Next Generation EU: unos fondos billonarios históricos con luces y sombras

Nos encontramos en un momento clave: el Congreso votó el pasado 28 de enero la convalidación del Real Decreto Ley 36/2020 sobre cómo se gestionarán los billonarios fondos europeos, conocidos con el nombre Next Generation EU.

Esta decisión abre un proceso parlamentario más amplio y con un debate democrático negado hasta la fecha, donde la sociedad civil organizada tendrá que poner sobre la mesa sus propuestas y subrallar los riesgos que ha detectado, pero hará falta mucha presión social e incidencia para ser escuchadas. El Real Decreto Ley ha sido criticado por actoras como la plataforma ciudadana Open Generation EU, el Observatori del Deute en la Globalització, Ecologistas en Acción u OMAL, entre otras. 

El decretazo apenas menciona garantías de transparencia y acceso a la información, deja demasiadas incógnitas sobre cómo actores más pequeños podrán acceder a estos fondos y define herramientas y mecanismos fiscalizadores insuficientes en aras de la ‘urgencia’ mientras flexibiliza el acceso para grandes empresas y relaja la normativa en contratación pública. 

La importancia de los fondos Next Generation EU, que movilizarán 750.000 millones de euros en los próximos tres años, es indiscutible. El objetivo del es la transformación de las economías de los Estados miembros –que arrastraban una situación de respiración asistida desde la crisis de 2008–, y la recuperación económica después de los impactos generados por la pandemia de la COVID-19. La Comisión Europea aprovecha el momento para financiar una transformación y modernización de las industrias y economías, como ya estaba previsto en el Pacto Verde Europeo, indicando que esta transformación será en clave ‘verde y digital’: el 37% de los fondos deberán ir la transición verde y el 20% a la digitalización.

En estas claves, el gobierno de Pedro Sánchez presentará en las próximas semanas el esquema definitivo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia “España Puede” con el cual aspira a conseguir 140.000 millones de euros. El Plan deberá ser aprobado por la Comisión Europea para recibir los primeros fondos de financiación a finales del año 2021. De estos, 72.000 millones de euros serán subvenciones (a fondo perdido) y 68.000 millones de euros serán prestamos. Nunca jamás en la historia del país y de Europa se ha ejecutado un paquete de estimulo económico tan grande y en tan poco tiempo (70% se tiene que gastar entre 2021 a 2022).

Sin embargo, el Next Generation EU y su gestión, tal como se esta llevando hasta ahora, conlleva riesgos y hace dudar si realmente puede transformar la economía para que sea más verde y más resiliente en el futuro. El debate del Congreso ha puesto en evidencia el problema de que sean las grandes empresas las que se queden con una gran parte del pastel, mientras que el sector público, las pequeñas y medianas empresas (las PYMEs), las trabajadoras autónomas y la economía social y solidaria encontrarán barreras burocráticas que impedirán su acceso a los fondos. Son las que más han sufrido la crisis, y al mismo tiempo son actores principales de nuestro tejido económico y los que más puestos de trabajo crean. 

Hasta la fecha, las propuestas que hay sobre la mesa se caracterizan por ser grandes proyectos, grandes empresas y grandes inversiones. Son proyectos de infraestructuras y reformas de enormes dimensiones, donde empresas como Endesa o Repsol se llevarán miles de millones de dinero público. En esta linea, se ha puesto en duda la idoniedad de la nueva figura mixta publico-privada que crea el Real Decreto Ley, los llamados Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTEs). Esta fórmula va más allá si cabe en riesgos para lo público que las ya conocidas colaboraciones publico-privadas de las cuales Castor es un excelente ejemplo.

Existe también un claro riesgo de sobreendeuamiento de la economía y de las arcas publicas y mucho se hahablado en el Congreso sobre las condiciones que Bruselas pedirá a cambio de estos suculentos fondos. Para financiar su paquete de estímulo económico, la Unión Europea emitirá bonos, es decir deuda mutualizada, donde los riesgos serán compartidos entre los estados miembro. En los próximos 5 a 30 años, la Unión Europea deberá devolver el dinero a los mercados financieros y, por tanto, deberá haber percibido ese dinero de los Estados, muy probablemente aplicando medidas de austeridad.

En este sentido, los fondos europeos, las subvenciones, no son gratuitas; vienen con condiciones. Cuando se reactive el Pacto de Estabilidad y Crecimiento y los techos de déficit, es muy probable que nos espere una nueva ola de reformas estructurales y recortes en gastos públicos. De hecho, el debate público actual sobre la reforma laboral del PP y la reforma del sistema de pensiones, va muy en la línea de las políticas de privatizaciones y de austeridad que ya hemos vivido y sufrido tras la última crisis financiera de 2008.

Sin embargo, en el debate del pasado jueves, poco se habló sobre las lecciones que nos ha ofrecido pandemia o del riesgo de empeorar la crisis ecológica y climática. La mayoría de las propuestas para grandes proyectos que ahora están en el Plan tendrán impactos ambientales y climáticos, pero también impactos graves sobre los territorios y las poblaciones locales. Estos proyectos pueden entrar en los planes de recuperación gracias a un lavado de cara verde descarado. Los que ganan son las grandes empresas contaminantes, como pueden ser Naturgy, Iberdrola, Endesa y Repsol.

Sin duda, los criterios de elegibilidad, las listas de exclusión, las condicionalidades, la taxonomía, el principio de “no causar daño significativo” y cualquier elemento que determine qué es verde o qué es climático y qué no lo es, será clave para afrontar la emergencia climática.

La pandemia ha subrayado más aún si cabe la importancia de la inversión en salud y en los trabajos de cuidados, remarcando cuál es actividad socialmente necesaria y cuál no lo es. La dedicación de los fondos Next Generation EU debe estar centrada en proveer de estos recursos, solo así será posible transformar nuestra economía para que sea más verde, inclusiva, justa y resiliente.

*Nicola Scherer es investigadora del Observatorio del Deute en la Globalització en temas de financiarización, deuda y colaboraciones público-privadas.