El exministro Joan Clos o cómo pasar de gobernar Barcelona a presidir el lobby que veta la regulación de los alquileres

Barcelona tuvo un alcalde que hacía cosas que hoy día serían difíciles de explicar, como dormir en casas de diferentes familias de la ciudad para conocer como se vivía en los barrios, cuáles eran sus necesidades… Pasqual Maragall, primer edil de la capital catalana entre 1982 y 1997, será recordado –con sus claros y con sus oscuros– como el líder que transformó Barcelona.

Joan Clos, concejal de Salud Pública y de distrito de Ciutat Vella, se convirtió en su mano derecha en 1991 y, finalmente, le sucedió. Con un estilo muy diferente al de Maragall, su perfil de gestor le permitió mantener la alcaldía para el PSC durante nueve años más. Así se convirtió en un hombre fuerte en el PSOE, a pesar de su presencia discreta, tanto que quizá muchos no recuerden que acabó siendo ministro de Industria durante algo más de año y medio con José Luis Rodríguez Zapatero.

Durante aquellos años también es posible que nadie imaginara que acabaría siendo el hombre al frente del lobby inmobiliario que trata de descarrilar la regulación de los precios del alquiler que el propio PSOE firmó a finales de 2019 con su socio de Gobierno, Unidas Podemos.

Algunos meses después del acuerdo entre los partidos de la coalición gubernamental, ya en 2020, Joan Clos fue fichado como presidente de la Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler (ASVAL) y de la Federación Internacional de Profesiones Inmobiliarias (Fiabci). De esta forma se convertía en la cara visible de las dos patronales inmobiliarias más importantes del país, a las cuales pertenecen las más grandes compañías dedicadas al mundo del alquiler y venta de viviendas, como Testa Homes y Albinara, controladas por Blackstone.

La beligerancia de ASVAL contra la medida ha sido frontal desde el principio. La asociación tachó de “mala noticia para el mercado” el acuerdo entre PSOE y UP. Como se explica en su página web, la organización busca “ser un interlocutor clave ante la Administración, agentes políticos, sociales y medios de comunicación para defender los derechos e intereses de los propietarios”. Entre los objetivos se encuentra conseguir “un mercado del alquiler que proteja más los derechos e intereses de los propietarios y que se ponga en valor su papel”. Ni ASVAL ni Fiabci han respondido a las preguntas trasladadas por este medio

El propio exalcalde de Barcelona, una ciudad en la que los precios del alquiler han crecido un 40% entre 2014 y 2019, se ha mostrado contrario a la regulación de los alquileres y defiende que este tipo de normas “va a reducir la oferta de vivienda en arrendamiento”: “Tenemos que ser atractivos para la inversión y, a la vez, dar seguridad a la actual oferta, que en estos momentos está dominada por los propietarios particulares”. Ante ello, propone crear más vivienda en alquiler y mayor colaboración público-privada.

La postura socialista

Esta regulación de los precios del alquiler es una de las normas que dividen al Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos, a pesar de estar recogida en el artículo 2.9.3. del acuerdo de gobierno firmado por ambos partidos. Las palabras del ministro socialista José Luis Ábalos –quien tiene las competencias en ese ámbito– dejan clara su postura: “La vivienda es un derecho pero también un bien de mercado que genera actividad económica”, declaró hace un par de semanas.

La posición de las patronales inmobiliarias es la que sostienen desde la parte del actual Ejecutivo que corresponde al PSOE. La ministra de Economía Nadia Calviño defendía hace algunos días que “regular los precios de los alquileres no es una medida que vaya a solucionar todos los problemas” y abogaba por el aumento de parque público de vivienda. 

Desde el inicio de la pandemia, Calviño ha sido una de las ministras más reticentes a las medidas sociales propuestas por Unidas Podemos, tal y como cuentan los periodistas María Llapart y José Enrique Monrosi en su libro La coalición frente a la pandemia. Entre ellas, por ejemplo, la condonación de cuotas a determinadas personas que viviesen de alquiler y cuyo propietario fuese un gran tenedor. Finalmente, la batalla la ganó Calviño y simplemente se optó por un aplazamiento de las deudas.

Desde Unidas Podemos defienden que el PSOE es “muy próximo en sus planteamientos a ASVAL y al sector inmobiliario”. Señalan que sus socios de Gobierno no llevaron ninguna propuesta alternativa a la regulación a los precios del alquiler en la reunión que mantuvieron el pasado 4 de marzo. Consideran que se trata de una norma “primordial” que debe incluirse en la futura ley tal y como se pactó en el acuerdo de Gobierno. El Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, por su parte, no ha respondido a las preguntas enviadas por este medio.

Jaime Palomera, portavoz del Sindicat de Llogateres i Llogaters, sostiene que Clos “está permanentemente encima del ministro Ábalos. No es ningún secreto, son presiones habituales”. Sin embargo, cree que “el problema no es que haya presiones, sino que a través de ellas se intente tumbar aquello que se ha acordado dentro del Gobierno, con la sociedad civil y con los aliados de la investidura. Y que el ministro Ábalos, como resultado de esas presiones, haya amenazado con tumbar el acuerdo. Sería un fraude democrático”.

Desde el partido morado no solo creen que los socialistas sean cercanos a los planteamientos de las empresas del sector. El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, se refirió a las patronales inmobiliarias durante una de sus intervenciones en el Congreso de los Diputados el pasado 10 de marzo, asegurando que el Partido Popular repetía los argumentos de estos lobbies empresariales. “Hay un documento que ayuda a entender por qué: los Papeles de Bárcenas”, aseguró Iglesias refiriéndose a la bancada popular. A partir de ahí comenzó a leer una lista de supuestos financiadores del partido según dicho documento, entre los que se encuentran los mandatarios de las principales constructoras del país: Sacyr Vallehermoso, OHL, FCC, entre otros. “Viendo este listado, se entiende perfectamente que ustedes se opongan a regular el precio de la vivienda y defiendan que la solución es construir más viviendas en el país que más viviendas tiene de Europa”, aseguró el vicepresidente.

El antecedente catalán

ASVAL ya se mostró beligerante ante lo que denominó el “atentado contra el derecho a la propiedad privada” que, en su opinión, representaba la ley catalana de regulación de los precios del alquiler. Según defendían, “vulnera la Constitución española” y “fomentará la economía sumergida en el mercado del alquiler en Cataluña”. Ante ello, solicitaron la retirada de la ley y, de nuevo, “colaboración público-privada para desarrollar el parque de vivienda asequible”.

Antes del desembarco de Clos en ASVAL, en febrero de 2020, Ada Colau denunció “presiones de sectores inmobiliarios” para no regular los alquileres. El por entonces presidente de Fiabci España y Europa, Ramón Riera, mostró su deseo de que la “ley acabe en los tribunales porque puede resultar muy perjudicial para todos, ya que el propietario de una vivienda quedará completamente desprotegido”. 

Actualización: 12 de marzo a las 11:00h