España no ha indemnizado a una víctima de violencia obstétrica un año después de la condena de Naciones Unidas

Hace casi un año, la condena al Estado español por parte del Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) por un caso de violencia obstétrica en un hospital público era una «decisión histórica». Lo continúa siendo porque no tiene precedentes. Es la primera y única vez que un tribunal internacional reprueba a un Estado por malos tratos hacia una mujer embarazada y su bebé tanto durante el parto como después de él.

En marzo de 2020, este Comité pedía a España la reparación a la víctima, S. M. F., a través de una indemnización económica adecuada a los daños de salud física y psicológica sufridos. A pesar de esta decisión, la abogada del caso y directora jurídica del Observatorio de la Violencia Obstétrica, Francisca Fernández, asegura que «el Estado no está cumpliendo con sus obligaciones».

Ni siquiera «con la medida más sencilla de todas». Se refiere así a que, un año después, la denunciante no ha recibido ningún tipo de indemnización aunque, tal y como explica Fernández, el Estado tenía un plazo de seis meses desde la comunicación de Naciones Unidas para hacerlo. Además, la abogada denuncia que el Estado tampoco ha respondido a las solicitudes de la recurrente, presentadas por vía administrativa, «de las que ni siquiera han acusado recibo». Entre ellas, una dirigida a la ministra de Igualdad, Irene Montero.

«Ha tenido que pleitear durante diez años con un sistema que la ha desprotegido; Naciones Unidas avala sus razonamientos y el Estado no ha reparado el daño», señala Fernández sobre el proceso, tanto previo como posterior a la resolución del Comité. Y añade: «El perjuicio es para la víctima, que no es reparada, pero sobre todo es un gran retroceso para todas las mujeres que sufren violencia obstétrica y se ven en el mismo trato degradante e inhumano».

Faltan políticas públicas

Lo que vivió S. M. F. no es un caso puntual. Profesionales de la sanidad pública y organizaciones llevan años señalando malas praxis en la atención a las mujeres embarazas y sus bebés. Un problema que se ha agravado durante la pandemia. Por eso, Naciones Unidas lo aborda como una forma más de violencia de género.

Lo que sí puede hacer el caso de S. M. F. es impulsar políticas públicas suficientes en este sentido. Algo que en España va con «demora», según explica Francisca Fernández. Desde el Ministerio de Igualdad explican a lamarea.com que trabajan para implementar las recomendaciones del CEDAW.

«En este sentido, consideramos la violencia obstétrica como una forma de violencia contra las mujeres que tiene que ser erradicada de las instituciones sanitarias y de los servicios públicos de salud», insisten desde Igualdad. Por lo que, dicen, van a incluirla –sin especificar el fondo ni tampoco un plazo– en la modificación de la Ley 2/2010 de salud sexual y reproductiva e interrupción voluntaria del embarazo, donde hasta ahora no figura la violencia obstétrica como una forma de discriminación hacia las mujeres en el ámbito sanitario.

A nivel internacional, «no hay problema de reconocimiento», insiste Fernández. La propia relatora de Naciones Unidas describe la violencia obstétrica como una vulneración de los derechos humanos. «Pero el Estado español no la aborda ni hace nada por erradicarla», lamenta la abogada.

Sin especificar cuándo, desde Igualdad argumentan que se llevará a cabo un estudio sobre esta forma de violencia sobre las mujeres y se incluirá en la Estrategia Nacional de lucha contra las violencias machistas. Un proceso lento que evidencia la indiferencia de las instituciones hacia la violencia obstétrica en las últimas décadas, a pesar de los compromisos y avances en materia de violencia de género.

Entre las medidas, Fernández encuentra ausencias. Por ejemplo, consolidar un protocolo «para que ninguna mujer tenga que esperar más de diez años para que se repare el daño que ha sufrido». También la falta de concreción y herramientas clave como cursos de capacitación para profesionales de la salud y jueces que, a pesar de las recomendaciones de la CEDAW, todavía no se han producido ni programado.