entre 2002 y 2004, una década después de ingresar en el Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado. Su padre fue Carlos San Basilio Martínez, presidente de la naviera Trasmediterránea, subdirector general del Banco de Santander. 

“La cercanía del ministerio con los Botín es clarísima”, señala Villena. Por debajo de San Basilio están los diferentes directores generales: Pablo de Ramón-Laca (Tesoro y Política Financiera), Elena Aparici Vázquez de Parga (Política Económica), Carlos Cuerpo Caballero (Análisis Macroeconómico) y Sergio Álvarez Camiña (Seguros y Fondos de Pensiones). Todos tecos excepto este último, mantienen sus cargos de la etapa del anterior Ejecutivo. Pablo de Ramón-Laca y Carlos Cuerpo Caballero, además, fueron compañeros de promoción en 2008. Villena argumenta que este tipo de cargos buscan “dar un mensaje de tranquilidad a la patronal española y a la Comisión Europea con el objetivo de que vean que España no es Italia”: “Va a ser quien pise el freno en el Consejo de Ministros”. 

El sociólogo cree, además, que será el Ministerio de Hacienda de María Jesús Montero –que tiene experiencia en el gobierno de coalición andaluz entre PSOE e IU en 2012– quien tenga que hacer equilibrio entre los tecnócratas de Economía y aquellos ministerios más progresistas y sociales que querrán aumentar el gasto. “Viendo lo que ha costado formar gobierno –añade Villena–, el nivel de diálogo y de acuerdo entre el bando Calviño y el de los ministros más progresistas será muy alto y provocará que esto no sea una lucha”. Montero, médica de profesión, gerente de hospitales, consejera de Salud durante la mayor parte de su etapa en la Junta de Andalucía y consejera de Hacienda en los últimos años antes de llegar al ministerio, se llevó a Moncloa a su equipo andaluz, como hizo cuando cambió de la Consejería de Salud a la de Hacienda. 

Así, la secretaria de Estado de Hacienda, Inés María Bardón Rafael, es personal estatutario del Servicio Andaluz de Salud (SAS), donde ha sido subdirectora general de Compras, Logística y Servicios, y directora general de Gestión Económica y Servicios. Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Sevilla y máster en Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública y el Instituto Universitario Ortega y Gasset de la Complutense, ha estado al frente de la gestión económica de diversos hospitales públicos andaluces. La secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos, María José Gualda Romero, es diplomada universitaria en Relaciones Laborales por la Universidad de Granada, experta en Gestión Sanitaria por la Escuela Andaluza de Salud Pública y ha dirigido la elaboración de los presupuestos en Andalucía, el seguimiento y supervisión de las reglas fiscales y la mejora de la gestión de ingresos. También impulsó la estrategia de Presupuesto con enfoque de género a partir del Informe de Evaluación de Impacto de Género de las cuentas autonómicas y el desarrollo de auditorías de género de programas presupuestarios. 

En el organigrama también destaca la directora general de Tributos, María José Garde Garde, quien desde 2015 es miembro del Bureau del Comité de Asuntos Fiscales de la OCDE y, desde 2017 hasta este año, ostenta el cargo de presidenta del Foro Global de Transparencia e Intercambio de Información para fines fiscales de la OCDE. El subsecretario de Financiación Autonómica y Local, Diego Martínez López, doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Complutense, ha tenido estancias de investigación en las Universidades suecas de Umea y Uppsala y en la División de Políticas Fiscales del Banco Central Europeo. La directora general adjunta del Gabinete de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos es Cristina Carcelén Hurtado, licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Jaén. Funcionaria del Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado, ha desempeñado también varios puestos en el ministerio y ha sido miembro de los consejos de administración de las sociedades estatales Acuaebro y Sistemas Técnicos de Loterías, y de la entidad pública empresarial Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda.

EL EQUIPO NO GENERA ‘MIEDO’

El eje sobre el que pilota toda la política del nuevo Gobierno, por tanto, no da miedo. Tiene un perfil adecuado para calmar los ánimos de Bruselas y del IBEX, otro campo minado para el Ejecutivo de coalición y las posibles contradicciones dentro del propio gobierno. El precedente andaluz es un buen ejemplo de lo que un gobierno de coalición de izquierdas puede hacer o no y, por supuesto, de esas contradicciones. Una de las cuestiones más criticadas por IU a su socio en Andalucía fue la relación de la entonces presidenta de la Junta, Susana Díaz, con el IBEX, quien siempre fue clara en ese sentido: “Me reuniré con quien tenga que reunirme para conseguir que las empresas confíen e inviertan en Andalucía”. La fotoperiodista Laura León inmortalizó en una fotografía el momento en el que Emilio Botín le besó la mano a Díaz en la primera visita –al menos pública– que un banquero hacía al Palacio de San Telmo, sede de la presidencia de la Junta. Por allí pasaron Telefónica, Endesa, La Caixa, BBVA, Iberdrola y Vodafone. “Susana Díaz no tendría que pedir ningún favor a Botín con una banca pública en Andalucía”, reprochó entonces el ahora ministro de Consumo, Alberto Garzón, muy crítico con esa coalición. La banca pública fue una de las banderas de IU que no llegó a buen puerto y generó tensiones entre los socios de gobierno. El pasado febrero, en una entrevista en eldiario.es, el consejero delegado de Endesa, José Bogas, decía lo siguiente: “Ha sido una alegría que haya Gobierno, no me preocupa nada la coalición entre PSOE y Podemos”. Sobre las medidas medioambientales, afirmó: “Teresa Ribera [la ministra de Transición Ecológica] es una gran trabajadora con la que puedo decir que me encuentro en un 90% de acuerdo […] Hay un 10% en el que discrepamos, pero no estoy seguro de si en ese 10% tiene razón ella o la tengo yo”. La hecatombe predecida por la derecha y la ultraderecha, por tanto, no ha ocurrido. 

Ribera, que no ha tenido reparos en ser clara con los exministros Jordi Sevilla y Josep Borrell, no da miedo. Calviño no da miedo. Unidas Podemos aplaude al rey. Y, sobre todo, como apunta el economista Torres, lo que se incluye en el programa de gobierno no es nada estrambótico, sobre todo si se compara con las medidas que incluye la ultraderecha: “Creo que no supone una ruptura sustancial, digámoslo así, con el orden establecido. Es verdad que algunas medidas se contemplan en nuestro país como muy radicales pero porque aquí perviven privilegios que en otros países no existen desde hace décadas. Si aquí se anuncia que hay un gobierno que va a reclamar a la Iglesia compromisos fiscales semejantes a los de otros sujetos o que no se apropie de lo que no es suyo, parece que se va a producir un cataclismo. Si se anuncia que se van a limitar privilegios de las compañías eléctricas, de los bancos u otras grandes empresas que no tienen en otros lugares, el suelo comienza a temblar”. 

 En esa línea se expresa también la profesora de Filosofía del Derecho y número uno de Unidas Podemos en el Parlamento Europeo: “Lo que quería la gente era estabilidad, tener una mínima seguridad y una mínima capacidad para proyectar. Y si el Gobierno se sostiene un tiempo, que yo creo que sí, y después se va amortiguando el conflicto catalán, desaparecerá cualquier duda. El PSOE ha gobernado España, gobierna comunidades autónomas y, por mucho que se una ahora a Unidas Podemos, no se va a convertir de repente en un gobierno ‘comunista’. Es una locura. La propia tendencia del PSOE no es esa. Tendrían que cambiar mucho, mucho. Es un partido centrista y ahora hará políticas sociales por suerte más acentuadas, si es que las condiciones económicas lo permiten”. La coyuntura económica será una de las claves. “Obviamente no es lo mismo tener que lidiar con una recesión que no hacerlo. Si económicamente estamos fuertes, Calviño y su equipo abrirán más la mano, pero como las cosas vayan mal van a ser muy rígidos”, asegura el sociólogo Villena. 

El panorama no es muy halagüeño: el Ejecutivo ya ha rebajado al 1,6% su estimación de crecimiento para este año –frente al 1,8% del ejercicio anterior– y ha incrementado en un punto la tasa de paro, hasta el 13,6%. En ciertos ámbitos económicos consideran que el desarrollo de todo lo que se propone el Gobierno es imposible [ver página 24]. Aunque la senda de déficit será más suave, tendrá que hacer un ajuste de unos 8.000 millones para cumplir con Europa. “Mucho nos tememos que en el marco de la UE y de sus políticas de austeridad, la camisa de fuerza que va a tener este Gobierno, y que es la misma que han tenido los últimos gobiernos, difícilmente va a permitir atacar a los actores centrales como las grandes corporaciones transnacionales”, explicaban en una entrevista en La Marea Erika González y Pedro Ramiro, investigadores del Observatorio de Multinacionales de Latinoamérica (OMAL) y autores de A dónde va el capitalismo español (Traficantes de Sueños), en el que analizan el papel de las grandes empresas transnacionales y los impactos de sus actividades económicas.  De lo que se trata, al fin y al cabo, es de modificar el sistema económico y eso es lo más complicado para la eurodiputada Rodríguez-Palop. 

LA REVOLUCIÓN DE LOS CUIDADOS

Desde su punto de vista, lo más difícil de cumplir será todo lo relacionado con la revolución de los cuidados, que es, como ella lo define, una revolución del modelo económico, que tiene que ver con horarios flexibles, con brecha salarial, de pensiones, con una extensión mayor de la conciliación… “La propia ley de dependencia está vaciada totalmente, ni siquiera aparece expresamente en el acuerdo de Gobierno, no ha tenido prácticamente presupuesto en estos últimos tiempos, y mucho peor con los recortes que se avecinan en Europa, y que van a afectar a España”.  

Con respecto a la conciliación, por ejemplo, Rodríguez- Palop destaca que España es más generosa de lo que lo es la directiva europea, pero no llega, sin embargo, a otros países como Suecia, donde las empresas ofrecen horarios flexibles, existe el derecho de tomarse un día libre para cuidar a un hijo o hija enferma y dos años pagados de permisos de paternidad; o Islandia, el único país que ha establecido por ley que todas las empresas deben tener una paridad salarial.  “Todo eso, obligar a las empresas a publicitar los sueldos de cada persona, no se cumple en Europa y eso tiene  que ver con la presión que se quiere ejercer o no ejercer sobre las empresas. Y todo eso, todo lo que afecta a la libertad empresarial y que tiene mucho que ver con las políticas de género y las de cuidados, es lo más difícil de poner en práctica.  Porque supone un cambio del modelo económico integral, porque el gobierno es de coalición y necesita continuos acuerdos y porque supondría un mazazo a la política empresarial”, explica la profesora. 

A ello se suma, además, la presión de la derecha y la extrema derecha, que ha hecho de la cuestión del género un eje central. “Pero no solo en España –insiste la eurodiputada–. Polonia es de los lugares más terroríficos que hay para las mujeres y al movimiento LGTBI. Allí tienen un proyecto de ley parecido al pin parental, que prohíbe la educación sexual; declararon que había 30 ciudades libres de ideología LGTBI; son una fuente de homofobia y misoginia brutal. Vox es la reproducción de eso allí. El PiS, el partido que gobierna Polonia, está con Vox en el mismo grupo de los conservadores en Europa. Y es quizá el partido más antigénero que existe en el Parlamento Europeo”. 

ALGUNOS ÉXITOS

Lo que sí considera será un éxito en España es la ley de libertades sexuales, la primera del nuevo Ministerio de Igualdad, dirigido por Irene Montero. “Habrá que ver el impacto sobre el Código Penal. Pero no creo que vaya a tener un carácter punitivista como a veces se ha pedido desde algunos sectores. Porque el feminismo no es en esencia punitivista”. Y valora también como positivo el camino recorrido en España con la ley de violencia de género: “A pesar de que es muy restrictiva y ha sido ampliamente superada con el Pacto de Estado, estamos avanzados. En Francia se está discutiendo una ley de violencias machistas ahora. Y no hay apenas leyes de violencia de genéro en ninguna parte. Lo mismo ocurre con el Ministerio de Igualdad, que solo existe en Suecia como tal. A ver qué somos capaces de hacer desde ahí, lo hemos tenido antes, y es un triunfo del movimiento feminista”.

La directora del gabinete del ministerio, Amanda Meyer, también formó parte del gobierno de coalición andaluz y vivió en primera persona cómo se rompió la coalición tras el desalojo de la corrala La utopía. La consejería que había liderado una de las medidas estrella, la ley de función social de la vivienda, más conocida como ley antidesahucios, se convirtió en el polvorín de aquel pacto de gobierno –ambos partidos se culpan mutuamente de aquella ruptura que, en la práctica, a quien fastidió fue a la ciudadanía–. En Francia, el gobierno de Macron acaba de anunciar una ley que recuerda a la andaluza en un punto básico: las expropiaciones a bancos y empresas para acabar con las viviendas vacías. Este aspecto, recurrido por el PP, fue anulado por el Tribunal Constitucional. 

Para Antonio Manuel Rodríguez, profesor de Derecho Civil de la Universidad de Córdoba y responsable del Laboratorio Jurídico sobre Desahucios, las medidas propuestas por PSOE y Unidas Podemos para el alquiler o para evitar los desahucios se quedan muy cortas. “España debe acometer una reforma estructural de su legislación en materia civil, hipotecaria y registral, especialmente para crear nuevas formas de acceso a la vivienda entre la propiedad absoluta y el alquiler como ocurre en el derecho anglosajón o francés. Tenencias intermedias, sean temporales o compartidas, que permitan a las ofertas excluidas (jóvenes y otros colectivos de rentas bajas), poder vivir en su propia vivienda, y favorecer a que los bancos emitan créditos asequibles y su stock de inmuebles vacíos. Igualmente, habría que establecer nuevas formas de tenencia colectivas, más allá del cooperativismo, como las Community Land Trust que separan la propiedad del suelo del título para disfrutar de lo construido, y de esta manera acabar con la especulación inmobiliaria. Apostaría por la elaboración de una ley estatal de la función social de la vivienda, en la que se aborden todas estas soluciones estructurales, así como una normativa específica para poner límite a la gentrificación y turistificación de nuestras ciudades”.

No obstante, lo más complicado a lo que tendrá que enfrentarse el Gobierno en esta legislatura, una vez más, será, desde su punto de vista, la Iglesia. “Lo más difícil de cumplir será, sin duda, aquellas medidas que impliquen recortar el empoderamiento moral y económico consentido a la Iglesia católica desde 1978, aunque sea un átomo. La Conferencia Episcopal no lo permitirá, debido a la presión interna del sector más ultraconservador. De ahí que el interlocutor del Gobierno deba ser directamente el Vaticano, más proclive a asumir una situación similar a la que mantiene en el resto de Europa. Piensen que la Conferencia Episcopal, a pesar del desprestigio que acumula, es tan poderosa como durante la dictadura, cuando también era Estado, y casi tan poderosa como el propio Vaticano, no solo por el respaldo millonario que recibe de los PGE y por el inmenso poder educativo de la concertada, sino especialmente debido a la apropiación de más del 80% de nuestro patrimonio histórico por el escándalo de las inmatriculaciones, así como al escándalo fiscal por no exigirle el pago de los impuestos respecto de aquellos bienes y actividades que no estén exentas”, explica el profesor, uno de los portavoces de la Plataforma Mezquita-Catedral. 

Como contraposición, y en la línea de lo que explicaba Juan Torres, expone lo que sí está sucediendo en otros países de Europa y nadie lo denomina como ‘comunista’: “En la generalidad de los Estados de la UE, los bienes culturales de carácter religioso y de extraordinario valor histórico siguen perteneciendo al dominio público, ya sea mediante un acuerdo con el Vaticano como en el caso de Portugal, o por declaraciones de nacionalización como en Francia o Alemania. La financiación de la concertada es una anomalía en España, pero puede ser corregida como ocurrió hace dos años en Portugal. Y el pago de los impuestos respecto de aquellos bienes no destinados al culto o de actividades comerciales se realiza con normalidad en la mismísima Italia y es obligatorio por la normativa europea, ordenada varias veces por la Comisión, y recientemente refrendada por el TJUE, que declaró ilegales cualesquiera exenciones fiscales en estos casos. En España –prosigue– no solo se puede sino que se le debe exigir el pago a la Iglesia del IBI, del IVA o del ICIO, por ejemplo. Y si no se ha hecho, ha sido por dejación de funciones de las administraciones, con el daño multimillonario que ha supuesto a nuestras arcas públicas. Así pues, la Iglesia debe devolver lo que es nuestro (declarándose la nulidad de las inmatriculaciones practicadas con normas franquistas), y debe pagar por lo que pueda demostrar que le pertenece”. 

Habrá que ver si la llegada de Unidas Podemos, en este otro ámbito, supone un avance más allá de la toma de posesión sin crucifijo ni biblia, que fue un paso importante en lo simbólico y ya lo hizo Sánchez en solitario. “Si los postulados morales de las catacumbas acaban capilarizando otros poderes del Estado, sí que muchas de estas medidas ni siquiera se pondrán sobre la mesa. En este juego, más que la actitud del Gobierno, sería fundamental un cambio de actitud del PP estatal, al modo del PP gallego o del andaluz para distanciarse de la ultraderecha –reflexiona Antonio Manuel Rodríguez–, siendo ellos quienes prediquen con el ejemplo apoyando la exhumación de fosas o desmontando bulos contra los migrantes o la violencia machista. Ningún apoyo tendrán en relación con la educación concertada o la eliminación de la religión en las aulas. Esa es la verdad”.  

Antes de su “separación” de Podemos, Teresa Rodríguez dijo en un acto: “Hacer política no es gestionar lo posible. Sino tratar de hacer posible lo que es justo”.  Después, en una entrevista en Publico.es, decía lo siguiente: “Poner todos los huevos en el cesto del cogobierno es dejarle el espacio de la impugnación y de la reivindicación a las derechas. Eso es un drama. En otros países europeos, la cara oscura de los gobiernos de coalición con la socialdemocracia ha sido el crecimiento de la extrema derecha”. Habrá una primera prueba en las próximas autonómicas. 

CON INFORMACIÓN DE DANI DOMÍNGUEZ

Este artículo forma parte del dossier ¿Hasta dónde van a poder?, publicado en febrero de 2020, antes del inicio de la pandemia.