En 2017, trabajadoras domésticas de la plataforma Grupo Turín vistieron con delantal e implementos de limpieza diversas estatuas en el barrio madrileño de Malasaña. Fue durante una acción previa a la entrega al Ministerio de Empleo y Seguridad Social de las casi 100.000 firmas recogidas para exigir la Ratificación del Convenio 189 de la OIT. Si nadie hiciese el trabajo que garantiza la vida, todo el sistema económico mundial colapsaría.
Y, sin embargo, el 75% de esas labores lo hacen las mujeres y niñas sin recibir ninguna remuneración a cambio. Y un 16%, a cambio de salarios indignos: las trabajadoras domésticas son el colectivo laboral más pobre del mundo, como recogía el informe Tiempo para el cuidado, publicado por Oxfam Intermón en 2020. En España, según datos del Ministerio de Trabajo, el colectivo de empleadas del hogar está compuesto por unas 600.000 trabajadoras, el 70% de ellas mujeres extranjeras.
Una de cada tres cuidan de las personas más vulnerables –niños, niñas y ancianos–, cocinan, limpian y hacen posible la vida de un hogar en la economía sumergida: no tienen un contrato ni han sido dadas de alta en la Seguridad Social.
En los últimos años, colectivos como el Sindicato Sindihogar Sindillar, Territorio Doméstico o Grupo Turín, integrados mayoritariamente por mujeres migrantes, han exigido al Gobierno de España que ratifique el Convenio de las Trabajadoras domésticas de la Organización Internacional del Trabajo y acabe con un régimen especial que les priva de importantes derechos laborales. En 2020, durante la pandemia de COVID-19 reclamaron ayudas para todas las que se habían quedado sin empleo, tuviesen contrato o no. Siguen esperando una respuesta.
Un informe del sindicato UGT indica que los sueldos de las personas que trabajan en el sector doméstico son aproximadamente un 60% menores al salario medio bruto en España. Mientras, muchas de esas trabajadoras domésticas tuvieron que dejar a sus hijos e hijas en sus países, a cargo de los padres de estos, de sus abuelos y, especialmente, de sus abuelas. Países como Nicaragua u Honduras dependen económicamente de las remesas que envían su población que se ha visto forzada a migrar a países como Estados Unidos o España, pese a que sus gobiernos no reconocen su contribución ni su sacrificio.
En el caso de las mujeres hondureñas, el 81% de las que estaban dadas de alta en la Seguridad Social española en 2017 trabajaban en el ámbito doméstico. En el caso de Nicaragua, de las 57.000 personas empadronadas en España en 2020, más de 40.000 son mujeres. La mayoría de ellas trabajan también en labores domésticas.
En este especial compuesto por tres reportajes elaborados en España, Honduras y Nicaragua conocemos las historias de muchas de ellas y de sus familias, ahondamos en la evolución que ha vivido este colectivo en España, en cómo impacta en sus hijos e hijas una separación que puede durar años, así como en la percepción que tienen en los países de origen del valor de su trabajo.
La llamada transnacionalización de los cuidados, la expulsión de las mujeres de los países empobrecidos para desarrollar trabajos de cuidados en los enriquecidos, no va a cesar mientras no se reduzca la desigualdad entre el Norte y el Sur Global. Una desigualdad que la pandemia de COVID-19 y sus consecuencias socioeconómicas han vuelto a disparar.
Capítulo I: Expulsadas de sus países, esclavizadas en España
Capítulo II: Honduras | Una juventud que avanza a costa de la ausencia de sus madres
Capítulo III: Nicaragua | Las abuelas-madre de un país dependiente de las remesas
CRÉDITOS:
Textos: Olivia Carballar | La Marea, Jénnifer Ávila Reyes | Contracorriente, Wilfredo Miranda Aburto| Génesis Hernández Núñez | Divergentes y Patricia Simón| La Marea
Fotografía: Álvaro Minguito, Martín Cálix y Wilfredo Miranda.
Edición general: Patricia Simón.
Coordinación: Milagros Romero Meza.
Diseño para redes: Paula Álvarez.
