Un año de Gobierno, un suspenso en transparencia

El próximo 14 de enero se cumple un año de la toma de posesión del Gobierno formado por PSOE y Unidas Podemos. Diversos colectivos que fiscalizan a diario la acción del Ejecutivo y ejercen labores de fact checking coinciden en el incumplimiento en materia de transparencia.

Maldita.es: «El bloqueo da pie a los bulos y la desinformación»

A pesar de que el Gobierno ha repetido muchas veces que la transparencia es uno de sus pilares,  los datos no dicen lo mismo. El Gobierno optó, durante el primer estado de alarma, por incluir las solicitudes de información en la decisión de paralizar los plazos administrativos, algo que entorpeció duramente la transparencia. También hemos constatado el abuso del silencio como respuesta a las peticiones realizadas por la ciudadanía y cómo el Ejecutivo ha incumplido reiteradamente los plazos a la hora de responder a estas solicitudes”, explican desde Maldita.es.

 “La transparencia –añaden– es una herramienta fundamental contra la desinformación. Cuando existe falta de transparencia, se abre un hueco para que los bulos y los contenidos desinformadores puedan expandirse y difundirse sin freno. Y esto lo hemos comprobado en esta pandemia con temas muy sensibles relacionados con la COVID-19”.

Y ponen un ejemplo: la composición del comité que decidía qué provincias avanzaban de fase durante la desescalada. “El Gobierno hizo referencia en varios momentos a este grupo de trabajo e incluso habló de que estaba formado por 11 o 12 personas. Varios medios de comunicación solicitamos entonces la composición de ese comité técnico y en Maldita.es denunciamos ante el Consejo de Transparencia la falta de publicidad activa por parte del Ejecutivo al no informar de quiénes eran esos expertos. Incluso el Defensor del Pueblo se hizo eco de esta denuncia. La transparencia no es sólo responder a las preguntas de los ciudadanos, también es la obligación del Ejecutivo de entregar de forma proactiva información de las actividades que realiza o de cómo gasta el dinero público. Y en esto tampoco aprueba el Gobierno de coalición”.

Civio: barreras para entender la gestión de la crisis

La legislatura arrancó con las deudas pendientes de las promesas incumplidas de la anterior: que se iban a publicar las agendas, que se iba a reformar la Ley de Transparencia y aprobar (¡casi cinco años tarde!) su reglamento. Nada de eso se hizo y tocaba hacerlo en 2020. Pueden argumentar que la crisis sanitaria se llevó todo por delante, y con razón, pero dos cosas muestran que, como tampoco lo fue en anteriores gobiernos, la transparencia no ha sido tampoco una prioridad para este: primero, porque sí se han dado pasos en otros ámbitos más allá de la pandemia una vez superada la primera ola; segundo, porque casi casi todo lo que se pudo hacer bien durante la crisis se hizo mal”.

Así de rotunda se muestra Eva Belmonte, directora de Civio, sobre la gestión del Gobierno de PSOE y Unidas Podemos sobre todo lo relacionado con la transperencia en este primer año de legislatura. Con el primer estado de alarma, y al suspender los plazos administrativos, se paralizó el derecho de acceso a la información de la ciudadanía, añade Belmonte. “Es lo que pasa cuando tratas un derecho tan importante como un mero trámite más. No había manos. Pero sí las había para que el Gobierno siguiera litigando, una detrás de otra, todas las resoluciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) que le obligaban a dar información. Casi por inercia”. 

En octubre, como publicó Civio en su página web, el Gobierno de coalición propuso como nuevo presidente de ese mismo organismo a José Luis Rodríguez Álvarez, que en la comparecencia parlamentaria que dio luz verde a su nombramiento dijo que llevar todo a juicio por parte del Gobierno era una cosa estupenda. Rodríguez, que ya preside ese organismo que debe ser independiente, ocupó puestos de confianza durante los gobiernos de Zapatero y coincidió, bajo la batuta del exministro Francisco Caamaño, con el actual responsable de Justicia, Juan Carlos Campo, informa Civio.

“En paralelo, el Gobierno ha puesto barreras a muchísima de la información que se le reclamaba para entender la gestión de la crisis: el informe sobre las personas fallecidas en residencias, los miembros de los comités científicos… y, lo más importante, los informes y estudios que avalaban sus decisiones”, denuncia Belmonte.

Newtral: respuestas incompletas, tardías o silencio 

La Ley de Transparencia es una herramienta enormemente útil –y a menudo, poco utilizada–para los periodistas. En Transparentia lo sabemos y por eso gran parte de nuestro trabajo se centra en buscar información que creemos que debería ser pública y pedirla a través del Portal. Sin embargo, conseguir resultados no siempre es fácil”, sostienen desde Transparentia, el buscador de dinero público de Newtral. 

Según explican, a las limitaciones de la ley se suma, a menudo, la actitud opaca de algunos gobernantes y funcionarios públicos: “El primer paso para una Administración transparente es la voluntad, que en los últimos meses ha brillado por su ausencia en muchos casos”. Un ejemplo reciente –insisten también desde este departamento de Newtral– es el de los asesores: “Desde Transparentia enviamos una pregunta a cada ministerio y a Presidencia del Gobierno para conocer el número y nombre de sus asesores no funcionarios presentes en 2020. Las contestaciones llegaron tarde, incompletas y, en algunos casos –el del Ministerio de Interior y la propia Presidencia– nunca llegaron. Durante la pandemia se han sucedido otros ejemplos, muchos de ellos relacionados con la gestión de la crisis, los expertos o los contratos públicos”.

Su conclusión es la siguiente: “A la Ley le sobran excepciones y al Consejo de Transparencia le falta capacidad de imponerse. Por eso, la actitud del Gobierno de turno es fundamental”.