La Comunidad de Madrid pide a la Fiscalía que investigue la marcha neonazi de Madrid

El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha solicitado a la Fiscalía que abra una investigación sobre los hechos que tuvieron lugar en el cementerio de la Almudena el pasado sábado 13 de febrero. Según ha explicado el Ejecutivo regional en un comunicado del que se ha hecho eco Europa Press, el Ejecutivo regional pide que se determinen si se realizaron arengas antisemitas que pudiesen ser constitutivas de delito.

Tal y como se puede ver en las imágenes publicadas por lamarea.com y grabadas por la agencia Ruptly, una de las oradoras asistentes a la concentración se dirigió a los presentes defendiendo que “El judío es el culpable. El enemigo siempre va a ser el mismo”. Las “graves acusaciones” han sido rechazadas por la Federación de Comunidades Judías de España (FCJE), que también se ha dirigido a la Fiscalía de Delitos de Odio para que investigue de oficio los hechos.

El consejero de Justicia, Interior y Víctimas, Enrique López, se ha unido a esta petición y ha avanzado que el próximo 23 de febrero el asunto se tratará y analizará en la reunión del Observatorio de Víctimas del Delito, en el que también participarán diversas organizaciones.

Bildu y Compromís preguntan en las Cortes

El grupo parlamentario Euskal Herria Bildu del Congreso de los Diputados y el grupo parlamentario Izquierda Confederal del Senado han emitido sendas preguntas parlamentarias sobre el tema.

El diputado vasco Jon Iñárritu pide al Gobierno conocer el motivo por el cual se autorizan dichas manifestaciones y al responsable de hacerlo. Asimismo, solicita conocer cuál fue el cronograma de la marcha y por qué se permitió a los asistentes portar simbología nacionalsocialista y enaltecer el nazismo durante la concentración . “¿Cuántas denuncias se han tramitado en relación a este acto? ¿De qué tipo y por qué motivo?”, pregunta el representante de EH Bildu, que también requiere tener conocimiento de cualquier otra actuación policial que se derivara del acto.

En el Senado, Carles Mulet García (Compromís), por su parte, vuelve a solicitar conocer el motivo por el cual “se permiten en el Estado español este tipo de actos de exaltación nazi”. Además, pregunta al Gobierno si considera que, “con la normalización y blanqueamiento de la División Azul, sufragando y promoviendo por parte de la Administración General del Estado la repatriación de sus restos, se ayuda a la propagación y normalización de estos actos”.

La portavoz de Podemos Isa Serra cree que la marcha celebrada en Madrid es “un insulto a las victimas de Holocausto y del fascismo” y que, por ello, no debería haberse celebrado. Aunque recuerda que la actual Ley de Memoria Histórica prohíbe este tipo de actos, “es insuficiente” para garantizar estas manifestaciones y , por lo tanto, debe ser más clara. Serra cree que la Delegación del Gobierno en Madrid no debería haber dado su permiso para la celebración y que deben exigirse responsabilidades: “La Fiscalía debería intervenir de oficio ante un posible delito de odio contra las víctimas del holocausto”.

Íñigo Errejón, líder de Más País, ha recordado que los hechos tuvieron lugar apenas 24 horas después “de la brutalidad policial contra los vecinos de Linares y en el día en el que tiene que entrar en prisión un rapero por cantar”. Ante esto, considera que en España “hay pendiente un debate sobre la libertad de expresión y la recuperación de derechos civiles y políticos cercenados por el PP y que el Gobierno actual no parece tener prisa por restaurar. Pero al mismo tiempo es de rigor democrático denunciar que la vara siempre se dobla hacia el mismo lado”.

El responsable federal de Justicia e Interior de la dirección de IU y secretario general del PCE, Enrique Santiago, cree que estos grupos están «envalentonados» gracias al el clima político «generado por formaciones con representación parlamentaria que han llevado su discurso hacia la crudeza» y están sirviendo de amparo a estos grupos. Santiago sostiene que es necesaria una reacción por parte de las diferentes instituciones de Estado para «acabar con la impunidad» que prima sobre estas ideologías.