No hubo Navidad para el empleo

El mercado laboral en España está paralizado por el shock pandémico. Desde 2009, en plena gran recesión, no se registraban datos tan malos. El paro ha subido en diciembre, un mes tradicionalmente bueno para el empleo, en casi 37.000 personas. En el último año, el dato del paro registrado alcanza las 724.532. Según las cifras totales, hoy hay en el país 3.888.137 desempleados y desempleadas. En el año de la COVID se destruyeron 360.000 empleos.

Cabe concluir que sin la política de ERTEs masivos estas cifras, pésimas, serían catastróficas. Aunque esta opción no pasa de ser un tratamiento temporal. El número de trabajadores en esta situación supera los 755.000 y un tercio de ellos se desempeña en el sector de la hostelería. Entre los meses de abril y noviembre el Estado se gastó 14.173 millones de euros en sostener a este grupo de población. Pero el dato más preocupante es que los ERTEs no bajan: suben. En este último mes se han sumado 8.033 personas a esta modalidad.

Por comunidades autónomas, las zonas en las que más ha crecido el desempleo durante el pasado mes de diciembre fueron Catalunya (con 12.863 personas, prácticamente un tercio de los nuevos parados de España) y Castilla y León (con 5.019). Por sectores, los más afectados son la construcción (18.496 parados más), la industria (9.885) y los servicios (8.134).

La Navidad ha pasado de puntillas por el mercado de trabajo. Ni la hostelería, ni el comercio, ni el turismo han logrado revertir la tendencia negativa provocada por el coronavirus. Por eso el secretario de Estado de Empleo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey, aseguró que el dato del paro en diciembre es malo “pero está repleto de anomalías”. Las restricciones motivadas por la crisis sanitaria han impedido el despegue de la campaña navideña, lo que ha afectado gravemente al sector servicios. De hecho, las cifras se han volteado en un año: si en diciembre de 2019 bajó el paro en 35.000 personas, en diciembre de 2020 subió en 36.825.

El turismo llegó a caer un 90% en noviembre. En Tenerife, Las Palmas y Baleares, por ejemplo, uno de cada 10 trabajadores está en ERTE desde hace más de seis meses. Un tercio de los nuevos parados pertenece al sector de la hostelería y se concentra básicamente en el archipiélago canario. En todo 2020, uno de cada cinco empleos en hostelería ha desaparecido.

El comercio, que solía ser un parche para el desempleo juvenil durante el mes de diciembre, tampoco ha estado esta vez a la altura. Si en 2019 salieron del paro 10.000 personas, en este 1.600 entraron en él.

En las actividades recreativas (cines, teatros, espectáculos) el desempleo sube un 15% en el último año.

La otra variable para analizar los datos del empleo es la calidad del que se ha creado. No solo ha sido poco el que se ha creado sino también malo: apenas el 8% de los contratos que se han cerrado son indefinidos. La firma de nuevos contratos, respecto al mismo mes de 2019, cayó en un 22,13%.

El paro femenino creció menos que el masculino en diciembre pero las mujeres siguen siendo las más afectadas en las cifras totales. Ellas suman 2,2 millones de desempleadas frente a los 1,6 millones del dato registrado entre los hombres.

Respecto a los subsidios, el gasto en prestaciones durante el año 2020 fue de 35.321 millones de euros. Una cifra que, según Pérez Rey, “pone de manifiesto el enorme esfuerzo acometido por el gobierno para afrontar las consecuencias de la crisis sanitaria en el empleo.”

El plan del gobierno

Tras casi 15 de años de descomposición de las rentas medias, la COVID-19 ha llegado para asestar otro golpe durísimo a la economía de las familias. ¿Cómo saldrá España del marasmo económico que la amenaza? Según todos los indicadores, no podrá hacerlo sin las ayudas de la Unión Europea. Por el momento, el plan funciona sobre el papel: el dinero está disponible y existe una decidida vocación por diversificar la actividad económica (saliendo del monocultivo turístico) y por apostar fuerte en favor de la digitalización y la descarbonización. En teoría, esto debería generar nuevos empleos. Pero persisten varias dudas.

La primera de ellas es si España tiene un aparato burocrático ágil y sólido para gestionar 72.000 millones de euros en ayudas europeas hasta 2023. Si su ejecución sigue la misma senda que el plan de vacunación, todo parece indicar que no.

La otra gran duda afecta a la transparencia. Dada la urgencia provocada por la crisis económica, los controles para acceder a estas ayudas no serán tan estrictos. Por ello, las contrataciones que realicen las comunidades autónomas podrían estar marcadas por el ladrillo, los abusos y la ineficacia. Con lo que se volvería a la casilla de salida.