La (misma) política de asilo en España: “Si vuelvo, estoy muerta”

Isabel, activista indígena colombiana, habla con el rostro tapado, y ese no es su verdadero nombre. Incluso en España teme las represalias de los narcotraficantes a su familia o a compañeras de su asociación, dedicada a rehabilitar a jóvenes adictos y proteger a las mujeres obligadas a prostituirse. «O sales o te llenamos la boca de balas», asegura que le dijeron. Según su relato a la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), recibió amenazas de muerte constantes, encontró ratas muertas en su lugar de trabajo, recibió llamadas diciendo que iba a morir ese día, vio cómo mataban a una de las compañeras de la asociación y se encontró a su hijo en la puerta de su casa tras unos días de secuestro en los que fue obligado a drogarse.

Nada de esto, según denuncia, ha sido suficiente para que las autoridades españolas reconozcan su derecho a asilo. Su petición fue rechazada, una más de las más de 5.000 que España denegó el año pasado a personas procedentes de Colombia.

El caso de Isabel es una de las historias que ilustran la política de asilo en España y que se ve reflejada en el informe Más que cifras, elaborado por CEAR. Las resoluciones favorables de protección internacional en 2020 han vuelto a situarse por segundo año consecutivo en el 5%. En total, de las 114.919 solicitudes de asilo presentadas, han sido aprobadas 5.758 de protección internacional –4.360 de estatuto de refugiado y 1.398 de protección subsidiaria–, 40.726 por razones humanitarias –el 35% y en su práctica totalidad a personas procedentes de Venezuela– y más de 68.000 han sido rechazadas –el 60%–.

«Las autoridades españolas han vuelto a defraudar a las personas que buscan refugio en nuestro país, con una de las tasas de aprobación más bajas de la Unión Europea», denuncia CEAR. No obstante, una de las mayores preocupaciones que muestra CEAR este año es la gente que ni siquiera ha podido llegar a España y que se ha quedado atrapada en países donde su vida corre peligro. «El cierre de fronteras provocado por el coronavirus ha generado un importante descenso en las personas que han podido llegar hasta nuestro país para pedir asilo», sostiene la portavoz de CEAR, Paloma Favieres, en una nota de prensa. Según los datos del MInisterio del Interior, recogidos por CEAR, el 53% de los solicitantes eran hombres y el 47% mujeres. Los menores de edad representaron cerca de un 18% del total. Y cerca de la mitad tenían una edad comprendida entre los 18 y los 34 años. De más de 65, el 1,6%.

Al mismo tiempo, en 2020 España resolvió la cifra más alta de peticiones de asilo desde que se tienen estas estadísticas, con lo que, según los datos recogidos por CEAR, se consiguió reducir más de un 20% los expedientes por resolver: a principios de año el número de solicitudes acumuladas superaba
las 103.000. La organización confía en que se sigan reduciendo «el número de vidas pendientes de una decisión, pues las incertidumbres futuras generan graves repercusiones en las personas». Pero advierten de que «esta agilidad no puede repercutir en la calidad del procedimiento, que exige resoluciones con un estudio individualizado, sin aplicar criterios estándar según nacionalidades, sino garantizando el estudio de cada caso».

Como viene siendo habitual, las primeras cinco nacionalidades en solicitantes de asilo son latinoamericanas, con Venezuela y Colombia como países destacados. Además, este último acumula más de la mitad de las denegaciones realizadas. «No sé qué va a pasar, estoy en una incertidumbre total. Solo pido una oportunidad más de vida», cuenta Isabel, en situación irregular tras el rechazo a su petición. «Si vuelvo, estoy muerta», concluye.

«Los orígenes mayoritarios de las personas solicitantes de asilo son muy diferentes a los de otros países de la UE debido a las políticas de visados aplicadas por España, que sigue exigiendo visado de tránsito a personas que huyen de Siria, Yemen o Palestina, entre otros, lugares donde se viven conflictos armados desde hace años y a quienes, sin embargo, nuestro país no ofrece oportunidad de llegar para buscar refugio», explica Favieres.

Ante ese escenario, CEAR señala que resulta «particularmente preocupante» que el número de personas reasentadas por España fuera tan solo de 363, frente al compromiso de 1.200 para ese periodo, e
insta, de ese modo, a que España haga una apuesta seria por el reasentamiento dado que es la única vía segura habilitada en estos momentos.

Un año más, vuelve a llamar la atención para CEAR que apenas el 3% de las solicitudes se hayan presentado en puestos fronterizos, Centros de Internamiento Extranjero (CIE) y a través de extensiones familiares en embajadas: «Detrás de este mínimo porcentaje hay un incalculable sufrimiento, vulneraciones de derechos e incluso muertes. Ese 3% significa que España no ha permitido en la práctica solicitar asilo en lugares que habrían evitado devoluciones a países no seguros y que ha obligado a las personas a poner en riesgo su vida al tomar rutas cada vez más peligrosa», denuncia Favieres. Un ejemplo: pese a que las llegadas a Canarias por la ruta Atlántica superaron las 23.000, se registraron menos de 4.000 peticiones de asilo, y la mayoría de personas de países no africanos.