Sociedad

El SAD sigue exigiendo la municipalización mientras denuncia falta de seguridad en el trabajo

Los Servicio de Atención Domiciliaria de toda Catalunya se encuentran sin EPI y abandonados. Además, el SAD en Barcelona acaba de ser asumido en parte por la gestión de Domus Vi, empresa que forma parte de un fondo de inversión y que acumula varios informes negativos por mala gestión durante la pandemia.

El SAD se dio a conocer en el parque de la Ciutadella, ante el busto de Pepita Teixidor | Oriol Daviu – Fotomovimiento

CARLA BENITO // Las trabajadoras de los servicios de atención domiciliaria de pueblos y ciudades de Catalunya se organizaron a través del sindicato SAD para exigir la municipalización y detener una deriva externalizadora que encarece los precios y precariza las trabajadoras. Ahora, casi un año después del inicio de la pandemia del Covid-19, utilizan también la plataforma para denunciar las condiciones de inseguridad en las que trabajan. Sin los equipos de protección individuales adecuados y sin protocolos para los usuarios.

Pilar Nogués, presidenta del sindicato SAD, nos cuenta que «la falta de EPI es un problema muy importante y es general y estatal». Aunque reconoce que sí hay algunas empresas peor que otra. La explicación para el sindicato es que las empresas que se encuentran al frente de la gestión del Servicio de Atención Domiciliaria en los diferentes municipios responden a un «modelo depredador que va a buscar beneficio e intenta recortar lo máximo posible». Y, ahora, lo más fácil, dicen, es recortar en EPI.

Esta denuncia la han realizado por ejemplo las trabajadoras del servicio en Barcelona. Informan que les han enviado a los domicilios diferentes materiales de prevención sin tener en cuenta la talla de las trabajadoras, ni la sensibilidad o riesgo de las personas frente a la pandemia. Esto supone, explican, que estos materiales de prevención no son aptos para las trabajadoras. Es decir, como nos traslada Nogués, en Sant Feliu de Llobregat, el equipo de trabajadoras cuenta con 5 personas de alto riesgo a las que les deberían hacer llegar FPP2. Sin embargo, solo dos de ellas disponen del material adecuado. Aparte, otra queja al respecto es que reparten los EPI una vez a la semana durante dos horas: «La trabajadora a la que le coincide un servicio en ese momento, o se queda sin o debe pedir a alguna otra trabajadora que se lo coja… Tampoco es seguro tener el material en constante movimiento».

Artículo publicado originalmente en Catalunya Plural. Sigue leyendo aquí.

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